Judith Amador
Un enredo sobre el manejo administrativo de fondos para este recinto planeado desde 2019 en Mérida, Yucatán, por la UNAM, con aportaciones de Conacyt y el gobierno estatal, desembocó en una auditoría –aún en curso–, y se ha retrasado su marcha. Al conocer del caso, Proceso buscó la postura universitaria, y tras varias gestiones pudo concretarse la entrevista con el doctor en ecología César Augusto Domínguez, al frente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), responsable del museo. Para él, debido a que el dinero se ha usado de manera correcta, el proyecto no está en riesgo y estima abrirá en 2023.
En el conjunto del Gran Parque de la Plancha de Mérida, Yucatán, se construye desde mayo de 2019 el nuevo Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una inversión inicial de 100 millones de pesos, de un fondo mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el gobierno estatal.
Como sucede en otras grandes obras de infraestructura de este país, el proyecto universitario no está exento de polémica, cuestionamiento y vigilancia. Además de que fue impactado por la pandemia de covid-19 y las obras quedaron suspendidas un tiempo.
Una vez retomadas en enero de este año, el propio Conacyt hizo algunos señalamientos a la administración del proyecto, por lo cual el área de Contraloría de la universidad determinó hacer una auditoría, aún en proceso. Así lo resume el biólogo y doctor en ecología César Augusto Domínguez, al frente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la UNAM:
“El proyecto, hasta donde alcanzo a ver, no está en riesgo. De hecho, efectivamente nos hicieron una serie de observaciones y todas fueron subsanadas en su momento. Déjeme decirle, porque aquí los términos son muy importantes: Hay una auditoria, pero la está haciendo la UNAM en términos de tener el mejor control posible de los procesos que están ocurriendo. No hay ningún asomo de mal manejo de dinero, es muy importante decirlo, y lo que tenemos ahora son errores administrativos que se han subsanado”.
Luego de haberle insistido en varias ocasiones, a través del área de Comunicación Social de la universidad, y directamente a él, Domínguez concede una entrevista de treinta minutos a Proceso para hablar de la auditoría, aunque toma la mitad para detallar el proyecto.
Se remonta a 1996, cuando el Museo de la Luz se inauguró en el extemplo del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México, del cual salió hace una década porque se instaló ahí el Museo de las Constituciones. Se trasladó entonces al Patio Chico del Antiguo Colegio de San Ildefonso, “en el corazón del barrio universitario”, en el Centro Histórico.
El entonces rector José Sarukhán lo impulsó al considerar importante tener un museo de ciencias. Con ese objetivo se creó primero el Museo Universum. Y describe Domínguez que la idea del Museo de la Luz “es realmente fascinante” pues se trata de “usar el espectro electromagnético, es decir la luz, para ilustrar muchísimos fenómenos científicos.
“La luz, depende de qué parte del espectro estamos tomando, puede usarse para asomarse al universo, para saber de nuestra historia, la luz que viene del sol es la principal fuente de energía de gran parte de la vida en el planeta, la luz tiene que ver con el arte, tiene que ver con nuestra salud, con la física, prácticamente uno puede hablar casi de cualquier fenómeno científico usando el espectro electromagnético como pretexto, como el eje transversal”.
Cuando Domínguez llega a la DGDC en marzo de 2017, plantea como parte de su programa de trabajo un proyecto de renovación del Museo Universum, y propone al rector Enrique Graue llevar un museo de ciencia a otra ciudad de México, un lugar “muy emblemático”, y se determinó que fuera Mérida para que tuviera repercusión no sólo en Yucatán, sino en el sureste.
Dice que aún estaban vigentes los llamados Fondos Mixtos (Fomix) de Conacyt (desaparecidos con la extinción de Fideicomisos decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador), y consiguieron el apoyo del gobierno de Yucatán, que donó el espacio en la Plancha.
Luego de mencionar que el museo de Mérida recibirá partes del museo de San Ildefonso, Domínguez indica que será un sitio muy actual, renovándose continuamente. Su idea asimismo es que se dé atención a turistas, a la población de Mérida y a las comunidades rurales del sureste, no sólo con el fin de que asistan al recinto, sino de “llevar la ciencia a cada uno de esos lugares, ese es el museo que queremos hacer”.
-¿Qué porcentaje de avance llevan las obras?
-No me voy a atrever a decir un número definitivo, pero andamos arriba del 60% desde la última vez que estuve ahí. La expectativa es terminar de construirlo este año y que estemos inaugurando a mediados del año que entra. Tenemos retrasos en la construcción del edificio, pero se deben a estas circunstancias”.
Se refiere a la pandemia de covid-19, que a decir suyo interrumpió los trabajos. Resultados preliminares de la auditoria (de la cual tiene copia Proceso) indican que la arquitecta responsable de supervisar los trabajos, Anabel Popoca Castillo, reportó en la segunda etapa un avance del 100%, cuando en realidad se llevaba el 35%, y entonces se realizaron pagos por trabajos no ejecutados.
