Mandatario usualmente asesorado en temas económicos y sociales por el gobierno lopezobradorista, Pedro Castillo, ahora expresidente de Perú acusado de corrupción, vivió el pasado miércoles 7 una estrepitosa caída, pese a los esfuerzos del embajador mexicano, Pablo Monroy –acusado de injerencista en la nación sudamericana–, por evitar que el Congreso local lo destituyera por “incapacidad moral permanente”… lo que a la postre ocurrió. Ahora, Dina Boluarte es quien ejerce la presidencia peruana.
Desde que el profesor rural y dirigente sindical izquierdista Pedro Castillo se convirtió en presidente de Perú, en julio de 2021, la posibilidad de que acabara de manera anticipada su mandato de cinco años era un tema recurrente en los círculos políticos del país.
Su triunfo electoral se dio por un margen muy estrecho –apenas 0.25 puntos por arriba de la derechista Keiko Fujimori–; tenía en contra a la mayoría del Congreso y medio país lo percibía como un comunista que buscaba estatizar sectores clave de la economía, como el minero.
Desde que Castillo tomó posesión, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le brindó un firme apoyo político y asesoría económica y en el área social. En diciembre del año pasado viajó a Lima el secretario de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O, al frente de una delegación que incluía a funcionarios de la Secretaría del Bienestar.
“Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto no es sólo apoyar al presidente surgido de un movimiento popular, que es un dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana, viene de las comunidades pobres”, dijo López Obrador el 13 de diciembre de 2021 al anunciar el viaje de Ramírez de la O para recomendar medidas contra la inflación.
Seis días antes Castillo había sorteado un primer intento de destitución en el Congreso, intento que no prosperó por falta de los votos necesarios pero que revelaba la fuerte oposición política que enfrentaba el inexperto mandatario surgido del movimiento magisterial en el norteño departamento de Cajamarca.
Este año el presidente mexicano designó como su embajador en Perú a Pablo Monroy, un diplomático de carrera que pronto tuvo acceso al primer círculo de colaboradores de Castillo y que desarrolló una intensa agenda de encuentros con congresistas.
El pasado martes 6, la congresista izquierdista Sigrid Bazán, quien defendía a Castillo, subió a su cuenta de Twitter fotos con Monroy durante una visita a ollas comunes del distrito limeño de Rímac. En una de las fotos, varias mujeres muestran pancartas en las que le dan la bienvenida al diplomático, quien ha sido acusado por la oposición de “intervencionista”.
El politólogo peruano Carlos Meléndez dice a Proceso que Monroy hace “activismo” con dirigentes de la izquierda de Perú y mantiene “cercanía con congresistas con los que se ha reunido en reiteradas oportunidades (en la misma sede del Legislativo), sobre todo en los últimos días y semanas”.
De acuerdo con Meléndez, el embajador mexicano buscaba tender puentes con dirigentes de izquierda que podrían ayudar a Castillo a rechazar la moción de vacancia que finalmente provocó su destitución por parte del Congreso el miércoles 7 por “incapacidad moral permanente”.
El doctor en ciencia política de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, señala que el hecho de que un embajador asista a actos proselitistas, como el de Bazán, es “intervención en política interna” y va contra el principio de no intervención que enarbola López Obrador.
En todo caso, las gestiones del embajador se quedaron cortas pues Castillo fue destituido por el Congreso con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones. Horas antes, el aún presidente había decretado la disolución del órgano legislativo, lo que de acuerdo con la periodista peruano-mexicana Lourdes Pallais fue “un tiro en el pie” que le acabó por costar el cargo.
Tras conocer que los legisladores lo habían destituido, Castillo, su esposa Lilia Paredes y su hija menor de edad, Alondra, abandonaron el Palacio Presidencial y se trasladaba en vehículos oficiales a la embajada de México para pedir asilo político, pero la caravana fue interceptada por comandos de la policía y sus propios escoltas lo entregaron.
López Obrador dijo en su mañanera del jueves 8 que el propio Castillo se comunicó por teléfono a su oficina para avisar que iba hacia la embajada, “pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono” y la policía peruana sabía que si llegaba a la sede diplomática pediría asilo.
