Varios temas de la mayor relevancia se han debido ventilar durante la semana concluida el pasado viernes 28 de octubre. El combate al crimen organizado como principal responsable de la inseguridad y violencia en el país y el acotamiento de la gobernabilidad del Estado mexicano en extensas regiones de México; la definición desde el gobierno de la 4t de la ruta a seguir para llegar al 2024 en materia electoral; y, la no menos grave circunstancia de controlar los efectos de la carestía e inflación que, hoy por hoy, afectan la economía de las familias mexicanas, con el impulso del PACIC 2.0 desde el gobierno del presidente López Obrador.
Hace escasos tres días (esta columna se escribió el domingo 30 de octubre de 2022) el ex dirigente nacional del PAN y reconvertido en intelectual orgánico (como gusta llamarle AMLO) de la 4t en materia de seguridad, excomisionado del Servicio de Protección Federal, el duranguense Manuel Espino Barrientos, en el marco del Foro Internacional ´Seguridad y Justicia para un México mejor´ organizado por el Senado de la República, se apuntó la “brillante” propuesta, por cierto ya quemada, ante los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y de Gobernación, Adán Augusto López, presumiendo su “necesaria” audacia considerando que: “De lo que no se ha querido hablar, pero yo sí quiero hablar, es de que en la estrategia (de seguridad) se debe hablar, no descartarla de antemano, el acordar con los grupos criminales”. Propuesta que pronto encontró su respuesta de rechazo por el gobierno de la 4t desde los secretarios aludidos hasta el propio presidente López Obrador (Reforma, 28 de octubre de 2022).
Es un hecho que la estrategia de combate a la inseguridad pública basada en los “abrazos no balazos”, no ha dado resultado y más aún, ha empeorado los niveles de violencia en el país. Según datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública, las cifras de septiembre pasado suman ya 132 mil 217 personas asesinadas en el país, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2022. De ellas, 128 mil 535 corresponden a casos de homicidio doloso y 3 mil 682 a casos de feminicidio. Sin embargo, estas cifras no alteran la voluntad oficial de sostener la estrategia en la materia, esto se confirma con la reciente visita del presidente al municipio de Badiraguato, Sinaloa, asentamiento del hogar de la madre del “señor” Joaquín Archivaldo Guzmán Loera (o el Chapo Guzmán para los irreverentes) apenas el sábado pasado, por supuesto sin prensa ni otro tipo de testigos o valedores.
Respecto a la preeminencia de las agrupaciones en vastas regiones del país, la periodista Lidia Arista (Expansión política, junio 18 de 2022) señala que el informe “México: Organizaciones del Crimen Organizado y el Narcotráfico”, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, advierte que las siete organizaciones que por años han sido identificadas como las “dominantes” se han fragmentado. En México, 12 organizaciones están en disputa por el territorio. Se trata de siete agrupaciones “tradicionales”: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, Los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, y cinco más “modernas”: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los caballeros templarios, El Cártel del Noreste, Los Viagra y Los Rojos. La situación actual de la violencia en México, según el informe, está relacionada con la batalla que sostienen básicamente el CJNG, como agrupación hegemónica emergente, y el Cártel de Sinaloa, la agrupación más dominante y extensa. El propio Informe afirma que, según Estados Unidos, hay pasividad del gobierno mexicano ante la actuación de los cárteles del narcotráfico, y que el crimen controla el 35% del territorio y que “hay riesgo de una dictadura criminal sin control”.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación de la inseguridad que impera en el país, al gobierno lopezobradorista le preocupa más garantizar la continuidad de su proyecto político “transformador”, y que, en palabras del propio AMLO, se le está acabando el tiempo para su consecución. Así, el presidente está empeñado en impulsar una serie de acciones que le garanticen a él y a Morena, continuar en el poder más allá del 2024, para ello, ha manifestado su interés por presentar una reforma electoral que le facilite su propósito. Dicha reforma en principio ha encontrado un acentuado rechazo por la oposición legislativa, reagrupándola en torno a bloquear esta intención del Ejecutivo. En principio, al oficialismo no le alcanzan los votos para lograr la reforma constitucional anhelada, pero le queda la integración de cuatro consejeros del propio INE, con la idea de acomodar gente afín a la 4t en abril del 2023. Esperemos las acciones del gobierno del presidente López Obrador en las semanas venideras.
En este sentido, y adicionalmente, se cierne sobre las intenciones “trasformadoras” las amenazas que representa la situación económica del país, particularmente aquellos factores que impactan directamente en el ánimo de los mexicanos, como lo son la carestía y la inflación. Aunque en el mes de septiembre se observó una ligera disminución de la inflación general pasando de un 8.7 a 8.5 por ciento la inflación anualizada, el impacto en los bienes de consumo que componen la canasta básica, particularmente la tortilla, ha tenido repercusiones muy sentidas por los bolsillos de los mexicanos. Mantener estable los niveles de inflación y contener la carestía de los productos básicos se ha vuelto una urgencia del gobierno de la 4t. Para ello implementó una segunda versión del Paquete contra la Inflación y la Carestía, PACIC v 2.0 a principios del mes, mismo que debe incidir en la contención de precios de esos productos, facilitando los procesos de importación y acotando la tramitología que encarece los productos (DOF del 19 de octubre del 2022). Esta medida se extenderá hasta abril del año 2023, y, a decir de los expertos, sólo será un paliativo al problema que intenta resolver.
¿Encontrará AMLO la salida al laberinto que él mismo construyó?
