Desde que la SEMARNAT permitió la ampliación del puerto en 2013 “se han visto afectados el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y las personas que dependen de sus beneficios”, denuncia Xavier Martínez Esponda, director operativo del CEMDA. Y ahora en una segunda etapa para reanudar los trabajos de la construcción aprobada por la dependencia, ésta incurrió en desacato a una sentencia de la Corte, que ordenó revisar de manera integral y no fragmentada los daños que la obra ha causado desde su inicio.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) incurrió en desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al permitir a la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA) el reinicio de las obras de ampliación del Puerto de Veracruz, sin evaluar los impactos acumulativos ni los riesgos ambientales que implica el proyecto.
En la sentencia, la Corte ordenó revisar de manera integral y no fragmentada los daños que la obra ha causado desde 2013, cuando se aprobó, y cuyos trabajos aún representan un riesgo al sistema arrecifal veracruzano.
Abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) expusieron que, contrario a la sentencia de los ministros, en diciembre pasado la SEMARNAT autorizó el reinicio de las obras de ampliación con los mismos errores: sin tomar en cuenta información científica que revela la existencia de nuevos arrecifes, con datos técnicos desactualizados, medidas de mitigación inadecuadas y dejando fuera nueve proyectos asociados.
“Se trata de un intento de simulación que nos deja igual que al principio, se vuelve a fragmentar el proyecto, lo que significa que se viola el derecho a un ambiente sano; y las obras podrían significar un grave daño para el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México y las personas que dependen de sus beneficios”, denuncia Xavier Martínez Esponda, director operativo del CEMDA.
Para científicos y abogados con más de una década en la defensa de los arrecifes, la nueva Autorización de Impacto Ambiental debe ser declarada nula y se debe ordenar que se someta nuevamente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), conforme ordenó la Corte.
En 2013 la SEMARNAT autorizó la ampliación del puerto para la realización de una decena de obras, como una escollera, un distribuidor vial, canales de navegación, vías de ferrocarril, muelles y centros de almacenaje.
En 2016 dos ciudadanas promovieron un amparo indirecto ante el Juzgado Quinto de Distrito contra estas obras por considerar que afectaban al sistema arrecifal, y tras una larga batalla legal en febrero de 2022 la Primera Sala de la SCJN otorgó un amparo y una sentencia histórica en la cual se determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vulneró el derecho humano al medio ambiente sano, al analizar de manera fragmentada los impactos ambientales de las obras de la ampliación del Puerto de Veracruz.
Así, la Corte ordenó suspender 15 obras de la ampliación del puerto y realizar estudios integrales del proyecto general, considerando la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en la zona de influencia.
No obstante, como las labores iniciaron desde 2013 –hace 10 años–, al menos ocho proyectos ya están concluidos y en operación, por lo que ahora se deben hacer trabajos de remediación ambiental por los daños causados.
En diciembre último, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT volvió a autorizar de manera condicionada el proyecto, pero otra vez de manera fragmentada, sin apoyarse en personal especializado, además de que no permitió la consulta pública, alertaron activistas. A las 10 obras (la mayoría concluidas) autorizadas, la SEMARNAT adicionó otras nueve que llamó “proyectos asociados”, las cuales en realidad son una segunda fase de la ampliación del puerto.
Para detener dicha autorización, en mayo pasado abogados y activistas presentaron un escrito ante el juez federal quinto de distrito, en el cual explican con argumentos legales y técnicos las razones para declarar nulo este nuevo permiso, y solicitan que se ordene un nuevo procedimiento, en concordancia con la sentencia de la Corte.
En este mes, el juez federal determinará si la nueva aprobación del proyecto cumple con los criterios que ordenó la SCJN o de lo contrario se tendrá que realizar nuevamente el proceso para obtenerla. Mientras tanto, las obras de ampliación de la segunda etapa aún no han iniciado.
Arrecifes en riesgo
La ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte se inició en 2004 y se convirtió en un proyecto prioritario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el cual se calculó una inversión de 25 mil millones de pesos. Para el gobierno federal la ampliación “es uno de los proyectos portuarios más ambicioso y de mayor envergadura en la historia de México”, y lo presentó como una obra que convertiría al puerto de Veracruz en uno de los polos más competitivos del comercio exterior mexicano.
