De 2017 a 2021, el gobierno estatal entregó apoyos en especie a organizaciones populares y a asociaciones civiles sin apego a la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes ni a las reglas de operación; tampoco se transparenta el uso y destino de los recursos públicos, especie y monetarios, que ejercen estas organizaciones.
Durante la gestión estatal del panista Martín Orozco Sandoval, concluida el 30 de septiembre de este año, se entregaron despensas a organizaciones populares y se asignaron subsidios económicos a asociaciones civiles sin apego a la normatividad local de fomento ni a los requisitos establecidos en las reglas de operación, entre 2017 y 2021.
En este proceso de otorgamiento de apoyos también hubo negligencia en la sistematización de la información, desvío de recursos, y opacidad respecto al uso y destino de los recursos públicos ejercidos por las organizaciones civiles, ya que el gobierno estatal no publica en las plataformas de transparencia la totalidad de los convenios ni los informes que entregan o deben entregar las asociaciones para demostrar que los apoyos monetarios y las despensas recibidas se aplicaron conforme a su proyecto y objeto social.
Académicos, expertos en derecho fiscal y administrativo, así como directivos de asociaciones civiles, han coincidido en que estas irregularidades detectadas dañan la confianza y la credibilidad de las organizaciones de la sociedad civil que componen al tercer sector del país.
Tanto organizaciones civiles como servidores públicos podrían haber incurrido en desvío de recursos, responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales, de comprobarse las irregularidades detectadas.
Son estas organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro quienes delimitan sus objetivos para apoyar a los diversos sectores de la población en situación de vulnerabilidad social, económica, alimenticia, educativa o médica. Los apoyos en especie o subsidios económicos de la administración estatal son una de las vías para lograr sus objetivos.
Cada año de la recién concluida administración estatal de Aguascalientes, se asignaban subsidios económicos, apoyos en especie (en su mayoría productos alimenticios) y capacitación a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), a través de programas sociales dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social de la administración estatal. Configurado desde 2018, el programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil se rige con la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes (LFOSCEA) y las reglas de operación que se emiten cada año. Es en este programa donde se han detectado diversas irregularidades en la comprobación de los recursos públicos que se traducen en posibles responsabilidades administrativas y penales, según experto en temas de gestión y gobierno.
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La opacidad
Al consultar información referente a las organizaciones de la sociedad civil beneficiadas con recursos públicos en el portal de obligaciones públicas de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), se detectaron formatos en blanco, es decir los documentos que marcan los lineamientos técnicos del Sistema de Portales de Transparencia para la carga y consulta de la información; hipervínculos con convenios para el otorgamiento de recursos duplicados o erróneos; hipervínculos con acceso restringido; enlaces o url’s eliminadas; e hipervínculos a documentos que no corresponden, por ejemplo, vales de salida de almacén o transferencias de recursos emitidos por la Secretaría de Finanzas a las OSC, en lugar de enlaces que deberían corresponder a los informes sobre el ejercicio de los recursos públicos que las asociaciones están obligadas a presentar y que la SEDESO debe transparentar en sus plataformas de internet, según lo establece el Artículo 70, Fracción XXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Sobre estas limitantes y obstáculos para el acceso a la información, Ramiro Daniel Sánchez Gayosso, especialista en transparencia y académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato (UG) Campus León, asegura que se está violentando tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley estatal; la Ley General de Archivos, e incluso la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no permitir que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información.
La Unidad de Transparencia de la SEDESO ha sustentado en recursos de revisión interpuestos para esta investigación, que no tienen la capacidad técnica y que fue por decisión de la Secretaría de Administración del gobierno de Martín Orozco (2016-2022), retirar de la plataforma SISCAT la información correspondiente a las obligaciones de transparencia para el caso de los ejercicios de 2017 y 2018.
Andrés Reyes Rodríguez, académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y consejero ciudadano del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, comenta que en este tipo de situaciones no solamente hay una resistencia cultural, sino que también hay una limitación tecnológica. A las dependencias se les exige máxima publicidad y respeto a la ley, pero no se les dan las herramientas para cumplir con ese mandato. Aunque estas debilidades tecnológicas pueden llegar a tomarse como un argumento para no publicar la información, por lo que no se justifican todos los casos, “hay muchos en donde la opacidad es clara”.
