Son varias líneas generales las que el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia recorre para analizar la conducción de la cultura mexicana desde la cúpula. Una de ellas es la falta de rigor en el diagnóstico de las problemáticas; otra, la compulsión por realizar múltiples actividades como si se tratara de una agencia de espectáculos. Lo cierto es que la euforia y las buenas intenciones en el arranque de la administración pronto se han vuelto desencanto. Y hoy el “gran desafío” es conciliar desarrollo social y fortaleza de nuestra identidad –como en el caso del Tren Maya-, reconociendo pluralidad y diversidad para no caer en la confrontación, “porque hay una intolerancia palpable”.
A un lustro del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y a seis meses de cumplir cinco años de gobierno, el análisis de la política cultural de las instituciones dista de ser positivo:
El impulso a la arqueología a través del megaproyecto Tren Maya y su nutrido rescate no bastan si, en contraparte, persisten los bajos presupuestos para otros ámbitos de la cultura, malas condiciones laborales de artistas e investigadores, el abandono de la labor educativa del Estado, y un perfil de las instituciones que, no obstante, su amplia oferta cultural, se asemeja más a una agencia de espectáculos.
La construcción del Tren Maya en su ángulo cultural, pese a su dimensión, se inscribe en una problemática mayor, la de la política pública, es decir, como proyecto de Estado, afirma el antropólogo, doctor en Historia y Derecho Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Incluso en los programas más renombrados del gobierno actual, como la defensa de la propiedad intelectual en el arte popular, centrada principalmente en los textiles, hay una contradicción, “una lógica mercantilista, si se quiere neoliberal, que se apropia de la creación de los artesanos para explotarlos”, al tiempo que copia el modelo de difusión con desfiles de modas y pasarelas, por lo cual cuestiona:
“¿De verdad no hay capacidad para construir un programa de desarrollo cultural propio o una diversidad de programas de desarrollo? Porque esa era la idea de los Planes Nacionales de Desarrollo: el reconocimiento a la diversidad, se ubicaban regiones y se hacían planes de desarrollo regional, nada de eso veo ahora suficientemente claro o expresado”.
Otro programa fundamental de la Secretaría de Cultura (SC) es el llamado Cultura Comunitaria (en el cual participaron 2 mil 500 personas de 32 estados y 492 municipios en 2022), que organiza los Semilleros Creativos (329 hasta hoy, en 245 municipios con la intervención de 12 mil niños y jóvenes). Al respecto, el antropólogo pregunta donde están realmente los datos y estadísticas demenuzados, con un diagnóstico previo, que permitan decir que se está transformando la vida del país, de los pueblos y las comunidades más alejadas, las rurales y campesinas:
“A lo mejor es muy prematuro cuestionarlo, pero la pregunta es: ¿Y la transparencia de esos resultados?, ¿dónde están como para callarnos la boca?”.
Debe haber, en opinión suya, posibilidad de evaluar el programa, la plataforma dada a conocer hacia 2018 durante el proceso electoral, porque no duda de una intencionalidad positiva, “pero la realidad es muy cruda, y las estructuras del Estado absorben cualquier intención, la política cultural no puede hacerse con buenas intenciones, debe tener diagnósticos serios, plataformas claras y convocar a diversos sectores para su construcción.
“Y creo que está bien decirlo en esta coyuntura porque se avecina otra vez la búsqueda de marchantes electorales, de votantes, entonces se ofrecen el sol y las estrellas culturales -digámosles- y otra vez el choque es brutal, la decepción es brutal. Ahora lo estamos padeciendo en el cine, el teatro, la danza, la investigación, la docencia, por supuesto los museos, en fin”.
Agencia de espectáculos
El especialista en temas jurídicos del patrimonio y las políticas culturales, autor de Nación, patrimonio cultural y legislación y Debates por la cultura, entre otros libros, indica que la situación de la cultura no es atribuible exclusivamente a la administración actual, ni a la titular de Cultura del gobierno federal, Alejandra Frausto.
Recuerda que en la campaña de 2018 hubo una especie de euforia por creer que la realidad sería distinta y se potenciarían los ámbitos cultural y científico, habría apoyo, programas, proyectos:
“Fue simple y sencillamente un engaño, lo digo con todas sus letras, una manipulación de esa buena voluntad ante el desencanto de lo anterior, porque con el PRI y con el PAN -después de la gloriosa época de las instituciones, digamos con Jaime Torres Bodet y diría que hasta Porfirio Muñoz Ledo y quizá Miguel Limón (todos secretarios de Educación Pública)- no hubo nada. Sobrevivíamos de nuestras grandes instituciones, de ese auge, pero hemos perdido figuras brillantes del ámbito educativo-cultural, con un pensamiento e idea de una nación diversa, de vanguardia… es difícil encontrar ahora esos grandes personajes”.
