Veneranda Mendoza
Amnistía Internacional (AI) lanzó una Acción Urgente para instar a la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) a emitir una disculpa pública y garantizar plenamente los derechos a la justicia y a la reparación integral del daño de las víctimas de feminicidio en la entidad y sus familias.
El llamado, que constituye una herramienta utilizada para dar a conocer a la opinión pública, autoridades y medios de comunicación situaciones violatorias de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, con la finalidad de obtener respuestas inmediatas, tiene su origen en la cancelación de la emisión de la excusa prevista originalmente para mediados de noviembre de este año.
“El miércoles 16 de noviembre de 2022, en un hecho sin precedente, la FGJEM canceló una disculpa pública que daría ese día a cuatro familias de víctimas de feminicidio precedido de desaparición”, planteó el organismo.
Tras de la cancelación, la Organización No Gubernamental (ONG) recordó que emprendió diversas acciones para que la FGJEM reconozca sus errores y otorgue públicamente su enmienda, entre ellas una Acción Urgente a través de la que se convoca a afectados y habitantes en general a suscribir el llamado.
La exigencia se desprende de la investigación realizada por la ONG en los casos de desaparición y feminicidio de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015, cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada en 2018.
El organismo concluyó en 2021 que “las autoridades no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos, no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas y no realizan pruebas o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios”.
También encontró que son las familias, sobre todo las mujeres, quienes asumen “el liderazgo de las investigaciones”, las costean con sus propios recursos, y con ello suplen las fallas de las autoridades, quienes “no siempre examinan todas las líneas de investigación”.
Por si fuera poco, comprobó que “las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención a sus superiores”; y los funcionarios “no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres”.
Las autoridades, acota AI en sus resultados, “no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a la sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para realizar algunas tareas”.
Estas deficiencias, advierte, se traducen en “una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, la integridad, la protección judicial de las familias de las víctimas y el acceso a la justicia”, por lo que recomendó reconocerlas y solventarlas.
Además, plantea que no son exclusivas de los casos investigados, sino una generalidad en los feminicidios investigados por la Fiscalía mexiquense.