Para Javier García Gutiérrez, director ejecutivo de Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes (CONFIO) A.C., lograr mejorar la confianza en las organizaciones implica diversos principios o indicadores que tienen que ver principalmente con la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, y el cumplimiento legal y normativo, como guía el modelo de OSC Analizadas que promueve CONFIO, el cual demanda de las asociaciones civiles un acto voluntario para la autorregulación y mostrar a los ciudadanos más allá de lo que se les exige.
Daniel Revilla Casaos, coordinador de Fondos a la Vista explicó que ante la percepción de desconfianza y la opinión generalizada del gobierno de que las organizaciones son opacas o tienen intereses ocultos, la transparencia proactiva es una manera de combatir esa percepción.
Fondos a la Vista es una iniciativa de Alternativas y Capacidades A.C. que tiene como misión visualizar lo que hacen las OSC y promover la transparencia proactiva, entendida como la participación colaborativa y voluntaria de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro para que sumen su información a dicha plataforma. De los 522 registros que Fondos a la Vista tiene mapeados en Aguascalientes, solo una asociación civil cuenta con la insignia “Ya estoy a la vista”, la cual significa que es una organización transparente y visible ante la sociedad, los donantes y los beneficiarios. Se trata de Cambiando una Vida A.C.
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Las despensas
Entre 2017 y 2021, el gobierno de Aguascalientes entregó despensas a ocho organizaciones populares y a tres asociaciones civiles que no están enlistadas en el Padrón Estatal, requisito que establece la Ley de Fomento y las reglas de operación para acceder a los recursos públicos.
Se trata del Albergue Estudiantil Ezequiel A. Chávez (11,900 despensas en los cinco años), Antorcha Popular Campesina (36,291), Asociación Independiente de Gestión y Apoyo (260 en 2018), Casa de gestión para el taxista (60 en 2018), Coalición y organizaciones democráticas (50 en 2018), Frente Estatal de Organizaciones Independientes (146,332 entre 2017 y 2021), Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (3,499 despensas de 2017 a 2020), Movimiento ciudadano vida democrática (8,700 de 2017 a 2020), Personas con discapacidad (un total 305 despensas recibidas en 2017 y 2018), Un granito de vida (50 en 2017) y Veniversum (180 en 2021); según datos del padrón de beneficiarios obtenido a través de solicitud de información vía transparencia.
En el periodo de 2017 a 2021 se entregaron fuera de la ley un total de 207 mil 627 despensas alimenticias, lo que representa un total de 28 millones 290 mil 704 pesos.
En Aguascalientes, según la LFOSCEA, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Comisión de Fortalecimiento coordinar las acciones de fomento y asignar los recursos monetarios y en especie; para ello, es necesario que las organizaciones estén legalmente constituidas y registradas en el Padrón Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Para acceder a recursos y fondos públicos, no está permitido que las organizaciones realicen actividades de proselitismo partidista y electoral, tampoco propaganda con fines religiosos.
Las reglas de operación son los lineamientos que se pautan cada año para que las organizaciones civiles obtengan recursos públicos. Para el caso de los apoyos en especie las OSC también deben manifestar por escrito la necesidad del recurso, firmar un convenio y entregar un documento legal que avale la entrega de las despensas a la población. Tampoco cumplieron con estas reglas.
Frente Estatal de Organizaciones Independientes recibe más despensas de las que establecen los convenios, o sin convenio de por medio
Para el ejercicio 2017, mediante diversos recursos de revisión se confirmó la inexistencia de los convenios y actas circunstanciadas por no apegarse a las reglas de operación vigentes, sólo se cuenta con vales de salida de almacén y credenciales de elector que el Frente entregó para acreditar la entrega a las personas beneficiadas. Según los 117 vales de salida de almacén obtenidos mediante solicitudes de información, el Frente Estatal de Organizaciones Independientes recibió 14,490 despensas, 50 más de las 14,440 reportadas en el padrón de beneficiarios para ese año.
