Con el hecho de que no se tenga agua para riego puede haber más extracción y, por tanto, más abatimiento del manto acuífero
El diputado José de Jesús Altamira Acosta, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Congreso del Estado, señaló que hay un fuerte problema en la calidad del agua en Aguascalientes, sin embargo dijo que es necesario impulsar la nueva ley, pues los municipios del interior no cuentan con los recursos necesarios para monitorear la calidad.
Explicó que desde hace años se han estado abatiendo y cancelando pozos, justamente por la presencia de sustancias fuera de norma y en los que no se puede hacer nada, pues “en todo el estado tenemos pozos que se han estado cancelando, por ejemplo, en Tepezalá, donde en una revisión se detectó agua contaminada y con este tipo de presencias no se pueden seguir utilizando”.
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Señaló que es un tema de poner manos a la obra, pues se han encontrado pozos con agua fuera de la norma, en algunos municipios y en la parte norte de la ciudad.
Recordó que, con Octavio Jiménez, ex titular de Regulación Sanitaria, se tenía buena coordinación en la revisión de pozos y se tenían “cortitos” a Veolia, señalando que la sustancia principal que se encuentra en el agua es el arsénico.
Indicó que en Aguascalientes cada vez es más grave la situación, señalando que con el hecho de que no se tenga agua para riego puede haber más extracción y, por tanto, más abatimiento del manto acuífero.
El legislador agregó que la nueva ley específica que la Secretaría de Salud deberá tener estos informes y que ya ha estado socializando la iniciativa, “y se deberá de señalar el tema de la calidad del agua, que es algo muy delicado que puede enfrentar Aguascalientes”.
Sin embargo, mencionó que no podría decir que los problemas de salud que presentan algunas personas, como de tipo renal, sean a causa de la calidad del agua pues se debe a varios factores.
Altamira Acosta añadió que tuvo una reunión con MIAA para el monitoreo de los pozos en la ciudad, aunque, dijo, en los municipios no se cuenta con esta capacidad de monitoreo del agua; “es por esto que en esta ley se busca que el INAGUA sea un ente rector para poder detener la problemática y tener una agenda política del agua”.
Señaló que el INAGUA deberá tener mayores facultades y, sobre todo, que sea un ente rector para que no estén cada uno de los municipios trabajando de manera independiente, razón por la cual se han tenido reuniones con los alcaldes, pues el principal problema es el presupuesto.