Como parte de las actividades del “Seminario en materia de protección de datos personales en asuntos jurisdiccionales. Experiencias compartidas”, que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información se efectuaron una serie de mesas con los diversos órganos jurisdiccionales del país para reflexionar sobre sus experiencias en la materia, donde coincidieron en señalar el reto que implica armonizar estos dos derechos, el acceso a la información y la protección de datos personales.
En la mesa, “Procedimientos y Experiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materia de Protección de Datos Personales en Asuntos Jurisdiccionales”, se contó con la participación de Alejandro Castañón Ramírez, secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; Pablo Francisco Muñoz Díaz, secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá; y Ángel Ramón Celis Camargo, director de Datos Personales en el TEPJF, quien fungió como moderador; comentaron el procedimiento, aprobación y publicación de sentencias y el tratamiento de los datos personales.
El ministro, Alejandro Castañón, señaló que la SCJN ha avanzado en materia de transparencia de la información para tratar que las resoluciones se conozcan, atendiendo a los principios de justicia abierta, sin embargo, consideró que ha faltado orden con relación al tratamiento de los datos personales y la necesidad de homologar prácticas para ello. En tanto, Pablo Muñoz, refirió que se enfrentan al reto entre proteger el acceso a la información o los datos personales; asimismo, afirmó que de nada sirve que la justicia federal imponga los lineamientos si en el ámbito local no se siguen, por lo que sostuvo, para una protección jurisdiccional se tiene que ir de la mano desde la justicia local hasta la federal y, sobre todo, en materia administrativa se debe tener los mismos lineamientos y la misma protección.
Posteriormente, se realizó la mesa, “Procedimientos y Experiencias del Consejo de la Judicatura Federal en Materia de Protección de Datos Personales en Asuntos Jurisdiccionales”, en la que estuvieron presentes, Jean Claude Andre Tron Petit, magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; Héctor del Castillo Chagoya Moreno, titular de la Dirección General de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal; José Alfonso Montalvo Martínez, secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones; con la moderación de, Xitlali Gómez Terán, comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
En su intervención, Jean Claude Andre Tron Petit, consideró conveniente hacer un juicio de ponderación sobre los pesos y contrapesos que se puedan dar y determinar qué información debe ser protegida y cuál debe ser divulgada. José Alfonso Montalvo, detalló que el CJF tiene la obligación de resguardar la vida privada de las personas, proteger los datos personales en su posesión y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Héctor del Castillo Chagoya, indicó que es un reto de la función jurisdiccional garantizar estos principios constitucionales y saber qué parte se puede dar a conocer y cuál resguardar, aunque hay situaciones complejas que están en la línea de definición. En tanto, Juan Pablo Gómez, aseguró que la protección de datos personales en la materia que él representa tiene un matiz distintivo y más reforzado que solo lo previsto en la ley.
Asimismo, se llevó a cabo la mesa, “Procedimientos y Experiencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Materia de Protección de Datos Personales en Asuntos Jurisdiccionales”, en la que participaron el secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, Luis Rodrigo Sánchez Gracia; el director general de Asuntos Jurídicos, Paulo Abraham Ordaz Quintero; y el director de Datos Personales, Ángel Ramón Celis Camargo, todos del TEPJF, quienes coincidieron en señalar que la evolución de la democracia en México ha hecho indispensable, en el ámbito electoral, contar con mecanismos que permitan transparentar la actuación de las autoridades, cumpliendo con los principios de rendición de cuentas, máxima publicidad y transparencia, como pilares en la función electoral.
Asimismo, señalaron que las autoridades electorales han adaptado sus procesos para dar cabal cumplimiento a las leyes de transparencia y acceso a la información. Los trabajos fueron moderados por Miriam Ariadna Castro Vázquez, subdirectora de Datos Personales, del TEPJF.
En la última mesa “Procedimientos y Experiencias del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, participaron el comisionado, Adrián Alcalá Méndez; el director general de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, César Manuel Vallarta Paredes, y la secretaria de Acuerdos y Ponencia, Adriana Miranda Morales, todas y todos del INAI, quienes coincidieron en la importancia que reviste el Poder Judicial en la protección de datos personales, a través de las resoluciones que se emiten en el ámbito público, es decir, acerca de los sujetos obligados que se encuentran integrados a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como órgano garante a nivel nacional de los datos personales que obran en posesión de los particulares.
Comentaron, además, sobre los retos y desafíos para la adecuada protección de datos personales en los procesos jurisdiccionales, muchos de ellos vinculados a mecanismos de justicia abierta, con un enfoque en el avance tecnológico, aplicado para el acceso a la justicia. Resaltaron también, el trabajo del TEPJF, que ha sido un aliado permanente en el impulso de esfuerzos y mecanismos que garantizan una justicia abierta.
