El mismo día que se conmemoró el Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la mayoría panista en el Congreso de Guanajuato mandó al archivo una propuesta para crear la Ley para la Diversidad Sexual que pretendía, entre otros aspectos, la conformación dentro de la administración estatal de una instancia especializada en la atención a la comunidad de la diversidad sexual.
En el marco del 17 de mayo, el reconocimiento a la comunidad LGBT+ por parte del Legislativo local se limitó a iluminar el edificio con los colores de la bandera de arcoíris; sin embargo, se han negado reformas legales para el avance en el reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario y la identidad de género.
Con el voto en contra de Katya Soto, Briseida Magdaleno y Melanie Murillo, las tres panistas que conforman la Comisión de Derechos Humanos, Acción Nacional rechazó crear la Ley para la Diversidad Sexual que fue propuesta en junio de 2020 por la bancada del Partido Verde Ecologista de México.
A favor de crear una ley específica para atender las necesidades de la comunidad LGBT+ en Guanajuato únicamente se manifestaron el presidente de la comisión, el morenista David Martínez Mendizábal, y el priísta Gustavo Adolfo Alfaro. Sólo resta que el dictamen pase a pleno, donde el PAN tiene 21 de los 36 votos, para enviarlo al archivo definitivo.
La propuesta de ley contempló la definición de un glosario progresista que serviría de referencia para orientar la actuación del Estado cuando trate de diferentes géneros y orientaciones sexuales en vínculo con los derechos humanos de las personas; además, la generación de programas y actividades para la atención de personas de la diversidad sexual en el corto, mediano y largo plazos, incluyendo a la sociedad.
“Actualmente la discriminación estructural en contra de las personas de la diversidad sexual hace que visibilizar sus derechos revista importancia fundamental”, expuso el diputado David Martínez para defender la creación de la nueva ley estatal.
El Congreso de Guanajuato se ha mantenido renuente a reconocer los derechos de todas las personas y conserva en la legislación local disposiciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionales, como que el matrimonio es la unión de hombre y mujer, o el reconocimiento del derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Mediante amparos es que activistas han conseguido avances para la comunidad LGBT+, como el caso de la organización Amicus que promovió los recursos legales ante la negativa de la mayoría de las diputadas y diputados a destinar un presupuesto específico para atender las necesidades de las personas de la comunidad de la diversidad.