Para las 32,832 despensas que esta organización recibió en 2018 y las 31,879 de 2019 no existen convenios firmados ni solicitudes del recurso en especie, únicamente las actas circunstanciadas. Mientras que para el año 2020 sí existen los documentos requisitados, aunque sólo existen dos convenios que avalan la entrega de 6,915 despensas del total de 31,981 que le fueron entregadas según se indica en el padrón de beneficiarios. En el año 2021, no se detectaron incumplimientos respecto a la documentación que se solicita en las reglas de operación.
Albergue Estudiantil Ezequiel A. Chávez, sin comprobar cómo entregó las despensas
Esta organización recibió 3,400 despensas alimenticias durante 2020, de las cuales no se cuenta con el convenio, excepto vales de salida de almacén por 2,550 despensas; mientras que en el año 2021 se le otorgaron 8,500 según el convenio firmado en marzo de 2021. Para ambos ejercicios fiscales, no se identificaron reportes ni comprobaciones por la aplicación de los recursos recibidos en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en el portal de obligaciones comunes de la Secretaría de Desarrollo Social.
Antorcha Popular Campesina, sin convenios ni comprobaciones
Esta organización también se ha beneficiado con recursos en especie sin estar registrada en el Padrón Estatal como establece la Ley de Fomento. En 2017 recibió 14,000 despensas alimenticias; 10,500 en 2018; 6,941 en 2019 y un total de 4,850 en 2020. Según tres recursos de revisión, la SEDESO a través de su comité de transparencia declaró la documentación como inexistente, es decir, no se cuenta con los convenios respectivos ni las comprobaciones por el uso de recursos a pesar de estar facultada para poseer tal información. En otra solicitud de información, dicha Secretaría niega haber entregado las 4,850 despensas en 2020; sin embargo, sí se informan en el padrón de beneficiarios.
Con estos actos, según explican los especialistas, la dependencia gubernamental encargada de asignar los recursos públicos incurre en responsabilidades administrativas, así como una probable omisión por parte de los órganos de control interno que son los responsables de verificar que se hayan cumplido las reglas de operación.
Saúl Alejandro Flores, académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y experto en derecho administrativo, agregó que, dependiendo del tipo de omisiones, manejo de recursos y fines, se pueden encontrar asuntos más graves. Por otra parte, destacó que parte del fomento es asegurarse de que las organizaciones hagan las cosas bien, brindarles el acompañamiento y enseñarles a cumplir con los requisitos legales para acreditar y comprobar los recursos.
La propia Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Aguascalientes tipifica como infracciones en su Artículo 55, abstenerse de entregar los informes que solicita la Comisión, la dependencia o la entidad competente que les haya otorgado o autorizado el uso de apoyos y estímulos públicos; así como no poner a disposición de las autoridades competentes, y del público en general, la información de las actividades que realicen con la aplicación de los apoyos y estímulos públicos que hubiesen utilizado. Las sanciones, señaladas en el Artículo 56, consisten en apercibimiento, multa, suspensión del Padrón o cancelación definitiva de su inscripción al Padrón.
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Los subsidios económicos
A partir del ejercicio fiscal de 2018, el Gobierno del Estado de Aguascalientes comenzó a otorgar recursos monetarios tomando como referencia el programa de fortalecimiento bajo la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil.
De acuerdo con las reglas de operación, las OSC deben cumplir con la firma de un convenio, comprobar e informar sobre el uso y destino de los recursos públicos, presentar facturas con todos los requisitos fiscales que deberán coincidir con lo estipulado en el proyecto que inscribieron ante la Comisión de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes, y participar en al menos una capacitación impartida por la SEDESO. Tanto en la Ley de fomento como en las reglas de operación, la OSC no deberá utilizar más del 25% del recurso otorgado para gastos administrativos.
Según el padrón de beneficiarios obtenido vía solicitud de información, se identificó que 52 asociaciones beneficiadas con subsidio económico en 2018 no cumplieron con el requisito de la capacitación, tampoco 21 asociaciones se capacitaron en 2020 y 12 más no lo hicieron en 2021; únicos años en los que SEDESO ofreció actividad de capacitación.
