TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.– La Red Nacional de Organizaciones Civiles: Todos los Derechos para Todos (RedTDT) lamentó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que negó hoy la realidad que se vive en Chiapas y de pasó expresó difamaciones y expresiones estigmatizantes en contra de las organizaciones civiles.

La RedTDT, que se conforma por 87 organizaciones de 23 estados del país, dijo que hoy en la conferencia de prensa mañanera López Obrador “negó la gravedad de las agresiones en comunidades zapatistas, a pesar de la documentación y las múltiples peticiones de cese a la violencia en Chiapas”, emitidas desde las Organizaciones de la Sociedad Civil.

“Manifestamos nuestra preocupación ante las declaraciones estigmatizantes y difamatorias del presidente de México, López Obrador. en contra de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la violencia en #Chiapas”, dijo el director ejecutivo Víctor Hugo Pérez López.

Agregó que tras las declaraciones del mandatario, el ejercicio de defensa de derechos humanos ese vuelve cada vez más una acción “de alto riesgo”.
“Las difamaciones aumentan esa vulnerabilidad y envían mensajes que refuerzan la impunidad”, indicó el vocero de la RedTDT.
Precisó que el cambio de ese discurso presidencial es clave para garantizar la protección a personas defensoras.

“Desde esta Red Nacional hemos documentado la violencia en Chiapas. Nos preocupa que desde los espacios presidenciales se niegue la problemática. Nuestro llamado es enérgico: urge atender esta alarmante violencia”, dijo el defensor de derechos humanos a nombre de toda la RedTDT.

En una misiva anexa señaló que las organizaciones que integran estas redes y colectivos de articulación han denunciado con preocupación e indignación el recrudecimiento de la violencia que se está viviendo en diferentes territorios de Chiapas, el cual se ha venido denunciando, sin tener hasta ahora una respuesta por parte del Estado mexicano para atender y tomar responsabilidad de la situación.

Y que los conflictos por el control territorial entre diferentes grupos del crimen organizado en la Región Frontera de Chiapas han traído consecuencias devastadoras para sus habitantes, como: robos, extorsiones, levantamiento de puestos de comercio y despojo de otros medios de vida, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, feminicidios y asesinatos.

Agresiones que se han convertido ahora en parte de su cotidianidad, viviendo el terror como mecanismo de control de la población y de sus territorios, por parte de estos grupos delictivos.

El informe del Frayba

Además, en un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se ha documentado que entre el año 2010 y octubre de 2022 ocurrió el desplazamiento forzado de al menos 16 mil 755 personas.

Y que, de 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2 mil personas (400 familias) que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada por la disputa por el control territorial de grupos criminales.

El informe del Frayba señala que el periodo en que se enfoca el informe 2020-2022 “está caracterizado también por una disputa abierta de la tierra recuperada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994, lo que ejemplifica cómo está operando la contrainsurgencia hacia el proyecto zapatista; son diversas las agresiones y hostigamientos cometidos por parte de organizaciones corporativistas alineadas con el Estado; así como por una reconfiguración territorial a partir del proyecto, columna vertebral de la actual administración federal, Sembrando Vida”.

También se detalla que las condiciones actuales inducen a profundizar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos, tierra y territorio, así como de periodistas y comunicadores; lo que trae consigo un aumento de las agresiones, que constituyen un fenómeno constante y sistemático para silenciar las voces de denuncia, con actos como amenazas e intimidaciones, entre otros; y campañas de desprestigio.
Agrega que en la mayoría de los casos los perpetradores no son identificados, investigados, ni mucho menos castigados; la impunidad continúa en este gobierno de la “Cuarta Transformación”.
Además, en el ámbito global, México es uno de los países con más asesinatos de personas defensoras y periodistas, y con mayor impunidad en este tipo de crímenes. Predomina la violencia estructural facilitada por las instituciones y las leyes, al no garantizar ni proteger los derechos humanos, por un sistema normativo que se aplica de forma discriminatoria y como estrategia represiva.

Bajo estas circunstancias, las defensoras y defensores de derechos humanos están sujetos a una gran probabilidad de sufrir abusos y amenazas en el marco de sus actividades de defensa, dice el Frayba en su informe más reciente.