Ahora, la segunda fase de ampliación (que ya fue autorizada en diciembre de 2022 por la SEMARNAT) incluye dragados y rellenos de fondo marino, canales de navegación, nuevos muelles para embarcaciones pesqueras y un rompeolas de 3.5 kilómetros.
Leonardo Ortiz Lozano, investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana (UV), explica en entrevista con Proceso que lo más grave de esta nueva autorización es que no se incluye la existencia de nuevos arrecifes sumergidos.
El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano es un sitio Ramsar –es decir, un humedal de importancia internacional– y un Área Natural Protegida que comprende 23 arrecifes de diferentes tamaños, formas y profundidad.
El científico detalla que el ecosistema es clave porque constituye uno de los sistemas de mayor diversidad biológica del medio marino, proporciona puntos de refugio y protección ante la depredación a las larvas de peces y crustáceos. Además, el área proporciona zonas de alimentación a peces, viene a ser un regulador del clima y funciona como barrera contra olas y tormentas.
La SEMARNAT no incluyó en su nueva aprobación el corredor de más de 650 kilómetros de arrecifes coralinos llamado Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, donde se incluye el descubrimiento de al menos 38 nuevos arrecifes, algunos sumergidos (Proceso 2395).
El sistema arrecifal frente al Puerto de Veracruz es parte fundamental de este corredor suroeste, del que dependen más de 15 mil pescadores.
“La información científica que se usó para esta nueva autorización es de 2011 y 2012, e incluso 2004, más de 10 años; desde entonces muchos arrecifes se han descubierto en la zona de Veracruz, pero no se incluyeron. No hicieron una nueva manifestación, sólo repusieron la autorización, es darle la vuelta a lo que dijo la Corte, es tratar de engañar otra vez”, denuncia Ortiz Lozano.
Además, se tiene que hacer una remediación de las obras de la ampliación del puerto iniciadas en 2013, las cuales ya fueron concluidas. “Lo que ya se construyó fue mal evaluado, entonces tiene que haber una actualización y una inversión para mitigar los impactos que genera una obra mal evaluada. Los impactos ambientales serán de mediano y largo plazos”, advierte Ortiz.
Como ejemplo de los impactos por las obras, está el arrecife La Loma, mismo que en un principio se omitió de la poligonal de las obras y ahora tuvo que ser incluido, tras contar con la evidencia científica.
Un informe de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP) advierte que es un arrecife con alta diversidad de peces, pero con baja cobertura de tejido vivo de coral, por lo que la ASIPONA tendrá que realizar un monitoreo permanente para identificar posibles afectaciones.
La SEMARNAT reconoce que la construcción de escolleras, las obras de dragado y el vertido de sedimento para rellenar obras en tierra pueden tener incidencia en la modificación de las dinámicas costera y de corrientes, así como transporte litoral, por ende, en la sedimentación de todos los arrecifes emergentes y no emergentes del Parque Arrecifal Veracruzano.
El investigador criticó que, aun cuando las medidas de mitigación no fueron efectivas para proteger a los arrecifes, éstas se van a mantener. Y es que la ASIPONA propuso la implementación de mallas móviles para evitar la sedimentación, pero una inspección de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) detectó daños a colonias de arrecifes en Punta Gorda que tenía esta malla.
En un reporte oficial se detalló: “Los sistemas de prevención, mitigación y control propuestos no están funcionando en su totalidad, ya que se encontró́ que la malla antidispersión tenía aberturas que van de los 30 centímetros hasta los 750 centímetros”.
Ortiz Lozano dijo que es preocupante que estas mismas medidas se mantengan en la nueva autorización, ahora como supuesta protección a los arrecifes de Gallega, Calleguilla, Punta Gorda, Punta Brava y La Blanquilla de los sedimentos que se generarán por las actividades de construcción.
Estudios de investigadores han encontrado daños en arrecifes, como el de La Blanquilla, que sufrió́ un decremento de 70% en su cobertura de coral vivo de 2006 a la fecha.
La SEMARNAT también reconoció impactos al arrecife en Punta Gorda Sur. “En el recorrido en la visita de verificación fue posible observar colonias coralinas con alguna ocurrencia de enfermedad o estrés, encontrando de manera indistinta presencia de palidez y blanqueamiento”.
