- Son 25 carpetas que están pendientes por resolver del proceso electoral 2021-2022
- Quien resulte culpable por recibir apoyo de entes prohibidos podrían tener de cinco a quince años de cárcel
Sigue el proceso judicial contra un actor político del proceso electoral del 2018 a quien le fue acusado de recibir un bien inmueble por parte de un ente no permitido por la ley, se están acordando montos para reparación de daños mientras la fiscalía sigue reuniendo información.
Ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se han acumulado 25 carpetas de investigación referentes al proceso electoral 2021-2022 de los cuales siete ya fueron judicializados, así lo informó Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, titular del área.
Informó que las denuncias pendientes por resolver son por Violencia Política en Razón de Género, otras por utilización indebida del recurso público, compra o coacción del voto y por recibir aportaciones por entes prohibidos por la ley, es decir, las mismas dependencias públicas o por dinero proveniente del crimen organizado.
Sobre este último punto, anunció que sigue pendiente un asunto en dónde uno de los actores políticos recibió un bien inmueble proveniente de un ente prohibido por la ley, esto desde el proceso electoral del 2018. Sin embargo, para respetar el debido proceso, el fiscal no dio más detalles de quienes están implicados, ni de qué partido emana el imputado, sólo señaló que sucedió en el municipio capitalino. Señaló que por el momento están en investigación complementaria que deberá sustanciar la fiscalía especializada.
De acuerdo con la norma electoral, se contemplan de cinco a quince años de prisión a quien cometa este delito. El fiscal agregó que se está determinando un acuerdo reparatorio, no se tiene una cifra pactada para esto.
