El diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada señaló que el Congreso del Estado de Aguascalientes tiene facultades para, que por causas graves, se pueda remover a un fiscal de su cargo. Sería un tema de congruencia no sólo llamar al fiscal, sino a quienes están involucrados en la estafa, como a la rectora de la UAA y al propio titular del ISSSSPEA.
“Y algo en lo que he hecho énfasis es en no sólo sancionar a los implicados, sino también buscar la recuperación del recurso, que es público y de todos los aguascalentenses”.
Lo anterior ante el cuestionamiento del porqué se le dio un año más al fiscal cuando la Fiscalía General del estado está implicada en el caso de la estafa Ponzi. Al respecto, el legislador explicó que la iniciativa se propuso antes de que saliera a la luz lo de la estafa Ponzi, “incluso ya a la postre se puede concluir que es hasta benéfico, justamente para que rinda cuentas”, señaló.
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Dijo que la argumentación para hacer el planteamiento de dejar al fiscal otro año más, fue para que las autoridades en materia de procuración de justicia fueran autónomas, señalando que es una vieja demanda de los partidos de oposición, porque las autoridades utilizaban a las dependencias de procuración de justicia para perseguir a los opositores.
“En este caso, creo que es congruente el planteamiento que se hizo, pues no sólo se ratifica la autonomía, sino el tema de la transexenalidad, donde Aguascalientes era uno de los pocos estados donde el fiscal estaba por sexenio”, apuntó.
Escobedo Tejada manifestó que el Congreso tiene facultades para que por causas graves se pueda remover a un fiscal “y en ese sentido si está esa circunstancia, que es una investigación que bien entiendo él ya interpuso una denuncia y debe de investigarse y si arroja la investigación que tiene responsabilidad el Congreso con sus facultades que tiene puede iniciar una investigación”, indicó.
Recalcó que la PGR podría atraer la investigación o, incluso, el propio Congreso en sus facultades podría hacer trabajos de investigación sin que suene que asumen facultades de Ministerio Público o de juez. Indicó que es una posibilidad el llamarlos, pero “habría que analizarlo, plantear la posibilidad, pero, sobre todo, darle el cauce legal y en torno al trámite legislativo”, concluyó.