Por otra parte, hay asociaciones civiles que han sido aparentemente sancionadas por no comprobar el uso de los subsidios económicos que les asignaron, o bien, han entregado facturas por conceptos que no corresponden al giro de la empresa emisora; así como facturas que provienen de empresas con operaciones inexistentes.
En esos supuestos se encuentra el Centro de Promoción Femenina Casa de Jesús A.C. que para comprobar el subsidio económico de 12 mil pesos ejercido en 2018 presentó una factura de GUVA NORT S.A. de C.V. por la compra de frutas y verduras frescas, semillas, lácteos, entre otros; sin embargo, esta empresa se dedica a comercializar maquinaria y equipo industrial según el sitio https://guvanort.wixsite.com/guvanort, mientras que su acta constitutiva consultada en el Registro Público de Comercio define una amplia lista de actividades comerciales. Esta misma empresa se encuentra en la lista negra del SAT en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018.
La Asociación de Cabalgantes del Estado de Aguascalientes recibió un subsidio económico en 2020 por 200 mil pesos para ejecutar el proyecto “Cabalgatas con causa”. Su comprobación fue hecha a través de seis facturas por conceptos de gestión de eventos, alimentos preparados, compra o servicio de alimentos diversos; tres de esas facturas fueron emitidas por Consultoría TECNOMEX S.A. de C.V. una empresa dedicada al rubro de las telecomunicaciones según su acta constitutiva localizada en el Registro Público de Comercio; otra factura fue emitida por el propio tesorero de la asociación. Esta asociación tiene como objeto social fomentar el turismo, promover la trascendencia histórica del estado mediante la actividad ecuestre, así como la capacitación, según su documento constitutivo obtenido del Registro Público de la Propiedad.
Los especialistas consultados señalan que estas irregularidades se traducen en un presunto desvío de recursos y posibles responsabilidades administrativas y penales. Saúl Alejandro Flores, académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, indica que dichas responsabilidades administrativas recaen en los servidores públicos, auditores y autoridades, e incluso podría haber responsabilidad política si hubo decisiones de alto nivel. “Es responsabilidad de la autoridad más que de la asociación”.
Jesús Reinoso, experto en derecho administrativo, fiscal y estrategia legal, enfatiza que las organizaciones de la sociedad civil están obligadas a comprobar los ingresos que reciben; por lo que, ante los casos de posibles documentos falsos y los emitidos por factureras o facturas que no corresponden al objeto social que desarrolla, dichos comprobantes deberían ser automáticamente desechados por los servidores públicos que se encargan de entregar los recursos y revisar su correcta aplicación bajo los principios de eficacia y eficiencia. También dijo que tanto servidores públicos como las organizaciones civiles pueden llegar a ser sancionados en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Estatal y la General del Sistema Nacional Anticorrupción, además de presuntos delitos penales y patrimoniales en caso de comprobarse el desvío de recursos.
Proyecto fantasma
La asociación Cadena de Amor con Cristo recibió en 2018 un recurso económico por 38,628 pesos como apoyo al proyecto de construcción de un centro de acopio, causa para apoyar a pepenadores en el asentamiento “Los Pericos”, ubicado al oriente de la ciudad de Aguascalientes, el cual se consiguió a través de una solicitud de información. Sin embargo, al recorrer la calle de “las torres” como indica el proyecto, no se identificó el lugar; los vecinos de esa calle tampoco lo conocen.
Al cuestionar a la asociación se confirmó que dicho centro aún no se construye a pesar de que se comprobó el recurso obtenido mediante una factura por material para construcción. Además, se solicitó mediante transparencia, el reporte de visita que la SEDESO debe realizar a las organizaciones de la sociedad civil para verificar la aplicación de los recursos de acuerdo con el proyecto, pero ese reporte también es un documento inexistente.
En las reglas de operación se establece que la SEDESO dará seguimiento a las acciones enfocadas al desarrollo social de la población realizadas por las OSC; mientras que la Ley de Fomento señala como una de las funciones del secretario técnico (cargo que recae en el titular de la Secretaría) la de fiscalizar que los apoyos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil sean aplicados para los fines para los cuales les fueron otorgados.