Lo atribuye también a que el ahora Sector Cultura, desligado del Sector Educativo con la creación en 2015 de la SC, es muy joven aún, y nació con muchas limitaciones, sin proyecto, sin bases jurídicas sólidas, “se ha ido haciendo sobre la marcha”.
Hace memoria de cuando se anunció la creación de la Secretaría y se dio una fuerte pelea para que no se hiciera, pues -entre otras cosas- se rompería el vínculo entre educación y cultura. Considera que la historia les ha dado razón a los opositores porque los argumentos eran falaces: Se dijo que la cultura estaría al nivel de secretarías como la de Hacienda o Gobernación, podría pelear por su presupuesto “y dejaría de ser la arrimada de la SEP, y no ha sido así”.
El titular del INAH, Diego Prieto, ha dicho que no hay desvinculación y no comprende a qué se refieren los investigadores con esa afirmación, pues sí hay proyectos de divulgación. Cottom detalla entonces que las instituciones culturales prestaban un servicio educativo fundamental, y además tenían el cobijo de un sector histórico, fuerte, de la administración pública, que nació con un proyecto filosófico, político, legal (con José Vasconcelos) y fue abrevando de distintos afluentes, al punto que resultó esencial en la formación de ciudadanía, de unidad nacional en medio de la diversidad:
“En cambio, ¿qué servicio público presta ahora el Instituto de Antropología, el de Bellas Artes (INBA)? Pues servicio cultural que quién sabe cuál será, no queda suficientemente claro”.
Evoca al teórico francés Jean Zay, quien justamente cuestionó a la tercera República Francesa por haber separado la cultura de las grandes bibliotecas, los archivos y un pensamiento vasto, y la había convertido en centros culturales que parecían agencias de espectáculos porque se dedicaban a organizar conciertos, festivales y actividades de ese tipo.
La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), la de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” -ambas del INAH-, fueron grandes referentes mundiales y ahora carecen de presupuesto. Igual la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que “está prendida con alfileres”.
La situación, agrega, ha repercutido en los académicos, pero también en los propios proyectos de investigación y actividades, incluso se ha llegado al punto en el que en varias dependencias se hacen coperachas, “para el café, para comprar material”. Es inaudito, dice, “estamos financiando la actividad del Estado mexicano en ese sentido”.
-Usted ha dicho que en las nuevas generaciones se advierte la ruptura del vínculo con las escuelas de educación básica.
-Por supuesto. Si se llega a dar es por iniciativas propias, no hay una disposición que obligue a consolidar ese vínculo. Alguna vez hubo textos de patrimonio cultural, ya no existen más. Legalmente las únicas escuelas con soporte en el ámbito educativo son las artísticas, las de Bellas Artes. En el INAH no.
Quizá ahora, indica, el instituto sea más famoso de lo que ha sido en décadas (su director sale constantemente en las “mañaneras” para hablar de los avances en el Tren Maya), “pero la fama no conduce a nada más que lo efímero del protagonismo”. Y eso no ayuda a solucionar la falta de apoyo en el medio cultural, a la danza, música, las escuelas, dice. E insiste en con el desligue cultura-educación los nuevos cuadros están quedando en el desamparo, son contratados en las peores condiciones, como meros prestadores de servicio, como quien vende cualquier chuchería.
Cinismo
No obstante, señala el investigador que en buena medida hay mucha pasividad, apatía, decepción… y hasta miedo. Se le pregunta si no existe incluso un grado de autocensura en un clima en el cual los propios investigadores no pueden manifestar su desacuerdo, como ocurrió con el doctor Fernando Cortés de Brasdefer, quien recientemente expresó opiniones en contra del Proyecto Tren Maya en un grupo privado de WhatsApp y se le levantó un acta administrativa.
El temor, responde, viene por varios frentes: uno es el laboral porque la gente necesita una fuente de sustento; luego la seguridad, pues en una sociedad tan polarizada es más difícil construir comunidad en los centros de trabajo (“ahí la autocensura y los visos de censura afloran”, como si se debiera tener cuidado con lo que se opina):
“Ayuda mucho nombrar las cosas por su nombre, y creo que ya llegamos a una especie de cinismo político, de cinismo administrativo. Pongamos el caso del compañero Cortés de Brasdefer, habría que ver si violó alguna disposición, pero no hay el mínimo interés en cuestionarse: ‘Oigan, ¿lo que está diciendo es verdad? ¿Por qué no lo llamamos? Vamos a hacer una mesa de discusión académica, donde él sostenga sus argumentos, y vengan los que están a cargo, para desmentir, pero científicamente, académicamente’.
“Si después de eso surge una confrontación, dolo, un ataque deliberado, se pueden tomar medidas sin llegar a rajatabla a buscar intimidarlo o reprimirlo. Y menos en una institución donde se construye conocimiento, donde se impulsa el pensamiento. Es incomprensible, totalmente contradictorio en una institución cultural, llevar las ideas a un procedimiento administrativo”.
