Las primarias de la oposición están previstas para el 22 de octubre y abiertas para los más de 20.3 millones de los venezolanos inscritos en el padrón electoral, con miras a que se defina un candidato único que haga frente al oficialismo en las elecciones presidenciales del próximo año
La oposición venezolana anunció el lunes que llevará a prácticamente la totalidad del territorio de Venezuela las primarias para elegir a un candidato unitario de cara a las elecciones presidenciales de 2024, pese a las dudas que había sobre el alcance de la convocatoria al no contar con el apoyo del organismo oficial que se encarga de realizar las elecciones nacionales, estatales y municipales.
Los venezolanos podrán votar en octubre en “331 de los 335” municipios del país, dijo Roberto Abdul, miembro de la Comisión Nacional de Primarias en una rueda de prensa. “Tendremos presencia en el 98,8 %”, recalcó, con el despliegue de más de 3.000 centros de votación. También llevarán las primarias al exterior, en 80 ciudades de 31 países, según precisó, dando la opción de pronunciarse a 397.168 venezolanos.
Las primarias de la oposición están previstas para el 22 de octubre y abiertas para los más de 20.3 millones de venezolanos inscritos en el padrón electoral, con miras a que se defina un candidato único que haga frente al oficialismo en las elecciones presidenciales del próximo año.
Muchos dudaban de pudiesen contar con una amplia presencia ya que, entre muchos otros retos, tienen a su disposición fondos limitados para costear la logística del evento electoral, en parte porque las leyes venezolanas no permiten el financiamiento de asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado o el extranjero.
A eso se suma el temor de potenciales financistas locales de participar y, eventualmente, convertirse en blanco de investigaciones fiscales por organismos controlados por el gobierno o de correr el riesgo de ser detenidos por la policía.
Entre los 13 inscritos para las primarias del 22 de octubre, destacan el excandidato presidencial Henrique Capriles y la legisladora más votada de 2010, María Corina Machado. Ambos están inhabilitados para participar en procesos electorales por 15 años.
En meses recientes, varios candidatos opositores de las primarias han denunciado la detención y posterior liberación de personas que prestaron colaboración en la logística de sus actos proselitistas.
Abdul reconoció que fue un “proceso complejo” al no contar con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de la renuncia de los directores oficialistas, argumentando que el plazo para su renovación complicaría la ejecución del cronograma y la organización del evento electoral, cuya campaña oficial arrancó el martes 22 de agosto. Pese a ello, la comisión de primarias decidió seguir adelante sin apoyo del CNE.
Los cinco miembros principales y 10 suplentes del nuevo CNE aún no han sido designados por la Asamblea Nacional, dominada por los aliados del presidente Nicolás Maduro. Para el momento de la renuncia de los directivos, la participación del organismo electoral en las primarias de la oposición estaba a la espera de que se lograsen garantías como la instalación de suficientes centros de votación y la actualización del padrón electoral.
La selección de los nuevos miembros se producirá dos años después de que, entre una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Maduro para mejorar las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, hiciera la concesión de incluir en la directiva de cinco miembros, por primera vez desde 2005, a dos reconocidos opositores.
Si bien la mayoría de los miembros del Consejo elegidos en mayo de 2021 para ejercer por siete años eran funcionarios cercanos al oficialismo, la presencia de los dos adversarios del gobierno en el directorio inspiró confianza en algunos opositores.
La Comisión de las primarias además pidió al CNE el lunes 21 de agosto que lo más pronto posible dé inicio a “jornadas especiales de inscripción” de los nuevos votantes, afirmando que en la actualidad una gran cantidad de jóvenes mayores de 18 años , elegibles para votar, incluidos venezolanos residentes en el exterior, “no han tenido facilidades para inscribirse en el Registro Electoral”. En paralelo, los electores que cambiaron de residencia dentro del país “no han podido actualizar su dirección para participar en los procesos electorales”.
En cuanto a la participación de los candidatos de la oposición, a Capriles la sanción se la impuso en 2017 la Contraloría General por supuestas irregularidades administrativas. La causa quedó en suspenso desde entonces.
En el caso de Machado, el organismo encabezado por Elvis Amoroso, partidario del gobierno y cercano colaborador de Maduro, anunció en junio pasado -sin mostrar pruebas- que la exlegisladora fue partícipe de una supuesta trama de corrupción orquestada por el líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando era líder de la Asamblea Nacional. A su vez fue acusada de ocultar información sobre su patrimonio tras el cese de sus funciones como diputada. Machado no forma parte del Legislativo desde 2014 y fue una crítica feroz de Guaidó dentro de las filas opositoras. No está claro si la prohibición será levantada para viabilizar sus participaciones.
En Miami, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma expresó en una entrevista con la periodista venezolana Patricia Poleo que “la única manera de poder llevar adelante la inscripción de la mujer (Machado) que está siendo vetada por el régimen es poniendo en práctica la desobediencia civil”.
El líder opositor, quien en 2017 se fugó de su arresto domiciliario en Caracas y vive ahora en Madrid, a través de Instagram negó rotundamente titulares de prensa que señalan que se “está promoviendo una rebelión militar”, resaltando que dijo claramente “desobediencia civil para cumplir el derecho legítimo de inscribir la candidatura” de Machado.
El Fiscal General Tarek William Saab, cercano colaborador de Maduro, en Caracas, anunció el lunes que solicitó la captura de Ledezma, acusándolo de los “delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación para delinquir”. Indicó además que pedirá nuevamente a España su extradición. Ledezma fue destituido como alcalde y detenido en 2015 bajo cargos de conspiración para derrocar a Maduro.
