Del 28 de abril al 1 de mayo alcaldes de la Tierra Caliente, legisladores y funcionarios guerrerenses, así como burócratas y pequeños empresarios realizaron un insólito bloqueo de sus propias cabeceras municipales, en protesta contra los operativos de la Fiscalía General del Estado. Supuestamente exigían también ayuda ante amenazas y presiones del grupo delictivo Los Tlacos, rivales de la Familia Michoacana, que predomina en la región hasta el punto de imponer autoridades y los precios de productos básicos.
A fines de abril y principios de este mes la Tierra Caliente de Guerrero vivió hechos inusitados: en siete municipios sus propias autoridades, apoyadas por legisladores de sus partidos (PRI, PRD y Morena) e incluso por funcionarios del gobierno de la morenista Evelyn Salgado, bloquearon accesos y salidas de las cabeceras durante tres días, en los que se mantuvo aislada a la población.
La protesta ocurrió en el corazón del dominio de la Familia Michoacana (FM) en el estado y terminó después de una reunión de la gobernadora con los funcionarios, en la que se tomaron acuerdos que se mantienen ocultos, pero que sirvieron para bajar la tensión que estos municipios viven por la pugna entre la organización michoacana y el grupo delictivo de Los Tlacos.
En términos oficiales, estas autoridades (siete de los nueve alcaldes de la región) estaban hartos “de abusos” de la Fiscalía General del Estado (FGE) e incómodos por los operativos de esta instancia en la zona, particularmente por el que resultó en el aseguramiento de vehículos de lujo señalados como propiedad de la FM.
“La presencia de la Familia Michoacana es innegable en la Tierra Caliente. Sus raíces son profundas, que resultan casi imposibles de erradicarlas. Son tantas”, dice un hombre originario de la región que, por cuestiones profesionales, se mueve entre Chilpancingo, capital del estado, y Tierra Caliente. Le tocó pasar el bloqueo en su región, desde la tarde del viernes 28 de abril hasta la tarde del lunes 1 de mayo, porque la protesta le impidió salir.
La presencia de la Familia Michoacana en la Tierra Caliente está documentada en los informes del gobierno federal. Cuando era subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja señaló a ese grupo criminal como responsable de la masacre del 5 de octubre de 2022, en San Miguel Totolapan, donde asesinaron a 20 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda.
El 27 de abril, un día antes de estos eventos, las autoridades municipales se reunieron con Evelyn Salgado en la sede del 34 Batallón de Infantería, en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, donde -según información obtenida por Proceso- le pidieron ayuda a la gobernadora ante las presiones que les hicieron Los Tlacos, rivales de la FM que operan en las zonas mineras de la región Centro.
Una persona que estuvo en esa reunión -de la que oficialmente se omitieron los detalles- dijo que la gobernadora les reclamó a los alcaldes la presencia de otro grupo criminal en la región, que les imponía hasta los precios de los productos básicos, actividades que se asume son controladas por la Familia Michoacana.
La información oficial en la mayoría de los temas es escasa, sobre todo los que tienen que ver con violencia e inseguridad. Del caso de Tierra Caliente sólo hubo dos comunicados con generalidades que hablan de la disposición de diálogo de ambas partes, pero nada del fondo que los llevó a reunirse: el acoso de grupos criminales.
Una versión de lo que ahí se habló la dio el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario, en su protesta desde el puente Riva Palacio, en el camino que conecta Guerrero con Michoacán, donde encabezaba uno de los bloqueos:
“Solamente recibimos por parte de la fiscalía atropellos, señalamientos hacia los diferentes presidentes, hacia toda la gente que estuvimos pidiendo el apoyo de la gobernadora”, dijo al hablar de esa primera reunión.