Con la autorización de la SEMARNAT la etapa de construcción terminará por dañar intensamente una porción del edificio arrecifal de Punta Gorda. Este arrecife tendrá́ una afectación directa sobre una superficie total de 77 hectáreas –lo que representa cerca de 53% del área del arrecife y 9.6% de la extensión arrecifal total dentro del Sistema Ambiental Regional (SAR).
Este arrecife fue seccionado en dos partes en 2012, al modificarse los límites del área protegida. El argumento fue que una parte del arrecife estaba deteriorado y que la otra guardaba un estado de conservación que merecía la pena mantener protegido. De este lugar fueron extraídas cerca de 40 mil colonias coralinas e infinidad de invertebrados para su recolocación.
A 10 años del inicio de la batalla legal por la defensa del sistema arrecifal, Ortiz Lozano considera que es difícil evaluar cuál ha sido el impacto real de la afectación a este ecosistema: “No hay cómo documentar el impacto porque los monitoreos los hacía la Apiver, ahora ASIPONA. Pero las condiciones ambientales de arrecifes como La Gallega y Punta Gorda son graves, y van a desaparecer por la sedimentación que causan las obras”.
Otra crítica a la autorización es que dejó fuera los bancos de extracción de materiales, como el de roca basáltica y arena para realizar las escolleras: “El argumento es que no están dentro de la poligonal del nuevo Sistema Ambiental Regional. Esto, pese a que la sentencia señala que todos los impactos que tengan que ver con un proyecto se tienen que evaluar en conjunto y de manera integral”, señala el investigador Ortiz.
La ASIPONA Veracruz dejó fuera la construcción del muelle para la carga y transporte de roca basáltica ubicado en Playa Muñecos, en el municipio de Alto Lucero, y la extracción de roca basáltica del ejido Balzapote en San Andrés Tuxtla, pues el proyecto fue vendido a grupo ICA para la extracción de piedra para el Tren Maya (Proceso 2386).
“Pero el proyecto no pudo haber cambiado de compañía porque estaba en un litigio, la SEMARNAT no pudo haberlo autorizado, entonces eso es una irregularidad”, cuestiona Ortiz.
Avances lentos
La sentencia de la SCJN también ordenó elaborar un programa de trabajo para la mitigación y restauración del área y solicitar al Comité Internacional de Humedales la designación de un grupo de peritos para evaluar el sistema arrecifal, a fin de definir el esquema para su protección a través de un programa de trabajo.
En tanto los trabajos de cumplimiento avanzan con lentitud, la SEMARNAT presentó el programa integral de restauración ecológica, donde incluyó 10 subprogramas, el 30 de diciembre de 2022, al mismo tiempo que mostró la nueva autorización para las obras en la segunda etapa del puerto.
Hasta la fecha, la SEMARNAT no ha enviado a la CONAP el programa de restauración para que ésta pueda emitir su opinión técnica y así avalar su implementación.
Yoatzin Popoca, abogada ambiental del CEMDA, dice que el programa de restauración se debe revisar. “Que nos digan quién lo hizo y cómo se hizo, y finalmente se ponga en marcha. Debemos entender qué es lo que proponen y qué quiere decir restaurar en sus términos, y ver si eso es viable; y una vez que se ponga en marcha ver con qué dinero se va a cumplir, quién dará seguimiento, si la SEMARNAT tendrá personal para darle seguimiento”.
Respecto de la solicitud de la intervención de peritos que ordenó la Corte, también se avanza lento.
Vía transparencia se informó que la CONAP hizo el planteamiento a la convención sobre humedales, conocida como Ramsar, sobre una posible misión de asesoramiento internacional para evaluar los daños del proyecto, pero hasta el momento no hay una respuesta concreta.
La nueva autorización tiene una vigencia hasta el 30 de mayo de 2025, así́ como un plazo de 30 años para llevar a cabo la etapa de operación y mantenimiento, vigencia que estará́ condicionada a la construcción del proyecto.
El permiso también advierte que en caso de que las obras y actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen afectaciones, la SEMARNAT podrá exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas, así como la instrumentación de programas de compensación.
En Veracruz, organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, Gente Sustentable, Sendas, AC, y Pronatura Veracruz han lanzado una alerta para que el juez anule esta nueva autorización de la SEMARNAT y se garantice la participación de la ciudadanía vía una consulta pública para definir la continuidad del proyecto.