Supuestas multas por incumplimiento en las comprobaciones
Las asociaciones civiles Creación y Vida A.C., Un balón una esperanza A.C., Unión de mujeres trabajando en cooperativas A.C., y Fundación Fomento Integral de la Salud A.C., aparentemente fueron multadas por no comprobar los recursos monetarios que se les asignó en 2018; así como al Instituto de Investigación y Estudio de la Conducta Criminal A.C. por el subsidio obtenido en 2019, según el oficio OS/566/2019 obtenido vía transparencia donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita la imposición de multa a la Secretaría de Finanzas de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes. Entre las cinco asociaciones suman 540,698 pesos de los cuales no se rindieron cuentas.
Al solicitar los comprobantes por el pago de la multa respectiva, la Secretaría de Finanzas mediante su unidad de enlace declaró dichos documentos como inexistentes. Esto significa, según el especialista Jesús Reinoso, que las asociaciones incumplidas que no se han localizado para pagar tales multas, por naturaleza es que tengan consecuencias legales fuertes, y por ende, restringir el acceso a recursos públicos.
También se tuvo acceso a trece archivos PDF etiquetados como COMPROBACIONES de la asociación Creación y Vida que incluyen múltiples facturas que datan de 2014, 2015, 2016, 2017 y de 2018, que según la Unidad de Transparencia de la SEDESO comprueban los 348 mil 349 pesos que le fueron asignados en 2018.
Según información del Padrón Estatal, Creación y Vida es un centro de rehabilitación para enfermos de alcoholismo y drogadicción; mientras que en el proyecto entregado a la SEDESO para participar por ese apoyo monetario, la asociación describe su objeto social como un orfanato para niños y niñas en estado vulnerable y/o abandono, maltrato y desintegración familiar; y en el convenio firmado se establece como proyecto beneficiado: “Brindar a los niños calzado, dormitorios, alimentación, educación básica, atención médica y psicológica, emocional y espiritual”.
Los gastos planteados para la ejecución del proyecto incluyen gas, agua y luz; ropa y calzado; despensa mensual; y atención médica y psicológica. Pero, con la revisión de esos trece archivos PDF se identificaron facturas por conceptos tan diversos como luz eléctrica en domicilios diferentes al registrado como operativo de la asociación; consumo en restaurantes, servicios automotrices a autos de lujo; consumo de combustible tipo magna y premium; servicios de telefonía celular hasta por tres números diferentes; materiales para construcción, forrajes y alimentos para perro; alimentos perecederos y no perecederos; entre otros. Las facturas correspondientes a 2018, obtenidas vía transparencia, no avalan el monto completo del subsidio ejercido por Creación y Vida A. C. informado en el padrón de beneficiarios, además de que hay factura repetida, así como estados de cuenta y tickets de pago que no representan un comprobante fiscal válido.
COMPROBACIONES
De las cinco asociaciones supuestamente multadas, sólo el Instituto de Investigación y Estudio de la Conducta Criminal A.C. aparece en el Padrón Estatal con un estatus inactivo y con la observación de un proceso sancionador en curso. Para obtener el subsidio económico de 122,000 pesos en 2019, este Instituto solicitó su baja del Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal para poder participar en la convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil; dicha baja fue efectiva mediante el oficio DGAD/035/2019 con fecha del 22 de febrero de 2019.
A pesar de la baja, el Instituto Aguascalentense para las Mujeres (IAM) le adjudicó ese mismo año un contrato por 295,800 pesos para la realización de un foro y talleres con el objetivo de fortalecer las capacidades de niñas, niños y adolescentes, así como al personal de la administración pública en materia de derecho sexuales y reproductivos del Estado de Aguascalientes en los municipios con alta y muy alta tasa de fecundidad.
