El conflicto del agua, o mejor dicho de su gestión, no es algo nuevo en México, ya que éste ha pasado por varias etapas históricas. La primera de ellas se remonta al periodo pre-revolucionario en México, momento en que su distribución estaba a cargo de un sistema hacendario de uso privado, lo que generó una creciente desigualdad social, en el campo y en las ciudades. Concluida la Revolución, comenzó a gestarse un capitalismo industrial que obligó al Estado a hacerse cargo de la administración de los recursos naturales con el objetivo de fortalecerlo y trazar un rumbo como nación. Así fue que el gobierno federal se instauró constitucionalmente como la autoridad principal en la gestión del recurso hídrico nacional, despojando con ello a organismos y grupos locales de este poder. Esta centralización consiguió tres cosas: consolidar el agua como propiedad pública de la nación, la inversión del estado para el desarrollo de infraestructura que permitiera ponerla al alcance de los mexicanos y el crecimiento de una burocracia especializada.
Esta centralización se dio bajo el mandato del presidente Lázaro Cárdenas en 1934. Fue así que el Estado Mexicano asumió el compromiso de ser el regulador de los intereses sociales y de promover el desarrollo económico por encima de intereses particulares o de la industria naciente en esos momentos. Esta estructura comenzó a desquebrajarse en la década de 1970 con el proyecto desarrollista-intervencionista postulado por el capitalismo que estaba en pleno auge mundial, lo que generó que los proyectos nacionales se tradujeran en transnacionales y, con ello, la liberalización de los mercados y políticas monetarias decretadas desde Washington. Así, comenzó a imponerse a nivel global una nueva forma de economía: el neoliberalismo. Este nuevo modelo económico de descentralización condujo a que en México se modificara el Artículo 115 constitucional en 1983, con el objetivo de permitir a los municipios hacerse cargo de la gestión del agua, hecho que abrió la puerta a la intervención privada. Se esperaba con esta participación una administración que mejorara las deficiencias existentes, además, que el sector se modernizara, que disminuyera el déficit público del servicio, así como que se mejorara su calidad y extendiera su alcance a todos para reducir la desigualdad social en ese rubro. Bajo este esquema, se crearon los organismos operadores municipales y estatales para la gestión del agua, y se continuó con el fortalecimiento legal con miras a un aprovechamiento más racional y su preservación. Como vemos, a pesar de que se ha buscado que este recurso natural básico sea bien administrado y esté protegido, las inconformidades prevalecen.
Desde hace varios años, el problema del control del agua ha sido uno de las principales causas de conflictos sociales y políticos en el mundo, y es que un país sin agua es un país sin futuro. Con los mantos acuíferos siendo explotados diariamente para el funcionamiento de las industrias y el consumo humano, la disponibilidad del agua potable, que apenas representa el 2.53% del agua total en el planeta (gran parte de la cual se encuentra congelada en los glaciares), está llegando a su límite a pasos agigantados. Todo esto sumado al cambio climático provocado por la explotación del suelo y las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera, provocará que se incrementen las sequías, enfermedades y muertes debido a la escasez del vital líquido en los próximos años.
Ante una situación tan apremiante, cabe preguntarse qué estamos haciendo los ciudadanos para preservar este recurso, y qué están haciendo las autoridades y empresarios para ayudar a reducir el impacto de sus industrias en el ecosistema. Se trata de un problema serio que no debe tomarse a la ligera, y es que ¿cuántos realmente demostramos suficiente preocupación como para implementar acciones en pro de la preservación del agua en nuestra vida cotidiana? Mientras más ignorantes permanecemos ante ello, menos probabilidades hay de que la humanidad alcance el desarrollo sustentable que podría salvar nuestra existencia. Nos dirigimos rápidamente a un precipicio, a pesar de que sabemos que llegará el final del camino, como señala Jalife-Rahme (2018) en su libro Las guerras globales del agua, “aniquilar al prójimo y devastar los ecosistemas de su entorno equivalen al suicidio de uno mismo”.
Desgraciadamente, al ser un recurso tan valioso pero limitado, es necesario que su distribución sea controlada, de lo cual estarán a cargo autoridades e, idealmente, expertos en el tema; sin embargo, resulta que el valor del agua no se debe sólo a su indispensabilidad o al simple hecho de que es la base de nuestra vida. No. El agua es un recurso valioso porque también puede ser parte de negociaciones millonarias. Sabemos que el gobierno de nuestro país y de muchos otros más no es el epítome de honestidad, y que es muy probable que se roben algo del dinero de los contribuyentes, pues bien, con el negocio del agua es lo mismo, lo que terminará provocando afectaciones en la población, pues los fondos que originalmente deberían estar destinados al mantenimiento y reparación de la infraestructura, simplemente desaparecen. Por otro lado, también las grandes industrias hacen lo suyo. En Aguascalientes, una de las empresas que más agua potable consume es Nissan, pero en otras zonas del país, sobre todo del sur, será la industria refresquera.
El problema no son sólo las enormes cantidades de este líquido que se extraen, sino también los intereses políticos-económicos que hay detrás de la concesión de los permisos para ello. La historia nos ha demostrado que quien controla el agua lo controla todo porque controla la vida, en ese sentido, parece ser que el resto, la gente común y corriente, no puede hacer nada más que esperar y ver cómo se agota nuestra esperanza. Pero esto no tiene que ser así, Jalife Rahmen nos recuerda que “los ciudadanos conscientes son quienes mejor defienden su derecho a la vida.” (2018). Ser consumidores responsables es una de las claves para lograr la preservación del agua durante muchos años más, esto implica seguir los principios básicos para el cuidado del agua, pero también ejercer nuestro derecho al acceso a la justicia y reclamar directamente a las autoridades que se lleven a cabo acciones que contribuyan a esta labor.
La población mundial se ha triplicado y, por lo tanto, la demanda de agua en todos los países también ha crecido. Esto es un problema, porque los mantos acuíferos tardan demasiado tiempo en reponerse, y aunque se han tratado de implementar algunas acciones, como que el agua de uso diario se recicle y pase a ser “agua tratada”, la mayoría de ellas implica grandes inversiones monetarias que el gobierno puede o no pagar. Es decir, para que los cambios positivos sucedan es necesaria la participación de todas las capas de la sociedad, y que todos estemos de acuerdo en los mismos ideales y objetivos.
Se ha hablado de que la única forma en que México puede salvar el agua de su territorio es mediante la privatización. Pero, ¿esto realmente es así? Privatizar el agua, como señala Jalife-Rahme, es privatizar la vida. Ya no se trata más de un derecho humano, sino de un bien material. El sistema actual mexicano apenas alcanza a cubrir las zonas urbanas y semiurbanas, pero sigue habiendo carencia en muchas regiones, sobre todo, en las habitadas por personas más pobres. ¿Qué ganarían estas personas si el control del agua, que ya está en manos de entidades públicas, pasa a manos del sector privado, al que es más complicado pedirle rendición de cuentas y transparencia? ¿Quién nos asegura que a largo plazo seguirán haciendo su labor sin guiarse por intereses políticos o más “personales”?
