“Sabemos muy bien que nuestra libertad será incompleta sin la libertad de los palestinos.”
Si hay pueblos que saben de discriminación y racismo sistémicos y centenarios son los africanos. Entre ellos, la República de Sudáfrica ocupa un lugar destacado por su lucha en el siglo XX contra el colonialismo “blanco”, la segregación racial y el régimen de apartheid. Así, Nelson Mandela pasó de “terrorista” a “héroe” al final del apartheid sudafricano en 1991. “Madiba” fue tanto ese guerrillero comunista que puso al mundo de su lado luchando contra la opresión supremacista tras más de 25 años de encarcelamiento político, como el Padre de la nación sudafricana y jefe de Estado post apartheid. Cuando estuvo preso, mucha de la hoy autollamada “progresía” no lo veía con simpatía por su militancia política en el marxista Congreso Nacional Africano, así como por su reconocimiento expreso al apoyo de Cuba contra la lucha contra el régimen racista blanco en Namibia o en Angola, que eran ya entonces apoyados por el estado jázaro-sionista de Israel. Hoy, en 2024 el sufrimiento del pueblo palestino es igualmente ignorado, donde las célebres palabras de Sartre han “evolucionado” con la globalización neoliberal: “tus derechos humanos solo existen donde acaban mis intereses económicos”. Así que las libertades y los derechos dejan de importar cuando es Israel (entidad supremacista y racista enclavada en oriente medio por los mismos que ahora le facilitan las bombas y la cobertura mediática para destruir Gaza y asesinar a miles de palestinos) quien los vulnera. Es así que el falso progresismo desconoce la realidad y las circunstancias que rodean a la dramática situación del pueblo palestino frente al régimen genocida sionista. Por ejemplo, los autores palestinos son a veces desdeñados por los intereses políticos y sociales que puedan tener en la zona. Pero leyendo la obra de los escritores israelíes Shlomo Sand e Illan Pappé, La limpieza étnica de Palestina podemos entender dicha cuestión. Como sabemos, el tema dista mucho de ser nuevo, pues viene al menos de 1948, con la primer Nakba o catástrofe palestina (presenciamos en tiempo real una segunda Nakba) y la ocupación violenta de los territorios por parte de colonos jázaro-judíos provenientes de todos los rincones de Europa, especialmente de Europa oriental.
Al día de hoy el ente sionista ha violado unas 62 resoluciones de la ONU sobre su actuación en Palestina. Así, por ejemplo, la Resolución 3379 de la Asamblea General del 10 de noviembre de 1975, reclamaba la eliminación de todas las formas de discriminación racial que implicaba e implica el sionismo israelí. En ella se equiparaba al sionismo con el racismo en general y con el apartheid sudafricano en particular, y llamaba a su eliminación, entendiéndolo como una forma de discriminación racial. Por su parte, la Resolución 3070 de la ONU recoge el derecho a la resistencia de los pueblos oprimidos por todos los medios, incluida la lucha armada. Así que no se puede tildar de terrorismo a la resistencia contra una invasión producida al menos desde 1948 y hasta hoy que en poco o nada se diferencia en sus acciones de las perpetradas por el nazismo. Parece entonces evidente que la única salida de esta situación se dará a través de la lucha por todos los medios al alcance palestino, como también por el apoyo internacionalista de los pueblos del mundo a través de campañas de boicot económico, comercial y político, como fue también en el caso del colapso del apartheid sudafricano. Pero: ¿existe una vía jurídica para hacer justicia al pueblo palestino? ¿Se puede combatir el racismo, el exterminio sistemático de población civil inerme y el apartheid sionista contra Palestina?
La República de Sudáfrica piensa firmemente que sí y sigue el ejemplo de Madiba, porque en un hecho sin precedentes acudió recientemente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (The Hague) a demandar al estado sionista de Israel por presunto genocidio. Pretoria -y con ella muchos países del mundo árabe- sostienen que Israel viola el Artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio de 1948 en sus acciones terroristas (valientes militares contra hombres mujeres y niños indefensos) contra la población palestina en Gaza. Sudáfrica afirma que más de 50 países han expresado apoyo a su demanda ante el máximo tribunal de Naciones Unidas acusando a Israel de genocidio contra los palestinos en Gaza. Otros, entre ellos Estados Unidos, han rechazado la acusación de Sudáfrica, porque no les parece que Israel está violando la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La gran mayoría, sencillamente ha guardado silencio (por ejemplo, México y España, entre muchos otros).