Fiscalización
Se le pregunta al funcionario por qué un proyecto cuya esencia se antoja noble enfrenta esta auditoría, y si ello no empaña sus propósitos. Las observaciones destacan la firma de cheques del fondo de recursos económicos por personas no autorizadas, entre ellas el propio Domínguez.
Cuando el proyecto dio comienzo, quedaron como responsables Domínguez, como titular de la DGDC; en la parte técnica, el físico José Ramón Hernández Balanzar, director del museo; y el entonces jefe de la Unidad Administrativa, Daniel Zamora Fabila, quien después fue destituido e inhabilitado, y a quien le sucedieron Tania Milay Meza Callejas y Araceli Mosqueda López, antes de llegar al administrador actual Carlos Augusto Plancarte Morales.
Luego de recibir el informe sobre los avances del proyecto en diciembre pasado, el Conacyt, a través de su Dirección Regional Sureste hizo una serie de observaciones, como irregularidades en el manejo de los recursos financieros. Y solicitó un informe, con detalle de bajas y altas, de los administradores que han estado autorizados para la firma de cheques, en tanto que detectó algunos que no fueron firmados por los responsables técnico y administrativo, como obligan las normas del consejo. Otros donde firmaban Domínguez y el administrador, pero igualmente sin el responsable técnico.
Se solicitó al área de Prensa del Conacyt una entrevista y se le pidió vía correo electrónico al titular de la Dirección Regional Sureste, Luis Enrique García Barrios, sin obtener respuesta.
De manera específica, el Conacyt solicitó a la universidad precisar la situación del primer administrador, quien fue responsable administrativo del proyecto hasta el 10 de noviembre de 2021. El mismo consejo se refirió incluso a una solicitud de un particular cuyo nombre no se menciona hecha al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que sugiere “actos de corrupción”.
Contradictoriamente, en un documento firmado en enero pasado por los responsables técnico y administrativo, la DGDC –al enlistar a las personas autorizadas para la firma de cheques desde agosto de 2019 y vigentes hasta ese momento– mencionó a Zamora Fabila, aunque se supone que desde septiembre estaba inhabilitado administrativamente y ya no tiene relación laboral con él. Todo lo relacionado con el asunto se ha clasificado como confidencial.
No fue entonces sino hasta cuando Plancarte asumió como administrador, que Zamora dejó de aparecer autorizado para firmar cheques, lo cual fue considerado por Conacyt como irregular, y advirtió que aunque no lo hizo, aparecía con la facultad para emitirlos.
Se le pregunta sobre este punto a Domínguez, como responsable directo del proyecto. Con sumo cuidado hasta de las palabras que va a utilizar, dice en sus oficinas ubicadas a un costado del Museo Universum:
“Déjeme ser muy preciso con eso porque es muy importante. Efectivamente hubo una destitución de esta persona que usted acaba de mencionar, que no tiene que ver con el proyecto del Museo de la Luz, esa es una precisión muy importante. En realidad hay una serie de razones por las que fue destituido, yo no usaría la palabra corrupción, porque esa no aparece en ningún lado, en realidad es una serie de faltas administrativas importantes, y la UNAM decidió separarlo.
“Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo se lo diré?, ¿cómo se lo digo que esté bien dicho? Eso está, digamos, en litigio, no es un caso juzgado. Él tendrá su oportunidad de defenderse y demostrar si sí o si no, pero esa es cosa que en este momento ya no está en manos de nosotros, está en otro lado”.
-¿El litigio es con la universidad o penal?
-Este, no, no, es con la universidad. Habrá que verlo, entonces por eso quiero que sea muy cuidadosa y no use esa palabra de corrupción.
-No, por eso –y se le insiste en que sea más específico.
-Porque es malo para nosotros que de pronto salga que nosotros dijimos que está acusado de corrupción. Y yo no sé de dónde sacó eso. Esa es la primera. La otra…
-Sí, ¿por qué es destituido en una fecha y sigue autorizado para seguir firmando?
-No, hay un proceso, él fue destituido un día y el día que fue destituido dejó de firmar todo lo que potencialmente podría haber firmado. Es decir, eso pues no, falta a la verdad ese dicho.
Se le insiste en que está en documentos de la DGDC, pero no quiere dar más detalles. Y se le pregunta si acaso es porque no quiere empañar un gran proyecto de la UNAM o del rector, pero que esta entrevista debería ser para aclarar.
-Mire, a mí lo que me preocupa, déjeme decirle, es que es un proyecto muy importante, no sé si es el gran proyecto de la universidad, es uno de los grandes proyectos de esta dirección, eso está claro. El proyecto no tiene ningún problema, esto de corrupción no existe, para que quede clarísimo, el dinero se ha usado en lo que estuvo comprometido, es decir no tenemos problemas con eso.
