La anticorrupción será uno de los principales retos para el próximo gobierno. A la fecha, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas
En la edición 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que presenta Transparencia Mexicana se destaca que por cuarto año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos en una escala del cero al 100; la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional, por lo que este tema representa uno de los principales retos del próximo gobierno,
Según el reporte, México comparte puntuación con El Salvador, Kenia y Togo, todos con 31/100 puntos. Los puntajes más altos del IPC corresponden a Dinamarca (90/100), Finlandia (87/100) y Nueva Zelanda (85/100). Los países peor calificados son Sudán del Sur (13/100), Siria (13/100), Venezuela (13/100) y Somalia (11/100).
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Entre el grupo de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica en el último lugar. En el G20, el grupo de las 20 economías más grandes del mundo, México se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia (26/100 puntos).
En América Latina, México se ubica por encima de Bolivia (29/100), Paraguay (28/100), Guatemala (23/100), Honduras (23/100), Haití (17/100), Nicaragua (17/100) y Venezuela (13/100).
En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción, desarrollado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, que mide las mismas variables, utilizando las mismas fuentes de información desde 2012, resalta que desde 2020, México no ha tenido cambios en su puntaje ni en su posición en el IPC. A pesar de que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas.
A unos días de la jornada electoral del 2 de junio, Transparencia Mexicana enfatizó que la corrupción será un reto para la siguiente administración, especialmente por el avance del crimen organizado en numerosas jurisdicciones del país.
Entre las recomendaciones apunta que, además de la protección a denunciantes y alertadores de corrupción, México debe dar garantías a quienes investigan la corrupción de que no recibirán represalias o que serán amedrentados, y para ello las fiscalías no solo deben ser independientes, sino contar con apropiados mecanismos para la protección de quienes cumplen tareas de procuración de justicia.
“La agenda anticorrupción converge cada vez más con la operación del crimen organizado, especialmente en temas como el lavado de dinero, la elusión y la evasión fiscales… es especialmente delicada la actuación de las autoridades mexicanas en casos de corrupción transnacional: mientras que otros países investigan y sancionan la corrupción ocurrida en México, las autoridades locales siguen sin obtener sentencias firmes por los mismos casos”.
