Prácticamente ya avanzamos medio mes del 2024, tan sonado para los mexicanos. Por una parte resulta que hacia el primer domingo de junio, se habrán de realizar las elecciones más grandes de la historia contemporánea de México, con un padrón de alrededor de 95 millones de ciudadanos, se elegirá al próximo presidente del país, a 9 gobernadores (Ciudad de México, Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Morelos, Tabasco, Veracruz y Yucatán), a 128 senadores de la República, 500 diputados federales, en 31 de 32 entidades se renovarán los congresos locales y en 30 de los estados se elegirán a todos los presidentes municipales. Los mexicanos podríamos estar tranquilos si tuviéramos la certeza que el proceso se va a realizar de manera controlada, que el organismo (INE) encargado de la organización y conducción del proceso cuenta con todos los recursos, herramientas y capacidades para garantizarnos una elecciones pacíficas, ordenadas y legales, pero…
Desafortunadamente, es innegable que el INE, no atraviesa su mejor momento, y hoy por hoy, no cuenta con la fortaleza y certidumbre que presumió hasta antes de la salida de su anterior comisionado presidente Lorenzo Córdova. La confianza en la nueva presidencia encabezada por Guadalupe Taddei está en el umbral del ánimo de millones de mexicanos. Es claro que para el INE sería ideal que el proceso se pudiera realizar como en una prueba de laboratorio, con todos los elementos bajo un estricto control, en un ambiente supervisado, con las circunstancias y variables debidamente reguladas, pero el proceso se dará en una realidad muy diferente, con condiciones complicadas o francamente hostiles, que pondrán a prueba la fortaleza de la aún joven democracia mexicana.
Los obstáculos surgen desde las acciones surgidas de la conducta del propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, y su terca e irresponsable insistencia en la validez de su directa intervención en el proceso electoral que, desde un inicio, él ha manipulado groseramente a pesar de la ley (“…no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, López Obrador, 6 de abril del 2022). Adicionalmente a este primordial obstáculo que se manifiesta prácticamente todos los días a través de las mañaneras, y ante las cuales el INE se ha mostrado incapaz de regular conforme a la normatividad vigente. Adicionalmente, el propio organismo electoral federal, se vio limitado en el control de los procesos electorales internos de los partidos políticos, permitiendo la simulación arbitraria de sus determinaciones, formas y tiempos para la elección de sus respectivas “coordinadoras nacionales” (candidatas). Dicen que lo que mal empieza, mal acaba.
Sí a todo este preámbulo del arranque del proceso, agregamos la situación determinada por los eventos surgidos en los últimos días, desde el propio poder político encumbrado como los señalamientos de la última directora general de la agencia Notimex, Sanjuana Martínez, al manifestar las condiciones de la liquidación de la agencia impuestas por la Secretaría del Trabajo, a través del secretario del trabajo Marath Baruch Bolaños López (La Jornada, 9 de enero de 2024), en donde sin tapujos denunció la corrupción flagrante: “…que Bolaños le pidió entregar a la campaña presidencial de Morena el 20% de las liquidaciones de su grupo en Notimex; también aseveró que la STPS benefició al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNotimex) en la extinción de la agencia de noticias del Estado, y lanzó ataques contra Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil Rodríguez, vocero presidencial y titular del Sistema Público de Radiodifusión (SPR)” (Proceso, 14 de enero de 2024), algo así como 30 millones de pesos, comprometiéndose a presentar pruebas como las exigió el presidente López Obrador al desmentir en la mañanera a su otrora amiga y aliada. Obviamente y enseguida de la posición de su jefe político, la “precandidata” Claudia Sheinbaum negó las aseveraciones de Martínez Montemayor (¿pues cómo podría ser de otra manera?).
Este escándalo golpea debajo de la línea de flotación de la 4t, e impacta en los “duros” agrupados en torno de la secretaria de Gobernación Luis María Alcalde, y específicamente en su padre, el abogado laborista Arturo Alcalde, y lo que resulte.
Adicionalmente a las desventuras internas de la 4t, el entorno en el cual se habrán de desarrollar las elecciones de junio, se verán afectadas por la amenaza de una segunda ola de inflación (Víctor Piz, El Financiero, 12 de enero de 2024), derivado del conflicto en medio oriente y específicamente en el Mar Rojo, por los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña contra los hutíes estacionados en Yemen y que han alterado la ruta por la que transita el 12% del comercio marítimo mundial. Estas acciones “han generado preocupación por el flujo de petróleo y gas, cereales y materias primas a través de esta importante arteria del comercio mundial. Pero también han provocado un aumento en los costos de los envíos internacionales por los buques que transitan por la zona, así como en los seguros de las embarcaciones”. Lo anterior amenaza los avances que en el control de la inflación se había iniciado en el 2022. Así, en México, la inflación alcanzó un mínimo en octubre, pero repuntó en noviembre y diciembre para alcanzar al cierre de 2023 una tasa anual de 4.7 por ciento. Quiere decir que la economía mexicana tiene 1.3 puntos más de inflación que en los Estados Unidos.
Ciertamente se han impulsado actualizaciones al salario mínimo general en el país, pero sus efectos se han diluido con rapidez por las condiciones generales de la economía mexicana, y los necesarios efectos de la estrecha relación y dependencia con la estadounidense.
Finalmente, otro riesgo es la reaparición del covid-19 en el escenario del 2024, ya que hay reportes de saturación de hospitales por esta enfermedad en al menos 8 estados del país, a saber, Hidalgo, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Sonora y Oaxaca, donde la Red IRAG (Información de Respiración Aguda Grave) de la Secretaría de Salud y la UNAM reportan al 12 de enero de 2024. Atención.
Así México, de cara al 2024.