Es así que casi ningún país occidental (la pequeña Eslovenia acaba de anunciar que se suma, y se dice que Bélgica se sumará en breve) ha declarado su apoyo a las acusaciones de Sudáfrica contra Israel. Estados Unidos las ha rechazado “por infundadas”, el Reino Unido las califica de “injustificadas” y Alemania (la misma del genocidio en Namibia a principios del Siglo XX y del Holocausto judío a manos de los nazis) ha dicho que las “rechaza explícitamente”; mientras China y Rusia han dicho poco o nada sobre uno de los casos más trascendentales que se han presentado jamás ante un tribunal internacional. ¿Dónde queda después de 100 días de destrucción y asesinato colectivo en Gaza el discurso de derechos humanos de occidente, con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales en primer plano? Tal parece entonces que lo dicho por Sartre cobra atroz vigencia hoy.
Pero más allá de bloques o países, la iniciativa sudafricana es muy importante porque demuestra que la acusación y petición a la CIJ para que adopte medidas cautelares que impidan que Israel cometa actos de genocidio -principalmente pidiendo el cese de las operaciones de guerra-, ha adquirido de pronto una importancia y urgencia que hace poco parecían inverosímiles. Por lo pronto, equipos legales de expertos de todo el mundo se reúnen, diversos países están emitiendo comunicados de apoyo a Sudáfrica, mientras que el ente sionista ha declarado que se defenderá, lo que de entrada es un triunfo sudafricano que revierte una política de décadas de boicot sionista al máximo tribunal de la ONU y a los 15 jueces que lo componen. Y si los precedentes judiciales nos sirven de referencia, es posible que la CIJ emita un fallo provisional en cuestión de semanas, mientras que se siguen produciendo todos los días ataques contra la población indefensa de Gaza y Cisjordania.
Al igual que las medidas cautelares dictadas por los tribunales nacionales, las medidas cautelares de la CIJ tienen por objeto congelar la situación en el estado actual para garantizar la integridad de una futura sentencia definitiva. Durante un tiempo, persistieron las dudas sobre si estas medidas eran consideradas vinculantes por la CIJ, pero el Tribunal disipó esas dudas en la sentencia La Grand de junio de 2001, en la que sostuvo que las sentencias eran vinculantes, dada la “función básica de resolución judicial de controversias internacionales”. Pero dejando a un lado la consideración de si Israel cumpliría o no un fallo de la CIJ, es previsible que la acusación sudafricana produzca un cambio en sus tácticas terroristas contra Gaza, además del irreversible daño político y moral a la reputación del ente sionista que supondría una sentencia de este tipo, que sería considerable y al menos podría provocar un cambio en su estrategia de arrasamiento y aniquilación masiva. Ya el mero hecho de que Israel haya optado por defenderse ante la CIJ, un organismo auspiciado por la ONU, y sea signatario del Convenio sobre Genocidio hace que le resulte más difícil ignorar una decisión adversa del tribunal en el momento en que se produzca. Según la solicitud, “los actos y omisiones de Israel […] son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida […] de destruir a la población palestina de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio” y que “la conducta de Israel -a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia- en relación con los palestinos de Gaza constituye una violación de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio”. No es un amago sudafricano, pues el equipo de más de 50 juristas que envía a La Haya son los mejores del país, donde gran parte del argumento de Sudáfrica se deriva de la sentencia previa de la CIJ sobre medidas provisionales en el caso contra Myanmar en 2020.
COLA. Nuestra vecina Guatemala es un magnífico ejemplo de salida democrática y pacífica a décadas de guerra sucia, terrorismo de estado, corrupción, autoritarismo y represión política. Esto, luego de que el ahora presidente Bernardo Arévalo pudiera recién asumir la presidencia del país gracias al apoyo popular, indígena en particular, tras diversas tácticas mafiosas e intimidación de la fiscalía, dilaciones en el Congreso y protestas ciudadanas, donde mucho del pasado guatemalteco fue cocinado por los sucesivos gobiernos intervencionistas de los Estados Unidos durante las pasadas décadas. Artículo de divulgación realizado también con el apoyo del Consejo Nacional para las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías. El autor es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), (CONAHCYT).
@efpasillas
