- La diputada del PT presentó punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que atiendan la crisis de transporte y migratoria, específicamente en Ciudad Juárez
- También pide a la SCJN resolver controversia en torno a los nuevos Libros de Texto Gratuitos en Chihuahua y Coahuila y fallar en favor de las y los niños
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) informó que presentó una iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política, para posibilitar acceso a la ocupación habitacional a personas trabajadoras susceptibles de acordar con el INFONAVIT, mediante un contrato el acceso al derecho de uso y goce de una vivienda mediante el esquema de arrendamiento. “Estamos modificando la Constitución para que pueda utilizarse el dinero del INFONAVIT para el arrendamiento, considerado dinero público porque viene de la Federación, pero también del trabajador y de los patrones”, señaló.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación, la presidenta de la Comisión de Vivienda explicó que se busca que sea una aplicación que no tenga que ser en un solo espacio territorial, como lo demandaron en los foros que se realizaron por todo el país.
También se analizó esta propuesta con el INFONAVIT y coincidieron en que no solo es viable, sino necesaria, ya que daría la posibilidad de tener acceso a vivienda a cerca de 2 millones de jóvenes que han solicitado este tipo de recursos, adicional a lo generado con el FOVISSSTE.
Aguilar Gil apuntó que esta reforma aplicaría en 2025 y será para todo aquel que tenga una subcuenta de vivienda, incluso si pagan el IMSS de manera independiente, sea trabajadora del hogar, trabaje en Estados Unidos y pague el IMSS o sea trabajador independiente.
Expuso que a partir de la reforma laboral en la primera legislatura del expresidente Enrique Peña Nieto planteaba que los patrones no le abrieran subcuentas de vivienda a los jóvenes y no había la posibilidad de que juntaran dinero en el INFONAVIT para comprar una vivienda, lo que generó que actualmente muchos jóvenes no tengan acceso a una vivienda y no lo tendrán si no es a través del arrendamiento.
Confió en que la iniciativa pueda ser aprobada antes del 15 de diciembre, cuando termina este periodo ordinario y que, en el siguiente periodo ordinario, pueda ser discutido en el Senado de la República y posteriormente, en los congresos locales. “Esperamos que de aquí a un año o 9 meses específicamente, ya la podamos tener aprobada para que puedan acceder al recurso antes de que salga el Gobierno del licenciado López Obrador”, manifestó.
Por otra parte, la diputada del PT anunció que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para que atiendan la crisis de transporte y migratoria, específicamente en Ciudad Juárez. “Tenemos transportistas que están acumulando pérdidas millonarias en la industria maquiladora, que además tiene de siete a 11 horas de espera en los puentes internacionales en Ciudad Juárez y Nuevo México porque les están poniendo retenes completamente ilegales”.
Esta es una decisión que tomó el gobernador de Texas, Greg Abbott de manera unilateral, y pasando la garita tiene retenes de la policía estatal de Texas haciendo revisiones que no están contempladas en ningún acuerdo económico, lo que está retrasando la entrada de mercancías y afectando la oferta de trabajo en lugares que hacen frontera con ese estado.
Aguilar Gil también comentó que, acompañada de maestros de Chihuahua y Coahuila, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar que se resuelva la controversia contra los nuevos Libros de Texto Gratuitos en Chihuahua y Coahuila, que se niegan a distribuirlos.
Cuestionó que, ante su rechazo, pretendan reemplazar los nuevos libros de texto de la SEP por manuales denominados Educación con Rumbo. “Estos manuales son ridículos, básicamente tiene sopas de letras y no tiene ninguna lógica pedagógica y la gobernadora de Chihuahua ha anunciado que ahora venderán estos manuales, que serán mensuales”.
Por ello, llamó a la SCJN a reflexionar y ver que un capricho político de un gobierno estatal no puede estar por encima de los derechos de las y los niños y además se están cometiendo delitos, entre ellos, la especulación con libros, lo que es inaceptable.
