El conflicto socioambiental a causa de la presa El Zapotillo en la región de Los Altos de Jalisco, es un buen ejemplo del conjunto de obras de infraestructura, llamadas también megaproyectos de “desarrollo”. Sabemos a estas alturas que el agua es esencial para la reproducción de la vida, pero también para la acumulación capitalista, y que no existe un gran negocio que no implique el uso de grandes volúmenes de agua, lo mismo para la agroindustria que para la industria alimentaria, minera, turística o inmobiliaria. Pero el agua es un bien escaso, de manera que su uso y aprovechamiento en tiempos de cambio climático y escasez hídrica, provoca diversos conflictos entre diferentes comunidades de usuarios con diferentes intereses o capacidades de gestión (agencia, le llaman sociólogos y antropólogos) de los recursos hídricos.
Así es como en nuestro país, de sur a norte y del Colorado al Usumacinta, existen decenas o tal vez cientos de conflictos socioambientales por el agua. Uno de ellos ocurre muy cerca de Aguascalientes, en torno al reparto de las aguas de la cuenca del Río Verde, que escurre por los estados de Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato. En Jalisco particularmente, se ha generado un conflicto socio-político y una resistencia popular en torno al megaproyecto hidráulico El Zapotillo, diseñado por la CONAGUA y que consiste en la construcción de una presa y un acueducto de 140 kilómetros, mediante el cual se pretendía trasvasar agua a la ciudad de León desde el citado Río Verde ¿con qué fines?
El origen del megaproyecto se remonta a 1990, con escalas en 1995 y en 2005, donde los gobiernos de Jalisco y Guanajuato firmaron sendos convenios para repartir los costos y beneficios del citado proyecto. Así, el titular del ejecutivo federal firmó en 1995 un decreto mediante el cual repartía el agua del Río Verde para Jalisco (384 millones de metros cúbicos) y Guanajuato (119 millones de metros cúbicos). Inicialmente se proyectaba una presa con una cortina a 105 metros con capacidad de almacenar 911 millones de metros cúbicos y que cubrirían unas 4,500 hectáreas. En 2009, CONAGUA adjudicó el contrato para la construcción de la presa El Zapotillo a un consorcio integrado por las compañías españolas La Peninsular Compañía Constructora, FCC Construcción y Grupo Hermes.
Luego, en 2011, la CONAGUA adjudicó a la también española Abengoa el contrato de construcción de un acueducto de 2.5 metros de diámetro y 140 kilómetros de extensión dirigido hacia León. Además de la construcción, ese contrato implicaba una concesión del agua hasta por 25 años. Además, para la distribución del agua en León, el contrato incluía la construcción de un acueducto de 40 kilómetros, además los puntos de interconexión para distribución del agua en los municipios alteños. Así que todo parecía un buen negocio para todos los gobiernos y grupos empresariales involucrados.
La cosa es que, tan neoliberal como suele, el citado megaproyecto se concibió y diseñó como todos o la mayoría de los megaproyectos en México y en el mundo: sin consultar a las comunidades. Así, al enterarse de que se pretendía literalmente desaparecer sus pueblos mediante la inundación por almacenamiento del agua en la presa El Zapotillo, los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en Jalisco, iniciaron desde 2005 una resistencia popular que en lugar de disminuir se ha fortalecido y ampliado con el tiempo, porque simplemente la realización de dicho proyecto los condenaba a dejar de existir inundados. Así, la resistencia ha crecido con la oposición de cientos de miles de pobladores de Alteños que se han ido enterando con el tiempo, que el agua de sus pueblos se privatizará y trasvasará a la ciudad de León con fines diversos que no están necesariamente asociados al consumo doméstico sino empresarial en el corredor industrial del Bajío. La resistencia inicial de los habitantes de los pueblos que corren el riesgo de inundarse dio paso al Comité “Salvemos Temaca” que impulsó la defensa de pueblos y comunidades a través de una serie de juicios de amparo que al menos lograron que se detuviera la construcción de la presa. Por su parte, algunos amparos promovidos por ejidatarios de San Juan de los Lagos y organizaciones agropecuarias alteñas, han impedido la construcción del acueducto a León.
La alternativa de solución parecía apuntarse de la mano de la visita a la región del Presidente de la República en 2021, con la negociación de un acuerdo denominado “Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños de los Pueblos Campesinos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín”, que constaba de 15 puntos de acuerdo y donde el gobierno se comprometía a poner al servicio de las comunidades la infraestructura y los recursos necesarios para llevarlo a cabo, y los afectados se comprometieron a trabajar en la ejecución de dicho plan. Pero tal vez el megaproyecto inconcluso de El Zapotillo deba de replantearse en el futuro inmediato, no sólo por sus implicaciones sociales y ambientales, sino también por razones financieras, pues se estimaba que al empezar su construcción en 2011 en 7,700 millones de pesos. Pero según estimaciones el costo actual de la obra podría ascender a 35,339 millones de pesos. Terminarlo, costaría hasta 71 mil millones de pesos. Casi diez veces su estimación original.
Es así como la defensa de los recursos hídricos y su derecho a existir y ser consultados que por más de quince años han hecho los pueblos alteños de Temacapulín, Acasico y Palmarejo frente a diversos actores dentro y fuera de la región, convierte este asunto en un caso significativo de movilización y resistencia frente a los megaproyectos hídricos en México, donde la última palabra aún no está dicha. El autor es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) del Consejo Nacional para las Ciencias, Humanidades y Tecnologías (CONAHCYT).
@efpasillas
