La resolución del máximo tribunal de derechos humanos regional determinó que la investigación y judicialización de la muerte de Ochoa “no cumplió con los estándares de debida diligencia, se usaron aplicaron estereotipos de género que obstaculizaron el procedimiento, no se respetó el plazo razonable y, además, se realizaron declaraciones públicas en el marco de su investigación que dañaron la honra y la dignidad” de la defensora, situación que “supuso una violación al derecho a la verdad de los familiares”.
La Corte estableció “que “la muerte de la señora Digna Ochoa se enmarcó en un contexto de exacerbado nivel de homicidios contra defensoras y defensores de derechos humanos, acompañado de una situación generalizada de impunidad respecto de este tipo de delitos y precedido de numerosas amenazas contra ella y otros de sus compañeros y compañeras”.
Durante el evento, llevado a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Los Pinos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejando Encinas, reconoció que el Estado mexicano no garantizó la seguridad personal ni integridad de la defensora, ni tampoco el acceso a la verdad y la justicia para la familia de Digna Ochoa.
El funcionario se comprometió a cumplir la sentencia de la CoIDH, y anunció como avances el cambio de la nomenclatura de calles en la Ciudad de México y Misantla, Veracruz, con el nombre de Ochoa y Plácido. En el caso de la capital del país, se sustituyó el nombre de la calle Gabriel Hernández, en la colonia Doctores, en las inmediaciones de la Fiscalía local, por el de la defensora.
Asimismo, destacó la reapertura del caso y la creación de la Unidad Especializada para la Investigación del Caso Digna Ochoa, por parte de la fiscalía local, integrada por un equipo interdisciplinario con perspectiva de género, para el esclarecimiento de la muerte Ochoa.
Encinas alertó que en respuesta a la sentencia de la CoIDH respecto a las medidas de no repetición, se continuará con las reformas legales y estructurales al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, a fin de distribuir la responsabilidad en los tres niveles de gobierno.
“El gobierno de México reconoce la situación de riesgo en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el periodismo en el país, contexto que abordó la CoIDH”, señaló el funcionario, al anunciar la creación de una política de protección para ambas poblaciones a fin de “garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en el país”.
Reconoció que “la sentencia contribuye a reforzar el deber del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones y el respeto irrestricto de los derechos humanos en el país”, así como al reconocimiento de la familia Ochoa y Plácido en su busca por verdad y justicia.
“Haremos el esfuerzo para que así suceda en este caso y en otros muchos más donde tenemos deudas pendientes con personas defensoras de derechos humanos que han clamando justicia por arbitrariedades de que fueron víctimas por el Estado mexicano. Reivindicar la memoria de Digna Ochoa es defender un derecho humano fundamental a defender los derechos humanos de los demás”, puntualizó Encinas Rodríguez.
En respuesta, el hermano de la defensora, Jesús Ochoa y Plácido, hizo un emotivo recuento de las carencias en las que creció Digna, al lado de 12 hermanos y sus padres, en Misantla, Veracruz, y cómo la detención ilegal y tortura que sufrió su padre, Eusebio Ochoa, en 1980, inspiró a la defensora a estudiar derecho.
Ochoa y Plácido dio cuenta de los obstáculos institucionales que la familia vivió en la búsqueda de la verdad y justicia para su hermana:
“Enfrentamos humillaciones, burlas, malos tratos de las propias autoridades y de parte de la sociedad civil. Hubo momentos que me marcaron para siempre por el desprecio y humillación que me hicieron pasar”, al recordar el abandono del caso de quien fuera la primera abogada en el caso, Bárbara Zamora, y atestiguar que el entonces asignado por Bátiz para esclarecer el caso, Renato Sales Heredia, hoy fiscal de Campeche, validaba el supuesto suicidio de Digna Ochoa.
“La parte más ruin y cobarde fue que insultaron, enlodaron, descalificaron la imagen y la memoria de mi hermana, lo que entristeció y llenó de enojo a toda mi familia”, apuntó Jesús Ochoa y Plácido, quien reconoció que durante estos 21 años también encontró a defensores que decidieron acompañarlo hasta llegar a la CoIDH, sus abogados David Peña y Karla Michel Salas y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
A 21 años de su muerte, Jesús Ochoa se comprometió a continuar su lucha: “Decirte, querida hermana: no vamos a parar hasta encontrar la verdad y alcanzar la justicia y castigar a los que te arrebataron la vida y quienes inventaron la hipótesis del suicidio y lo sostuvieron. Digna Ochoa no está muerta, está más viva que nunca, y exige justicia”, concluyó, tras aceptar la disculpa pública del Estado mexicano.
En el emotivo acto participaron, además del subsecretario de Gobernación, el director del área de derechos humanos de la Cancillería, Cristopher Ballinas, el secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres; la fiscal general, Ernestina Godoy; la senadora Olga Sánchez Cordero y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez Estrada.
Asimismo, reconocieron la trayectoria de Digna Ochoa y el empeño de su familia los integrantes de su defensa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la directora de Cejil. Viviana Krsticevic, y sus abogados Karla Michel Salas y David Peña.