“Efectivamente hubo problemas administrativos, que corregimos ya, y digamos que fue eso: un error administrativo. Y hasta este momento, no tiene ninguna consecuencia en que ese dinero haya sido malversado, es decir el dinero se usó en lo que tenía que usarse. Eso es lo que le puedo decir”.
Añade: “No quisiera que quedara esta sensación de que hubo un dolo, ni siquiera de este hombre, cuando él firmó los cheques él estaba todavía en calidad de administrador de este lugar, eso en su momento se podrá ver. Y la otra parte fueron errores administrativos, tan fueron errores administrativos que no impactaron en el desarrollo de la obra o en el uso del dinero que Conacyt aprobó en su momento”.
Buena fe
Domínguez había postergado la entrevista con este semanario ofreciendo que se haría con la auditoría terminada, pero al realizarse el encuentro, dijo que aún no concluía pues al tratarse de un proyecto grande y “de una cantidad importante de dinero, se requiere una fiscalización muy cercana de lo que está ocurriendo”.
La auditoría, dice, terminará en unos 40 días aproximadamente:“Porque van haciéndose diferentes pasos. Ellos solicitan una serie de información, nosotros la tenemos que entregar y nos dan generalmente de 30 a 40 días, la entregamos, la revisan, nos dicen ‘estas son las observaciones’, debemos contestarlas y hay otra vuelta. Ahora estamos en la última fase de contestar todas las observaciones”.
Agrega: “No hay ninguna observación que tenga que ver (ya lo comenté) con mal uso del dinero, todo el dinero está comprobado, la obra está caminando y los errores administrativos se subsanaron y ya lo aprobó Conacyt.
“Yo quisiera decirlo así: el Conacyt revisó lo que tenía que revisar, el informe del año pasado, que fue en diciembre, y en enero tuvimos las observaciones, observaciones que se subsanaron. Y la UNAM, para tener un control muy preciso de lo que estaba ocurriendo, mandó a hacer esta auditoría y estamos en el proceso”.
-Los errores administrativos a los que alude, porque realmente no me los menciona, ¿tienen que ver con el hecho de que hubiera en un corto periodo diferentes responsables administrativos?
-Déjeme decirle (el teléfono interrumpe varias veces porque dice que tiene una junta en seguida): mire, cualquier situación puede interpretarse, ¿cómo le diré? El mismo hecho, depende quién lo narre, puede ser una cosa horrible o simplemente una situación que se desprende de una circunstancia.
“Déjeme ponerlo clarísimo: Destituyen al administrador y obviamente viene una cascada de cosas que son muy complicadas, un administrador que había estado años aquí, que lleva un montón de procesos, esos procesos de pronto no hay quién los lleve, entonces cambió otro administrador. En realidad, lo primero que ocurrió fue nombrar a alguien que fuera el responsable de la oficina, después llega otro nombramiento. Por razones que no importan en este momento, llega finalmente otro administrador.
“Bueno, eso provoca una serie de problemas administrativos, está clarísimo, ¿no? ¿Cómo le diré? Contado de cierta manera pareciera que todo es maquiavélico y que no sé qué hubo ahí, pero no hay nada de eso”.
Ya no se le puede pedir que sea más puntual, el teléfono vuelve a sonar y dice que debe irse, pero falta que aclare por qué él también firmó cheques (en la auditoría su argumento es que fue por desconocimiento de los procesos, pero se le ha rebatido que sí los conocía).
-Tómese un minuto más para aclarar por qué usted también está señalado.
-¡Un minuto y se lo voy a contar! Yo sé que estoy señalado, pero como le digo, es un error administrativo, es eso.
-¿No hay consecuencias, no hay lugar a una destitución como con el administrador?
-No, porque es completamente diferente, bueno, no sé, no creo. Lo que le quiero decir es que yo soy la autoridad en este lugar, no solamente soy responsable de los proyectos, soy responsable de su buen fin. Entonces una de mis responsabilidades es verificar que el dinero se use de manera correcta, cosa que hice: el dinero se ha usado de manera correcta, o sea, lo repito por enésima vez, no ha habido malversación de dinero. Entonces, en ese afán de llevar un registro correcto de lo que estaba ocurriendo fue que firmé, ajá, es un error administrativo, es parte de mis atribuciones.
Aunque ellos son funcionarios universitarios y manejan dinero público, esgrime que como cualquier persona, “uno se puede equivocar u otros se pueden equivocar, la diferencia aquí es si esa equivocación se hizo de mala fe, si esa equivocación provocó malversación o mal uso de los fondos, y no es ninguno de esos casos. Creo que la interpretación puede ensuciar un proceso que ha sido muy limpio, que está cumpliendo con sus objetivos, que tiene el potencial de tener un impacto muy fuerte, por lo menos en Mérida, y como le decía, ojalá sea del estado y de la región”.
