- Personas con discapacidad se enfrentan a varias barreras para emitir su voto
- Aunque instituciones tengan la obligación de implementar medidas inclusivas, hacen lo posible por evadirlas
La discapacidad fue el tema que se abordó en la segunda mesa del foro Hablemos de Reformas Electorales Desde lo Local en donde estuvieron presentes varios activistas. Al inicio de este, el diputado Emanuelle Sánchez Nájera se disculpó con los integrantes de la mesa pues las instalaciones del Congreso del Estado, en particular del auditorio Pedro García Rojas, no está adaptada para personas de todo tipo de movilidad.
El legislador, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, inició su intervención señalando que, la mayoría de los grupos vulnerados han logrado tener un avance en el respeto a sus derechos a través de sentencias y litigios estratégicos y es por esta vía en donde se ha logrado una mayor inclusión para personas con discapacidad.
El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que está prohibida la discriminación bajo ninguna circunstancia, sin embargo, no hay en la aplicación de la ley no hay garantía de que esto pueda ser una realidad para todos, en donde todos puedan acceder a una vida integral.
Recordó que, para favorecer este sector de la sociedad, se presentó una iniciativa en donde se obligue a todos los entes públicos a tener un mínimo del 5% de personas con discapacidad en su nómina.
En este sentido, señaló que no existe siquiera un marco estadístico que permita conocer cuántas personas laboran en el sector público. Para garantizar que esta norma sí se aplique de forma adecuada, proponen también la creación de un ente que genere este tipo de estadísticas y así tener fundamentos suficientes y obligar a las instituciones a que cumplan con lo establecido en la ley.
En materia electoral, señaló que hay una deficiencia cívica y, aunque tengamos la obligación ética y moral, generalmente desde la administración pública y en partidos políticos se busca la manera de evadir el cumplimiento de normas inclusivas.
Consideró que es fundamental que se adopten medidas para comunicarse de forma más efectiva con todos los sectores de la población, por ejemplo, el tener disponible la documentación en todas los idiomas que sean necesarios, de manera auditiva para débiles visuales o utilizando plantillas.
Señaló también la importancia de regular el voto anticipado para que una barrera arquitectónica no sea el motivo por el que una persona para personas con discapacidad no pueda emitir su voto. Reconoció que una de los limitantes son aspectos presupuestales.
Alejandro Solís Hernández, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local, señaló que el INE ha contribuido con acciones afirmativas, medidas de inclusión, y nivelación para garantizar a las personas a participar de manera activa en condiciones de igualdad.
Recordó que la Encuesta Nacional de Cultura Cívica realizado por el INEGI, revelan que el 68.3% de las personas mayores de 15 años considera que la discapacidad es uno de los motivos más importantes de discriminación. También el 69.2% consideró que la mejor forma de gobernar un país es tener espacios en donde todos participen en la toma de decisiones.
Es la organización y las estructuras sociales las que excluyen a las personas que tienen dificultad para moverse o comunicarse. En la caracterización de personas con discapacidad, hay que tomar en cuenta el cuerpo, el entorno inmediato y la familia como parte del proceso socializador que puede entorpecer o facilitar la integración de los mismos.
En materia electoral, la discriminación restringe la participación política de personas y vulnera sus libertades, situación en la que se encuentran personas con discapacidad. Dichos tratos discriminatorios se dan todas las etapas del proceso que inician desde las dificultades para obtener una credencial para votar, seguidos por problemas de administración y organización electoral, impedimentos para ser partes de la gestión y desarrollo hasta procedimientos o el uso de materiales que impiden una correcta comunicación.
Agregó que en el último proceso electoral se tuvo una prueba del voto piloto en donde se le facilitaba el voto para personas que estuvieran postradas por cuestiones de salud. En este participaron 84 mujeres y 44 hombres.
Dijo que prevalece también el uso del lenguaje inadecuado para referenciar a los discapacitados pues señaló que dentro del artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que no pueden ingresar a las casillas aquellas personas que estén privadas de sus facultades mentales, intoxicadas o armadas.
Enfatizó que es indispensable que el INE y organismos electorales locales públicos adopten medidas concretas e inmediatas para eliminar las prácticas discriminatorias por razones de discapacidad.
Jesús Iván Villaseñor, excandidato para regidor de mayoría relativa en Jesús María, coincidió en que el litigio estratégico es fundamental para el avance de los derechos. Reconoció que la Ley de Integración para Personas con Discapacidad fue un parteaguas para que se trabajara para el derecho electoral.
Consideró que el voto anticipado es un aspecto que podría ser delicado y, por lo tanto, es necesario que tenga una regulación adecuada pues de lo contrario podría convertirse en un cheque al portador para los partidos políticos.
María de Jesús Salas Carrasco, vicepresidenta del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, señaló que la importancia de que se escuchen las necesidades de los discapacitados de primera mano y sean ellos quienes propongan cambios que les afecte directamente, pues muchos funcionarios, aunque dicen ser sensibles con la causa, en la práctica se olvidan de ellos.
Dora Hernández, activista de la sociedad civil, señaló que lo que la mayoría de las personas discapacitadas busca es una mayor certeza laboral. “Ya basta de que los políticos nomás nos utilicen para la foto, tenemos las mismas capacidades que todos, solo que para buscarlo necesitamos tener más ingenio” comentó.