Dicha contratación sucedió bajo irregularidades pues al analizar los documentos obtenidos para esta investigación se conoce que el 18 de septiembre de 2019 se hizo una transferencia al Instituto de Investigación y Estudio de la Conducta Criminal, según el propio contrato, para garantizar suficiencia presupuestal. El dictamen de adjudicación se emitió el 19 de noviembre de 2019, pero según el expediente 2025369 – IAM/AD/PROEQUIDAD/06/4.MT/2019 revisado en Compranet, el plazo de participación o vigencia del anuncio fue el 20 de noviembre de 2019; mientras que el contrato se firmó cinco días antes, el 15 de noviembre por el representante legal de dicho Instituto, Jorge Humberto Macías Macías, y por Lourdes Elizabeth Murguía Ferreira, exdirectora del IAM. El foro y los talleres presuntamente organizados por Instituto de Investigación y Estudio de la Conducta Criminal A.C. se realizaron los días 2 de noviembre y entre el 22 y 30 de noviembre de ese año.
Además de estas irregularidades consistentes en posibles desvíos de recursos y fraude, nos enfrentamos a todo un esquema de simulación tanto en la comprobación de los recursos como en la aparente imposición de multas a organizaciones de la sociedad civil que no cumplieron con el informe para el uso y destino de los recursos públicos, según explica el académico Saúl Alejandro Flores.
Una de las funciones del Padrón Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil es concentrar la información de las OSC, incluyendo las sanciones, según lo establece el artículo 23, fracción X de la Ley del Fomento. En este sentido, el Padrón Estatal no está cumpliendo su función de sistematizar la información oportunamente como establece la Ley de Fomento para que las dependencias conozcan de qué manera se apoya a las asociaciones, el estatus que éstas guardan, y si están sancionadas o no.
En lo que se refiere al año 2021 no fue posible consultar los hipervínculos proporcionados mediante el portal de obligaciones comunes de transparencia que permitieran conocer y verificar los convenios establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social con las organizaciones de la sociedad civil; todos aparecían con acceso restringido.
Tampoco se tiene acceso a los informes por el uso y destino de los recursos públicos que ejercen las organizaciones de la sociedad civil.
Recursos extraordinarios y un claro conflicto de interés
Esperanza Aguascalientes Pro-Construcción A.C. fue una de las asociaciones beneficiadas con recursos otorgados de manera extraordinaria en 2021 y 2022, con 10 y 25 millones de pesos, respectivamente. Esta asociación tiene como presidenta de la mesa directiva, según el Padrón Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil solicitado vía transparencia, a María Yolanda Ramírez Gutiérrez, esposa del exgobernador Martín Orozco Sandoval; lo cual se verificó mediante el acta constitutiva de la asociación obtenido del Registro Público de la Propiedad.
Lo anterior constituye un conflicto de interés, según el especialista Jesús Reinoso, éste se configura cuando una persona tiene un cargo que favorece la realización de gestiones que de alguna forma no son equitativas para la totalidad de las personas. Esperanza Aguascalientes Pro-Construcción A.C. se constituyó en diciembre de 2017, a un año de la administración de Orozco Sandoval.
También se han encontrado en los portales de transparencia a otras asociaciones que no figuran en el padrón, pero han recibido despensas y subsidios económicos. Una de ellas, es la Asociación de Comerciantes Libres del Río Morcinique, según un reporte trimestral de julio – septiembre de 2020, sin especificar el monto. Además de documentos comprobatorios que no cumplen los requisitos fiscales, y domicilios operativos en sitios dedicados a otros fines distintos al del objeto social declarado por las organizaciones de la sociedad civil.
Sin auditorías
La entrega de despensas alimenticias sin apego a la Ley de Fomento ni a las reglas de operación representa un monto de 28 millones 290 mil 704.30 pesos.
La última revisión a la cuenta pública de la Secretaría de Desarrollo Social por el Órgano Superior y Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) fue al ejercicio de 2017, en ese año denominada Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. Sobre esto, Jesús Reinoso, experto en derecho administrativo, fiscal y estrategia legal, destaca que las facultades del OSFAGS son claras: ejercer la revisión de las cuentas públicas, “si no están ejercitando la revisión están incumpliendo con sus facultades y, por lo tanto, están violando el principio de eficacia y eficiencia en su actuar como ente fiscalizador”.
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En los convenios que la Secretaría de Desarrollo Social firma con cada una de las organizaciones de la sociedad civil que se benefician con subsidio económico y en especie, se establece que la Secretaría deberá publicar la información en términos de lo dispuesto en el artículo 55 fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Pero esto no se cumple.