La noche del miércoles 7 Castillo fue recluido en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la policía, hasta donde llegó horas después a visitarlo el embajador Monroy.
Un presidente débil
Para el politólogo Carlos Meléndez, la caída de Castillo es la continuación de la crisis institucional que arrastra Perú desde 2016, cuando fue electo como presidente Pedro Pablo Kuczynski en una reñida elección; éste acabó por renunciar al cargo en marzo 2018, cuando el Congreso se disponía a debatir una moción de censura en su contra.
Dos años y ocho meses después, en noviembre de 2020, el parlamento destituyó al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, la misma figura empleada para separar del cargo a Castillo.
De acuerdo con Meléndez, Castillo puso mucho de su parte para acabar cesado por el Congreso y detenido por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Esto, por su “intentona golpista” al decretar la disolución del Congreso.
Para los observadores políticos en Perú es un misterio el cálculo que hizo Castillo para apostar por la disolución del Legislativo porque, a juzgar por los resultados, carecía de apoyo para optar por una medida de ese calibre.
Minutos después de anunciar esa decisión en cadena nacional, sus propios ministros comenzaron a renunciar en cascada, desde sus cercanos Alejandro Salas (Trabajo) y Félix Chero (Justicia) hasta la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y el canciller César Landa. Todos acusaron a Castillo de romper el estado de derecho y el orden constitucional.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que sostuvieron que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución” y no lo acatarían.
Aunque en algunas regiones de provincia se produjeron pequeñas marchas de apoyo a Castillo, fue mayor el repudio al llamado “autogolpe”.
De acuerdo con el politólogo y abogado Patrick Pérez, el expresidente probablemente esperaba, “muy ingenuamente”, que se produjera una movilización popular a su favor en todo Perú, lo que “nunca iba a ocurrir”.
“Es tan mal planificador –señala–, tan incompetente, que ni siquiera planificó satisfactoriamente su traslado a la embajada de México en Lima”.
Todos los frentes abiertos
En sus 16 meses en el cargo Castillo mantuvo una ríspida relación con la oposición y acabó peleado con su propio partido, el izquierdista Perú Libre; lidió con una alta desaprobación, de más de 60%, según varias encuestas. Además, reestructuró su gabinete cinco veces y realizó más de medio centenar de cambios de ministros, lo que muestra un caos y escasa gobernabilidad.
Meléndez dice que la diferencia con anteriores caídas de presidentes en Perú es que Castillo “es un político radical y amateur, y esa es la peor combinación posible para poder resolver la crisis que viene desde 2016”.
Castillo, dice el sociólogo, “no cayó por tratar de instalar un régimen comunista, como decía la oposición, sino por corrupto y por tratar de convocar una Asamblea Constituyente a pesar de saber de su escaso apoyo político”.
El destituido presidente es acusado por la Fiscalía de liderar “una organización criminal” en su gobierno que incurrió en delitos como tráfico de influencias, colusión, obstrucción a la justicia y obtención de ganancias ilícitas. Testigos han dicho que Castillo recibía recursos millonarios producto de la corrupción, lo que según el exmandatario “no tiene ningún fundamento”.
La Fiscalía, que presentó esas acusaciones ante el Congreso, involucra en esa red a su esposa Lilia Paredes, a su cuñada Yenifer Paredes –hoy presa–, a exministros que habrían otorgado contratos a empresarios a cambio de sobornos, a varios sobrinos del expresidente, a congresistas y a altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía que habría pagado por sus ascensos.
Meléndez dice que hay serios indicios de todos esos cargos, lo que se junta con su inexperiencia política. “Castillo nunca consiguió construir una base ‘castillista’ –dice el analista– porque 25 o 30% de peruanos que respaldaba su gestión en realidad detestan al Congreso (que tiene 80% de desaprobación en las encuestas), detestan a la clase política de siempre. Él no era una amenaza para la democracia por ser de izquierdista radical, como decía esa clase política, sino por ser corrupto, y eso causó su fin anticipado”.
El profesor de ciencia política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Dargent, considera que Castillo fue víctima “de su precariedad, de su incapacidad de hacer alianzas, de sus malas designaciones (de ministros), de su radicalismo clientelar y de sus corruptelas”.
