La fuerte influencia política, económica y cultural que ejerce los Estados Unidos a nivel mundial da pie a que en distintas latitudes del planeta se adopten algunas de sus opiniones para valorar la realidad y su devenir con base en los criterios yanquis, y Aguascalientes no es la excepción.
Desde el punto de vista político de nuestros vecinos del norte, todo acto que critique las acciones del gobierno y de algunas importantes corporaciones (específicamente las relacionadas con la extracción de hidrocarburos y la construcción, entre otras) es catalogado peyorativamente como comunista, adjetivo que aplica para supuestos opositores al desarrollo y progreso económico de la nación, así que quienes se atreven a hacer tales pronunciamientos son incriminados como antipatriotas o terroristas, por lo que deben ser perseguidos e intimidados, y en caso de que no desistan, castigados penalmente o hasta “borrados del mapa”. Al respecto puede consultarse el trabajo hecho por la periodista Naomi Klein en su libro La doctrina del Shock publicado en 2007, en el que detalla cómo operan las agencias de investigación gubernamentales estadounidenses (la CIA principalmente) para inculpar a líderes potenciales que levantan la voz y se oponen a la imposición de políticas capitalistas o neoliberales, situación que pasó originalmente en Chile (país experimental) y que se fue replicando en distintas latitudes del planeta hasta alcanzar el Medio Oriente con los resultados nefastos que ya todos conocemos. El objetivo principal de esta política neoliberal es imponer una economía extractivista de los bienes naturales pertenecientes a una nación bajo el engaño de favorecer su economía local, así como imponer sus principales marcas comerciales (McDonald’s, Coca-Cola, Wal-Mart, etc.), convirtiéndolas en nuevo modus operandi de colonización cultural, como lo señala Daniel Prieto en su libro Estética (1977). En el caso particular de México, no se presentó un caos bélico, solo económico, debido a que no hubo oposición por parte de la clase política, por el contrario, disposición para entregar las empresas estatales (Teléfonos de México, Ferromex, Fertimex, etc.) y los bienes naturales (minería, costas, bosques) a los intereses comerciales estadounidenses.
En el caso específico de los Estados Unidos, Naomi Oreskes y Erik M. Conway han mostrado en su libro Mercaderes de la duda (2011), como ha operado la industria del tabaco y de los hidrocarburos para desviar la atención de los efectos del tabaquismo en la salud humana, así como de la lluvia ácida y del cambio climático en el planeta. Oreskes y Conway relatan cómo estos daños, originalmente demostrados por científicos y académicos de renombre, fueron distorsionados por pseudocientíficos de centros de investigación auspiciados por las corporaciones tabacaleras y petroleras, que se encargaron de poner en duda y desmentir los datos ofrecidos e incluso señalar que muchos de ellos provenían de Rusia con el objetivo de desestabilizar la política estadounidense. Uno de los principales promotores de esta idea fue Fred Singer, quien en 1991 escribió un artículo titulado “Global Warming: Do We Know Enough to Act?” (Calentamiento global: ¿sabemos lo suficiente para actuar?), en el que señalaba “que las amenazas medioambientales estaban siendo creadas por ecologistas basados en un «programa político oculto» contra «las empresas, el libre mercado y el sistema capitalista» […] La intención «real» de los ecologistas -y de los científicos que proporcionaban los datos en los que aquellos se basaban- era destruir el capitalismo y sustituirlo por alguna especie de socialismo utópico mundial…o quizá comunismo” (Oreskes y Conway, 2011, p. 234).
Este es el origen del porqué aquellas acciones que el activismo ambiental emprende en contra de empresas contaminantes son falsamente catalogadas como comunistas, o sea, se desvirtúan ya que se asumen como sinónimo de ideas retrogradas, utópicas o anticapitalistas, cuando en realidad no hay nada de eso en ellas, por el contrario, lo que se busca es salvaguardar un bien común (un río, un lago, un bosque, una pradera, un territorio considerado sagrado, etc.) necesario para la continuidad de la vida humana y de otras especies. Es por eso por lo que, frente a tal arbitrariedad, se levantan voces para denunciar atropellos que atentan contra el bienestar de nuestra especie o de otras, haciendo valer lo que señala el artículo 4º constitucional en el que se indica que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”. A pesar de ello, este es vulnerado y pisoteado por empresarios al amparo del gobierno, caso específico el permiso reotorgado para dar continuidad al proyecto Zitara Ciudad Residencial & Golf, nota que se dio a conocer la semana pasada en un periódico local con el título “Ambientalistas desisten: en breve arrancará construcción de Zitara Residencial” (https://goo.su/1nzM55). No se desistió por un cambio de opinión, sino que se obligó a los firmantes a hacerlo. Los argumentos presentados en los amparos son reales, no son ideas comunistas ni alarmistas ni retrogradas, al contrario, muestran conocimiento del tema con una perspectiva real y objetiva, que incluso sirve de alerta para los desarrolladores del proyecto y los inversionistas, pues de entre los daños que generan los campos de golf al medioambiente, Alvaro Bvayón en el artículo “¿Cuáles son los impactos reales de un campo de golf?” Publicado en el 2022 (https://goo.su/hxlzO) destaca “los ocasionados por la construcción, los derivados de su mantenimiento y los causados por los aficionados”. En el primer caso se impacta con la modificación de la vegetación natural, la destrucción de paisajes y hábitats naturales y los cambios en la topografía e hidrología locales; en el segundo caso el daño medioambiental, porque para mantener un campo de golf se requiere de la aplicación a gran escala de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas y agregue a esto el consumo de entre 3 mil a 5 mil metros cúbicos de agua, que dicho sea de paso, se propone en este proyecto hacerlo con aguas tratadas municipales de dudosa calidad; en el tercer rubro un campo de golf se convierte en un detonante para ampliar el desarrollo urbano e incluir centros comerciales, recreativos, carreteras y áreas de aparcamiento, en el caso de Zitara en una zona de recarga de agua y de un amplio corredor biológico.
En fin, la alerta y las medidas jurídicas empleadas se hicieron con fines altruistas y en defensa del derecho a un medio ambiente sano de todos lo que habitamos esta ciudad, si ésta se desecha por otros intereses, los daños a largo plazo no podrán achacarse a los ambientalistas, nosotros hicimos lo que nos correspondía, hasta donde nos fue posible.