Gina Ventura, presidenta del IMEPP A.C. comentó que tanto los convenios como los informes sobre cómo se usan los recursos públicos deben transparentarse, pues también puede funcionar como una guía para saber cuánto y en qué se gasta el dinero público para redireccionar los propios proyectos.
Por otra parte, Héctor Emilio Macías Jurado, presidente de Alzando Voces Laguna A.C. y miembro del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, detalla que las asociaciones civiles tienen que dar un plus a las imposiciones legales mostrando una estructura eficiente y eficaz de transparencia y rendición de cuentas. Si bien la ley no les obliga informar al público, sí hacerlo con las instancias que otorgan los recursos quienes son los que acreditan o desacreditan respecto al cumplimiento de los requisitos y quienes están obligados de dar acceso a la información a los ciudadanos.
Estos actos de irregularidades, desvío de recursos y la opacidad de las organizaciones de la sociedad civil dañan la credibilidad del sector, dijo Javier García Gutiérrez, director ejecutivo de Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes (CONFIO) A.C., agregó que difícilmente esas organizaciones se acercan a plataformas como la que propone CONFIO A.C. porque se trata de un acto voluntario y de visibilizar lo que se hace.
Respecto a los recursos asignados a las OSC en este 2022, al 30 de septiembre fecha de conclusión de la administración estatal de Martín Orozco Sandoval, no se habían publicado en las plataformas oficiales la totalidad de los convenios ni de los informes que por ley las organizaciones civiles están obligadas a presentar dentro de los primeros cinco días naturales del mes siguiente a la recepción de los recursos.
El último formato disponible, abril-junio 2022, correspondiente a las obligaciones de transparencia comunes de la Secretaría de Desarrollo Social únicamente contiene los hipervínculos a 42 convenios de un total de 54 asociaciones reportadas; tampoco se publicaron los informes por el uso de recursos públicos de 13 organizaciones civiles.
Para esta investigación se realizaron 88 solicitudes de información, de las cuales 10 están en proceso y 34 se han resuelto mediante recursos de revisión. En las resoluciones del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, se expone que el sujeto obligado ha actuado de manera violatoria y restrictiva del derecho humano de acceso a la información, pues las respuestas hechas al solicitante para no entregar la información completa en la modalidad solicitada, no ha sido debidamente fundada y motivada; además de realizar conductas contrarias a los principios de certeza, eficacia, legalidad, máxima publicidad, profesionalismo y transparencia.
Los hallazgos representan todo un estadio de simulación en donde la administración estatal pretende mostrar cumplimiento en las obligaciones de transparencia, pero en realidad llevan a cabo otra práctica que va en contra de la misma Ley y de los principios que le dieron vida en la década de los noventa, según indicó el académico y especialista en Transparencia, Daniel Sánchez Gayosso.
El fomento no implica aquellos servicios profesionales que pueda llegar a ofrecer una organización civil; se considera fomento todas aquellas acciones que realizan los distintos gobiernos para el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, según explicó el doctor Pablo Armando González Ulloa Aguirre, académico en el área de Ciencias Políticas de la UNAM.
El tercer sector, es decir, el ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro concentra entidades de interés público que trabajan con temas de preocupación social e igualmente de interés público, por lo que, las autoridades dan facilidades a las organizaciones para que puedan abordar las problemáticas que son obligación del gobierno, pero de la ciudadanía también.
Para el director de CONFIO, Javier García, el fomento debe ir más allá del reparto de recursos, es decir desarrollar las capacidades y que existan más organizaciones sustentables.
Previo a concluir la administración estatal 2016-2022 del exgobernador Martín Orozco Sandoval, se solicitó entrevista con la Secretaría de Desarrollo Social al respecto de estas irregularidades encontradas. No se obtuvo respuesta. Tampoco del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
CRÉDITOS
Investigación realizada por: Rocío Basurto
Producción Audiovisual: RATS Studio
Programación web: Neri A. González
Ilustración: Pinche Einnar
Este reportaje fue producido durante la Maestría en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, un posgrado en línea dirigido a periodistas que desean fortalecer su formación profesional realizando investigaciones a profundidad o de largo aliento.
Noviembre 2022