El otro episodio fue el decomiso de autos de lujo -entre ellos un Lamborghini- que hizo la FGE el 28 de abril en una bodega de la colonia Tierra Blanca, Ciudad Altamirano, cuya propiedad se atribuyó a miembros de la FM. Los autos fueron trasladados a Chilpancingo el martes 2, al día siguiente de que se levantaron los bloqueos, en una caravana de la fiscalía fuertemente resguardada.
Control
Los bloqueos del 28 de abril en los accesos a las cabeceras municipales los comenzaron transportistas, se les sumaron los alcaldes y sus equipos, y legisladores, pero también llegaron maestros, personal de salud y comerciantes.
Participaron el alcalde perredista de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; la morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; los priistas de Arcelia, Bulmaro Torres Berrum; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Goicochea; la de Cutzamala, Mayté Lucero Arce Jaimes, y el de Pungarabato.
El perredista de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacio, se sumó después. También apoyó al diputado local del PRI, Adolfo Torales Catalán. La diputada local del PRD Elzy Camacho Pineda y el legislador federal del PRI Reynel Rodríguez Muñoz también respaldaron las acciones a través de comunicados.
El grueso de los actores políticos y sociales de la región estuvo ahí para crear una contención en defensa y protección de los intereses de un grupo que se mueve en la criminalidad y que dicta las reglas económicas y políticas de la región.
Participó también de esos actos el delegado de Servicios Educativos en Tierra Caliente, Taurino Vázquez Vázquez.
Habitantes denunciaron que el director del Hospital General de Coyuca de Catalán, Jexzael Sánchez Martínez, obligó al personal a acudir a los bloqueos. La jefa de ese funcionario es la titular de la Jurisdicción Sanitaria 01 de Tierra Caliente, Amalia Mora Eguiluz, exalcaldesa de Tlapehuala y hermana de la actual alcaldesa que participó directamente en los cierres de carreteras.
La familia Mora Eguiluz, de Tlalchapa, se han mantenido en los cargos públicos durante los últimos años. Ya fueron alcaldes los padres de ambas, Martín Mora y Guadalupe Eguiluz, y otra de las hijas, Celeste Mora, diputada local y secretaria de despacho.
La delegada estatal en Tierra Caliente, María Asunción Santamaría Jiménez, dijo en un video que circuló en redes sociales que ella acudió a los bloqueos y ayudó a los asistentes con víveres.
Un poblador de la zona, cuya identidad se reserva, dijo que se comunicó con el alcalde de Coyuca de Catalán para cuestionar su participación en la protesta y que éste sólo respondió: “¿Y qué quieres que haga?”.
La comisaria municipal de El Durazno, Azucena Rosas García, asegura que el alcalde de Coyuca de Catalán actúa como un subordinado de la Familia Michoacana.
Cuenta que el año pasado tuvieron un conflicto en su pueblo porque el médico del centro de salud fue amenazado por gente de Timoteo García Valerio, El Garrobo, quien poco antes llegó a la comunidad como representante de la FM y levantó una casa de madera en una de las entradas del pueblo para vigilar y regular el flujo de los habitantes.
Otra vecina acudió al grupo criminal para acusar a un médico de negarse a atenderla. La comisaria denunció que, para expulsar al médico, lo señalaron de matar a un niño.
Para evitar que el médico se fuera o al menos garantizar que les enviaran otro, Rosas García hizo trámites ante la Jurisdicción Sanitaria 01 de la Tierra Caliente. Proceso tiene copia de ese documento, en el cual la comisaria expone que los señalamientos contra el médico son falsos; llevaba 11 años en la comunidad, pero se fue después de la amenaza.
Cuando la comisaria se comunicó con el alcalde de Coyuca de Catalán para pedirle ayuda, él contestó que se comunicaría con el “jefe” de El Garrobo y después le avisaría. Más tarde el alcalde le comunicó la respuesta: “Me dice el jefe de esta persona, que ese fulano (El Garrobo) ya se va a quedar en El Durazno, que ese es el que va a mandar en El Durazno”.
