Como una de las primeras consecuencias de los recientes resultados electorales y de la probable mayoría calificada del partido en el gobierno en ambas cámaras, tenemos a la vista una reforma judicial que de entrada parece necesaria y relevante, aunque es evidente que necesitamos más que eso a la luz de numerosas informaciones, encuestas, estudios y mediciones de toda índole, que en su mayoría son públicas, sobre el estado de la seguridad y la justicia en México, así que nadie podrá dudar de la enorme crisis por la que, desde hace demasiado tiempo, atraviesa el país en estas materias. Y no solo es México, aunque no sea consuelo, baste ver la penosa situación de la falta de credibilidad y legitimación de la judicatura y el estado de derecho en muchos países del mundo o la profunda crisis del sistema internacional de justicia, lo que desde luego erosiona el ideal democrático en todas partes.
Así, el Ejecutivo propuso al Congreso el pasado 5 de febrero la elección por votación de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación y de los órganos judiciales estatales, lo que nos lleva a reflexionar sobre qué propuestas de reformas constitucionales y legales podrían mejorar el acceso a la justicia para todos y en especial para los menos favorecidos. Y aunque las ideas que a continuación se apuntan brevemente no son nuevas, es fundamental reiterarlas dada la coyuntura actual:
Secretaría o ministerio de justicia. Nunca la hubo en la administración pública federal o en las entidades federativas, pero es algo común y necesario en otros países, desde hace mucho tiempo. Es tiempo de estudiar la viabilidad de la figura en un país con una grave crisis estructural de la justicia y la seguridad pública.
Construcción de paz en el territorio y justicia cívica: Esto debe ser un punto central del debate y la agenda pública nacional, que pasa por la educación en todas sus formas y modalidades y la despresurización de juzgados y tribunales por medio del uso de los MASC.
Policías de investigación y policías científicas: En lo general, no hay policías federales o locales con capacidades técnicas y científicas para investigar delitos. Desmilitarizar la función policiaca del Estado. Construir de una vez policías civiles y profesionales, con todo lo que ello implica. La Guardia Nacional, cargada de buenas intenciones tal vez, pero con su carácter claramente militar, es cuando menos problemática. Los servicios periciales y forenses son técnicamente débiles y vulnerables a influencias políticas o criminales debido a la falta de inversión pública crónica.
Procuración de justicia: La alta impunidad (más del 90 %) está relacionada no solo con jueces y juezas venales, sino con la ineficiencia del ministerio público y sus auxiliares. Las fiscalías autónomas no han logrado funcionar, pero tampoco rendir cuentas ni investigar los delitos adecuadamente. Y no hay mayor prueba que la deplorable actuación de la Fiscalía General de la República y de su titular en numerosos asuntos de interés público.
Justicia laboral. Parece que no camina como estaba previsto, ni llega a todos los trabajadores y trabajadoras, pero sí ha introducido incentivos y mecanismos perversos o pervertidos que impiden a la clase trabajadora defender mejor sus derechos laborales.
Justicia local. La mayor parte de los asuntos litigiosos en México corresponden al fuero local, que es una de las partes más débiles del sistema, dada su falta de legitimidad pública. La dependencia, venalidad o parcialidad son más graves si cabe en la esfera de los poderes judiciales locales, influenciados por agendas extrañas a la justicia.
Defensoría pública: Las personas más desfavorecidas enfrentan dificultades para acceder a asesoría y representación legal de calidad. Las defensorías estatales están rezagadas y no cubren temas esenciales, como asuntos familiares.
Servicio civil de carrera: La discrecionalidad, opacidad y autoritarismo en los sistemas de adscripciones y carrera judicial permite el acceso de personas sin voluntad y capacidad de servicio público. Existen presiones indebidas sobre jueces y funcionarios judiciales. Es crucial democratizar, transparentar y fortalecer la formación y carrera judicial y fomentar la paridad y diversidad tanto en la Federación como en las entidades federativas.
Justicia accesible: La ubicación, número y competencia de los juzgados responde a criterios políticos y mercantiles. Es necesario considerar otros esquemas de justicia territorial para que la justicia sea pronta y expedita, sobre todo para los sectores más desfavorecidos.
Seguimiento disciplinario y patrimonial a la judicatura: Las herramientas para prevenir y controlar la corrupción, el nepotismo o el clasismo, así como el enriquecimiento ilícito en la judicatura están rezagadas frente a la corrupción sistémica prevaleciente.
Abogacía y litigio: Reformar el acceso y la práctica profesional de la abogacía en México son importantes, porque hasta ahora, las personas más pobres son víctimas de un sistema judicial y ministerial indiferente, parcial o corrupto y en muchos casos, también de litigantes negligentes, inexpertos y/o corruptos.
Agenda nacional de justicia territorial y ambiental. Que incluya las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en el Acuerdo de Escazú en materia de transparencia y jurisdicción territorial y ambiental especializada.
Adopción de mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, atender y seguir las recomendaciones del GIEI en el grave caso de Ayotzinapa, o bien las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2016 (Recomendaciones a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, 2016, ONU). El autor es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).
P.S. Agosto será un mes de receso para Plaza Pública, con la venia de nuestros estimados editores en LJA.MX y Diálogos en Pluralidad. Con un poco de suerte, nos leemos en septiembre.
@efpasillas