Enfatiza que la duda y el cuestionamiento son base del desarrollo científico. Y que se han dado en otros momentos. Pone de ejemplo el caso del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien fue denunciado penalmente por el proyecto Plaza Jaguares en Teotihuacán, donde se construiría una plaza comercial como parte del Proyecto Especial de Arqueología en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como lo consignó en Proceso el 23 de mayo de 1994 el reportero Roberto Ponce.
“Ser autoridad implica tener visión, buscar mecanismos de solución a los problemas, de conciliación, de acercamiento, de deliberación, no estamos en un Estado fascista como para decir ‘a éste córtenle la lengua’. Eso es peligroso”.
Incluso se señaló a algunos investigadores que participaban en ese grupo de WhatsApp (el propio historiador Felipe Echenique salió a la palestra en su Facebook para reconocerse como uno de ellos y reiterar que hay destrucción y saqueo de monumentos). Al respecto Cottom opina que no se trata de buscar con quién confrontarse para “‘construir mi visión de pureza, de justicia, de ética, etcétera’. Ayuda mucho ese sector de compañeros que son críticos, que están señalando problemas, al contrario, deberían buscarse canales para sumar”.
Descomposición
Apunta entonces que los proyectos presidenciales nunca han sido fáciles, “¿por qué tendrían que serlo ahora? Más para una autoridad que se la juega”. Y considera “un grave error cerrar puertas y generar una represión contra quienes están señalando esos problemas o errores. Falta oficio político para poder dialogar… por otro lado puede ser que esto nos esté mostrando un proceso de descomposición institucional.
“Es muy preocupante porque la autoridad puede decir: ‘es que esto es peligroso para mí, para mi familia’. Y puede ser, pero hasta ahora no he visto revueltas motivadas por lo que dijo el doctor Brasdefer. Al contrario, la imagen que se crea de un investigador que es crítico, al cual se le sataniza, casi, casi se le excomulga -por decir un término cristiano- no ayuda. Me pregunto entonces: ¿dónde están los asesores, el auxilio de quien se comprometió a ejercer una autoridad, no el poder, la autoridad?”
-¿Considera que ha habido una declinación jurídica, de conservación y de estudio del patrimonio para abrirle el paso al megaproyecto del Tren Maya, de parte de la dirección del INAH y la secretaria de Cultura?
-Mire, lo que podría decirle, como señalé hace un momento, es que este tipo de megaproyectos, como se les llama, siempre generan mucha tensión en una institución. ¿Por qué? Yo veo dos aspectos de fondo: Por la concepción misma del proyecto, su intencionalidad, objetivos. El argumento central es que el sureste está marginado porque dicen se ha privilegiado el centro y el norte, lo cual también es un mito porque en el norte también hay ciertos enclaves de mucha pobreza y abandono, lo vemos con los trabajadores del campo.
“Y, por el otro lado, está el argumento de los bienes culturales: ‘No, perdón, es que son bienes fundamentales para la historia, para conocernos a nosotros mismos, son fuente de conocimiento científico, cultural, social, histórico’. El gran de desafío es cómo conciliamos las dos visiones, y el problema, repito, es que -por el ejercicio del poder- el desarrollo termina imponiéndose a la otra razón. Y esta otra razón nos está mostrando que, si no somos capaces de construir una identidad que reconozca la pluralidad, la diversidad, la discrepancia, caeremos en una confrontación, una especie de guerra civil, porque hay una intolerancia palpable”.
En opinión suya, no debe ser fácil ser director del INAH, porque al ser un órgano desconcentrado depende de un ente jerárquico superior. Su marco jurídico le permite autonomía, pero el cargo es un nombramiento del titular de Cultura o del presidente y “eso ya condiciona: ‘voy a hacer un proyecto, ¿ah, no puede ser? Entonces preséntame tu renuncia, ya vendrá otro que sí lo haga’. Están sujetos en el cargo a esa condición.
“He dicho que una instrucción, una orden presidencial, un proyecto de esta magnitud, nos guste o no, se asume. Y las cosas se han complicado más con la intervención de las fuerzas armadas”.
Uno de los problemas que igualmente señala son los tiempos políticos, porque la urgencia por cumplir con ellos tampoco ha permitido una discusión académica y científica del proyecto. No sólo en el aspecto de conservación del patrimonio, también debe haberlo en la administración de los recursos:
“Creo que en estas circunstancias ayuda más señalar los puntos débiles porque, y con esto termino, nos estamos acercando a la coyuntura donde vuelve a plantearse otra vez el futuro de la política cultural, a darse el movimiento de piezas sobre quién va a la Secretaría y la repartición de los panes institucionales, y volveremos a vivir el mismo círculo”.
