Los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre graves violaciones a derechos humanos entre 1965 y 1990, presentaron nuevas evidencias sobre la resistencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por el general Audomaro Martínez Zapata, ex jefe de guardaespaldas del presidente Andrés Manuel López Obrador, para dar información sobre ese periodo, conocido como “la Guerra Sucia”.
A una semana de denunciar el incumplimiento de cuatro ordenamientos judiciales para entregar información relacionada con violaciones a derechos humanos, los expertos que integran la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ) alertaron que no han recibido respuesta del CNI sobre las omisiones reveladas.
En una ampliación del “Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en el AGN”, el MEH dio a conocer ejemplos de la documentación considerada en catálogos del Archivo General de la Nación (AGN), como parte de su acervo pero que no existe físicamente, luego de que investigadores del MEH se dieron a la tarea de solicitarlos.
Tras resaltar la importancia de la documentación para dar cuenta de la forma en que “operó el circuito represor con que el Estado combatió a diversos disidentes” durante el periodo 1965-1990, que comprende el mandato de la CoVEHJ, el documento en poder de Proceso resalta que a 22 meses de creada no ha podido concretarse “el proceso de apertura y consulta de dicha documentación” debido a que no ha sido entregada al organismo creado en octubre de 2021.
“El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico está atento a la fecha y hora en que el CNI acate los diferentes marcos legales que le obligan a garantizar la transferencia de su documentación histórica que incluya la totalidad de aquella producida por la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985), por la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN, 1985-1989) y por el CISEN (1989-1993)”, señala el MEH al insistir en acceder a los expedientes en poder del CNI, así como a digitalizarlos con la finalidad de documentar las graves violaciones a derechos humanos durante el periodo histórico en el que tienen mandato.
En el documento, el MEH sospecha que expedientes de personal que laboró en la DFS “fueron extraídos”, en tanto que hay inconsistencias en las fichas sobre el número de placas que correspondían a los agentes.
Entre los ejemplos que alimentan la sospecha de que “el propio personal del CISEN” retiró los documentos, resaltan el del político priista Manlio Fabio Beltrones, quien tendría el nombramiento de subsecretario de Gobernación, y se le asignó el número de placa 472 de la DFS.
Al respecto, el MEH resalta: “La ficha de credencial de Manlio Fabio Beltrones Rivera existe. La de personal no, como tampoco los expedientes donde debería estar depositada la información de su ingreso, salida, salario, puesto y departamento al que pertenecía”.
Otro caso similar es el “del agente de la DFS, vinculado al narcotráfico, Rafael Aguilar Guajardo, de quien aparece la ficha de elaboración de la credencial (1373), pero no así la de personal, que remitiría a su expediente”.
Los investigadores detectaron más inconsistencias, entre fichas de personas que estuvieron adscritas a la DFS pero cuyos expedientes laborales no se encuentran, como el de Gustavo Antonio Madero González, sobrino el presidente Francisco I. Madero, y que aparece “recomendado por Javier García Paniagua cuando era director de la DFS”; Francisco Díaz Escobar, “hermano del coronel Manuel Díaz Escobar”, quien fue señalado como “líder de grupos de choque en los hechos de violencia del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971”.
Otra ficha relevante es la que remite al expediente de Francisco Galindo Ochoa, “coordinador de comunicación en las campañas presidenciales de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, y jefe de prensa de la presidencia de Díaz Ordaz y José López Portillo”.
Los investigadores del MEH identificaron como parte de la estructura de la DFS, recomendada “directamente por el subdirector Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro”, a la hermana de Manuel Mondragón Kalb, de nombre Susana Mondragón Kalb, así como la esposa de quien fuera director de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, Divina María Morales Espinosa.
“Todas estas fichas remiten al expediente 1-1 el cual, según el ‘Catálogo D.F.S. Viejo’. Pertenece a la serie temática ‘Individual de agentes’. Esta serie no se localiza en el AGN por lo que se supone que pudo ser extraída o nunca haber llegado al archivo resguardado en la antigua prisión de Lecumberri, lo cual hace surgir la pregunta de si este material sigue en poder del CNI”, cuestionan los expertos del MEH en su documento.
De manera incompleta están los expedientes con información de Rafael Caro Quintero y Enrique Camarena, y del primero con Ernesto Fonseca Carrillo; así como de actividades el político del PAN, Adalberto Rosas, en Sonora, del propio Fernando Gutiérrez Barrios, quien fuera director de la DFS, y de Arturo Durazo Moreno, quien fuera el director de la policía en Distrito Federal.
Al insistir en solicitar consultar la información, ya sea en las instalaciones del CNI o en el AGN, los expertos que integran el MEH resaltan que la serie “Homicidios” que comprende el “Catálogo FS, DGISEN y CISEN” del AGN, está comprendida por “86 expedientes con información de las investigaciones que estas agencias de seguridad hicieron sobre los homicidios de personas de los variados perfiles: dirigentes políticos, dirigentes sociales, ministros de culto, agentes de las mismas agencias, periodistas y agregados diplomáticos acreditados en México, entre otros”.
Así, entre los expedientes que no se encuentran físicamente son el del sacerdote Ignacio de la Torre y del periodista Alberto Rodríguez Torres, ocurridos en Sonora en octubre y diciembre de 1979, respectivamente; tampoco se encuentran los expedientes de las muertes del vicecónsul de Estados Unidos, John Patterson, registrado en marzo de 1974, ni la des periodista Francisco Javier Juárez Vázquez, asesinado el mismo día que el periodista Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984.
De acuerdo a la revisión hecha por los investigadores del MEH, se detectaron inconsistencias en los expedientes de los asesinatos de los periodistas Ernesto Flores Torrijos, Norma Moreno Figueroa, Demetrio Ruiz Malerva, Neftalí Estrada Azuara, Odilón López Urías, Manuel, Burgueño Orduña, Héctor Félix Miranda, Ronay González Reyes y Linda Bejarano Reyes.
En el documento se destaca que el CNI “aún conserva expedientes que por mandato presidencial debe dar acceso al MEH”, como ocurre con los casos de los homicidios del líder agrario Arturo Albores Velasco, el líder petrolero Lenin Falcón Méndez, y de los militantes del Frente Democrático Nacional, Francisco Javier Ovando Hernández y Ernesto del Arco Parra, “asesinados en el contexto de las elecciones presidenciales de 1988”.
De acuerdo a la ampliación del informe, los investigadores del MEH no han tenido acceso a los expedientes “sobre la posible ejecución extrajudicial de miembros de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ocurrido en 1975 en el Cerro del Cubilete”, Guanajuato.
