El 25 de agosto, cuando la CIDH pidió al gobierno mexicano información relativa a la eventual adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, la solicitud no sólo fue desestimada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, sino que incluso ya se tenía la reforma que se discutió y aprobó la semana pasada. Ese pasaje se encuentra entre los documentos dados a conocer por los hacktivistas de Guacamaya, así como la inédita intromisión del titular de la SEDENA para exponerles a los legisladores del PRI “necesidad de la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública más allá de 2024”-
“Urgente”, se lee en el asunto del correo electrónico que se esparció como pólvora entre dependencias apenas el 15 de agosto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una carta al gobierno de México para pedirle información relativa a la eventual adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, mostrando serias preocupaciones, de acuerdo con un correo electrónico que se encuentra entre los millones de documentos de la SEDENA que fueron extraídos por el colectivo de hacktivistas Guacamaya.
Cristopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reenvió la misiva a los titulares de la secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa, de la Guardia Nacional, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal como asunto “urgente”, solicitando una respuesta del Estado mexicano a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH sobre la compatibilidad convencional y constitucional de un posible acuerdo como que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado en su conferencia matutina del día 8 de ese mismo mes.
La CIDH alertó en el documento que una decisión de esa naturaleza contravendría los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
La respuesta del gobierno mexicano, que también forma parte de los millones de documentos filtrados, no se hizo esperar. El 16 de agosto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informó en el oficio 114/CFEJ/CACCC/CDL/227795/2022 que no era posible emitir un pronunciamiento porque el “tema sobre el que versa la solicitud (se) fundamenta en meras especulaciones”. Sin embargo, mintió.
No sólo el presidente había hecho el anuncio público de que preparaba un acuerdo presidencial “para que, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”, sino que, un mes antes, la SEDENA presentó a la Presidencia un plan A y un plan B para lograr ese objetivo.
De acuerdo con documentos hackeados a la SEDENA, como publicó Proceso en su sitio web la semana pasada, la reforma a cuatro leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, con las que la SEDENA tomó el control operativo y administrativo de la corporación, tras ser aprobadas en el Congreso de la Unión, fue redactada por el Ejército.
Es común que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia sean el enlace con el Poder Legislativo para las reformas que interesan al gobierno, pero esta vez quedó al descubierto la injerencia militar en temas legislativos.
Lo anterior, pese a que es violatorio de la Constitución y de la ley. El Artículo 71 de la Constitución, donde señala que el derecho de iniciar leyes o decretos compete solamente al presidente de la República, a los diputados y senadores, a las legislaturas de los estados y a los ciudadanos que junten un número de firmas equivalente a 0.13% de la lista nominal de electores. Mientras que el artículo noveno dice que sólo los ciudadanos pueden reunirse para tomar parte de asuntos políticos y ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
Además, el Artículo 17 de la ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prohíbe a los militares en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, de manera directa o indirecta, salvo quienes gocen de licencia.
Los proyectos de la SEDENA
El enlace entre los militares y la Presidencia para la redacción de las reformas fue el general brigadier de Justicia Militar Pedro Bonilla Muñoz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA, según los documentos filtrados.
Bonilla Muñoz envió el 1 de julio de 2022 a la maestra Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, un oficio en el que le dio a conocer que el 29 de junio anterior, en una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la SEDENA informó que tenía dos proyectos de reforma en materia de la Guardia Nacional.
El primer proyecto, llamado plan A, consistía en una reforma al artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera reconocida como una “Fuerza Armada con la función esencial de proporcionar la seguridad pública”, de “carácter permanente y naturaleza militar”, “adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
También incluía que los recursos financieros y materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destinados a la Guardia Nacional fueran transferidos a la SEDENA.
Además, proponía reformar el Artículo 13 de la Constitución para que los integrantes de la Guardia Nacional, “para efectos estrictamente disciplinarios”, quedaran sujetos al fuero militar para los delitos y faltas contra la disciplina militar.
“En concordancia con el reconocimiento de la Guardia Nacional como una de las Fuerzas Armadas permanentes del Estado mexicano”, dice la iniciativa.
Mientras que el plan B era saltarse la Carta Magna, ignorar el Artículo 21 constitucional que establece que la GN es una institución policial de carácter civil y que su adscripción es a la SSPC, y reformar sólo leyes secundarias: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Lo anterior con el fin de que se modificaran varios artículos, entre ellos el 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que a la SEDENA le correspondiera “manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional”.
