Uno de los proyectos más controversiales de la actual Administración Pública Federal es la propuesta para descentralizar algunas de sus Instituciones y si bien este proceso se planteó con el objetivo de buscar que la económica de cada región se fortaleciera y con ello abatir la desigualdad y la pobreza poco se logrará si no se consideran los movimientos migratorios de los servidores públicos y los impactos que dejarán en las ciudades y zonas metropolitanas receptoras en el país.
Cuando hablamos de procesos de descentralización se tiene que considerar que para que sean exitosos los aspectos económicos tienen que ser considerados, de nada servirá hacer el cambio en el lugar de trabajo si no viene adjunto a ello una política pública económica que considere cómo incidirá en las ciudades receptoras y en la población que las habita el proceso de descentralización, los cambios de residencia y hasta dónde estos cambios impactarán la vida cotidiana de los actuales residentes.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), principal institución que investiga los procesos de descentralización deja en claro, a lo largo de sus aportaciones en diversas investigaciones que, sin una política económica integrada, los procesos de descentralización sólo son procesos de desconcentración de las actividades humanas, y aunque la descentralización forme parte de la vida democrática de un país de nada sirve relocalizar las actividades gubernamentales si no se cede y traslada la autonomía de las instituciones involucradas y se desconcentra el poder (Boiser,1990).
Así la desconcentración del poder es una variable más a considerar para que un proceso de descentralización sea exitoso. Para otros autores como Francisco Alburqueque (2004) el territorio y el desarrollo económico local son factores que se verán impactados de manera positiva o negativa al incentivar los procesos de descentralización al relocalizar las actividades económicas en territorios distintos al que tienen actualmente.
En este caso se trata de la mudanza de poco más de un millón cien mil servidores públicos (INEGI,2021), los cuales no migrarían solos, son ellos y sus familias los que estarán relocalizándose en ciudades y zonas metropolitanas distintas a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), razón por la cual se considera que saldrán de esta urbe por lo menos 4 millones de habitantes, lo que equivaldría a que se mudaran todos los habitantes de las demarcaciones territoriales más pobladas de la Ciudad de México como los son la alcaldía Iztapalapa y Gustavo A Madero.
El mayor impacto que recibirían las ciudades y zonas metropolitanas que recibirían migrantes tiene que ver con la vivienda. El número de viviendas que se desalojaría es equivalente al número de servidores públicos migrantes. Así la ZMCM tendría más de un millón de viviendas deshabitadas y en las urbes receptora se necesitaría este mismo número de viviendas. Es decir, el millón cien mil viviendas que se ocupan actualmente en la Ciudad de México las cuales son habitadas por lo servidores públicos tendrían que ser localizadas en las ciudades mexicanas que recibirían a las Instituciones de la Administración Pública Federal que se decida mover, esto, por tanto equivaldría a buscar vivienda nueva o usada en las ciudades que dé cabida a los migrantes interestatales.
El principal impacto que tendrían las urbes receptoras podría ser la expansión de las ciudades y un mayor consumo de suelo disponible para vivienda y si bien se ha discutido que muchas de las ciudades receptoras cuentan con vivienda deshabitada y en alquiler que pueden alojar a los migrantes, se desconoce el estatus legal que guarda cada unidad habitacional, y por tanto, si existe la posibilidad de que sean habitadas de forma inmediata.
¿Qué podría suceder ante un movimiento migratorio tan importante por su número? que se opte por la construcción de vivienda nueva en grandes complejos residenciales en la periferia de las ciudades o en zonas que cuenten con suelo disponible, y con ello, como se mencionó, se dé una mayor expansión metropolitana al ocupar más suelo urbanizable.
El análisis de la vivienda deshabitada es contundente. Según los datos obtenidos y analizados del Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020 las zonas metropolitanas receptoras con mayor porcentaje de vivienda deshabitada son Pachuca, Veracruz y Morelia, mientras que las zonas metropolitanas con mayor número de viviendas en alquiler son Tijuana, Puerto Vallarta y Querétaro. La complejidad del fenómeno de la vivienda deshabitada a trastocado no sólo el patrimonio de miles de familias que vieron truncados sus sueños de tener una vivienda propia para habitar sino también, ha dejado problemas de inseguridad en dichos complejos habitacionales.
Aunado a esto se daría un impacto en el mercado inmobiliario de la vivienda en alquiler, ante un aumento en la demanda de este tipo de viviendas el precio mensual de renta también podría encarecerse provocando con ello que las familias que en la actualidad residen en este tipo de unidades sean expulsadas hacia zonas más alejadas o en la periferia, o bien que no encuentren opciones asequibles dentro de los barrios y colonias en los que les gusta o necesiten residir.
Sin una política transversal y multidisciplinar el proceso de descentralización tendería solo a ser un proceso de desconcentración. Se requiere una planificación estratégica de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para poder dotar y cubrir las necesidades básicas de los migrantes y lograr con ello el menor impacto en las urbes y en la población que reside actualmente en cada ciudad.
No solo se requiere vivienda para los servidores públicos que migren, se requiere también servicios públicos como lo son el agua potable, drenaje, electricidad, recolección de basura, nuevos espacios en escuelas y universidades para los hijos de los servidores públicos, así como nuevos espacios laborales para las parejas que migren con ellos y todos aquellos comercios y servicios necesarios para la vida cotidiana.
Como se mencionó, sin una planeación estratégica y políticas públicas transversales los cambios que se pretenden hacer desde el Ejecutivo Federal difícilmente podrían catalogarse como exitosos y de menor impacto para los mexicanos.
ale_nv@msn.com
Alburqueque, F. (2004). Desarrollo económico local y descentralización en América Latina. Revista de la CEPAL, 157-171.
Boiser, S. (1990). La descentralización: un tema difuso y confuso. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacion Económica y Social, 1-38.
INEGI. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
INEGI. (2021). Censo Nacional de Gobierno Federal 2021. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: https://www.inegi.org.mx/programas/cngf/2021/
