Las reformas electorales no sólo existen desde comienzos de la democracia mexicana, también le han dado cauce. Las leyes que regulan los procesos para elegir autoridades se han ajustado a las circunstancias políticas, sociales y económicas del país. Gracias a estos cambios, el sistema político dejó atrás el Estado autoritario y el partido hegemónico para enfilarse hacia la democratización; en ese trayecto, el país transitó de una institución política dominante a un pluripartidismo que, con sus asegunes, propició la competencia electoral, la división de poderes y la alternancia en el ejercicio del poder. Además, alejaron al gobierno del control de las elecciones e incrementaron la participación de la ciudadanía en su organización.
Desde los años cuarenta, se han promulgado 14 reformas electorales de las cuales ocho se consideran fundamentales. En 1963 se legisló por primera vez la participación de las minorías políticas en el Poder Legislativo, acaparado por el PRI. En 1977 se elevó a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público y se creó del sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados, además de que se conformó la Comisión Federal Electoral que adquirió ciertas funciones electorales que, previamente, recaían sobre la Secretaría de Gobernación. Antes de este cambio en las reglas, la celebración de elecciones tenía como único propósito legitimar candidaturas que enfrentaban poca o nula competencia en las urnas. El Presidente de la República era jefe del gobierno y del partido en el poder al mismo tiempo, y de él dependía el reparto de espacios parlamentarios para la clase política.
Para 1987, se duplicó el número de espacios plurinominales y, aunque trató de limitarse la creación de partidos, dos años después el PAN ganó por primera vez una gubernatura: la de Baja California. El Poder Ejecutivo continuó como encargado de organizar, vigilar y validar las elecciones hasta 1990, cuando se constituyó el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que, no obstante, continuó sujeto a la vigilancia de la Secretaría de Gobernación hasta 1994, cuando se suprimió su participación con una reforma orientada a fortalecer la mayor equidad, imparcialidad y limpieza en las elecciones. Luego de tres años, se fijaron límites de representación en la Cámara de Diputados, se incorporaron 32 “pluris” al Senado y se reconoció la figura de agrupaciones políticas nacionales. Una década más tarde, en 2007, se estableció el modelo de comunicación política que rige en la actualidad. En 2014, se consagró el principio de paridad de género en la carta magna y las leyes electorales, se avaló la reelección en cargos legislativos y se distribuyeron las tareas electorales entre el recién creado Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales de las entidades federativas.
De manera progresiva, se han multiplicado las opciones políticas, y establecido una sana distancia entre la función electoral y el poder político, bajo la consigna de asegurar que la voluntad popular se refleje en el resultado de los comicios. El presidencialismo fue acotado por el Congreso y por un sistema de partidos plural que actúa como contrapeso. Se limitó la intervención del gobierno en las campañas y las tareas electorales se ciudadanizaron lo que dio pie a la profesionalización del personal que labora en los organismos electorales.
El 28 de abril, Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados que, a través de la modificación de 18 artículos constitucionales, propone un golpe de timón al sistema electoral al que nos hemos dirigido durante los últimos sesenta años. El proyecto legislativo del Presidente de la República se sustenta en la plataforma electoral de Morena -partido que lo llevó al puesto- teniendo como principales ejes la austeridad y el combate a la corrupción en el relevo de autoridades. Tras meses navegando en la agenda pública, el pasado 25 de octubre la discusión inició formalmente en la Cámara de Diputados, donde las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación y Población, comenzaron el análisis de la propuesta presidencial y otras 103 iniciativas en la materia, rumbo al consenso de un dictamen que estaría presentándose a fines de noviembre.
Entre las propuestas del Poder Ejecutivo destaca la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que conservaría la mayor parte de sus atribuciones, salvo la conformación del padrón electoral, lo que implica que el empadronamiento y la expedición de credenciales de elector regresen a manos del Gobierno Federal. Contempla, además, la extinción de institutos y tribunales electorales en los estados, para concentrar la organización y litigio de las elecciones en el ámbito federal. También plantea elegir consejerías y magistraturas electorales por medio del voto. Propone la eliminación del principio de mayoría relativa en el Legislativo federal, así como la reducción de las dos cámaras del Congreso de la Unión, los congresos locales, concejalías y ayuntamientos. La iniciativa incluye un recorte al financiamiento público destinado a cubrir el gasto ordinario de partidos políticos, manteniendo sólo el presupuesto destinado a campañas en años electorales, lo que podría reducir la oferta electoral. También prevé la votación por medios electrónicos.
El cambio de reglas electorales ha sido una constante desde que se inició el proceso de transición democrática en México. Sin embargo, en ciertos aspectos, la propuesta presidencial parece ir a contracorriente de las reformas que anteceden. Por ejemplo, al reabrir la puerta al gobierno a ciertas funciones electorales, volver al centralismo territorial en la organización de comicios y excluir a los estados de los procesos. Otro cambio brusco tiene que ver con los criterios para seleccionar al funcionariado electoral, inclinándose hacia perfiles populares y políticamente rentables, aunque no necesariamente cuenten con capacidades profesionales. De igual modo, se perfila a compactar la oferta política lo que, aunado a los cambios al modelo de representación legislativa, podría resultar en una nueva hegemonía partidista en el Ejecutivo y el Congreso de la Unión. De aprobarse en las próximas semanas, la nueva legislación se estrenaría en la votación presidencial de 2024, a diferencia de las reformas electorales de los últimos 25 años, las cuales solían entrar en vigor en comicios intermedios.
En materia político-electoral, es innegable la necesidad de ajustar las coordenadas en aquellos aspectos en los que la norma se ha visto rebasada. Las áreas de oportunidad deben ser analizadas periódicamente con miras a mejorar la calidad con que se organizan los comicios federales y locales, así como los ejercicios de participación ciudadana. Por este motivo, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes llevará a cabo el foro “Hablemos de Reformas Electorales desde lo Local” para dialogar, los próximos 14 y 15 de noviembre, sobre probables virajes que en el ámbito local se requieran en educación y cultura cívica, rendición de cuentas y transparencia, violencia política de género, acciones afirmativas, entre otros temas.
