En sus prisas por construir el Tramo 5 Norte del Tren Maya, la Sedena invadió terrenos privados de Playa del Carmen. Lo hizo sin haber negociado su compra, sin acatar amparos existentes, sin aviso previo… “a la mala”. Al mismo tiempo, el ayuntamiento de Solidaridad aprobó un contrato para vender 16 predios de Villas del Sol –el fraccionamiento más grande y poblado de ese municipio– por los que cruzará el tendido férreo. De esta manera sus habitantes quedarán físicamente divididos por un tren al que no subirán.
La madrugada del domingo 28 de agosto, en total sigilo y sin ningún aviso a los propietarios, efectivos del Ejército descargaron maquinaria pesada en terrenos ubicados a 12 kilómetros del centro de Playa del Carmen, donde iniciaron labores para el tramo 5 Norte del Tren Maya.
Al enterarse, los dueños de los terrenos acudieron a verificar lo ocurrido. Encontraron sus predios siendo desmontados por máquinas color verde olivo operadas por militares, lo que calificaron como un despojo.
Por tal situación, una propietaria afectada interpuso una demanda de amparo en el Juzgado Primero de Distrito, de Yucatán, misma que fue admitida. El órgano jurisdiccional le concedió una suspensión provisional el 29 de agosto.
Este acto jurídico contradice lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el sábado 3 de septiembre, vía redes sociales, aseguró que los trabajos del proyecto ferroviario entre Cancún y Tulum –donde se ubica el tramo 5 Norte– habían sido reiniciados debido a que los amparos no habían procedido en lo jurídico, en lo ambiental ni en lo social.
A la par, en un auto dictado el pasado 29 de julio dentro del expediente de amparo indirecto 923/2022, promovido por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), se concedió el beneficio de una suspensión definitiva contra el tramo 5 Norte, aún vigente, justo donde el personal de la Sedena se ha desplegado.
Mientras propietarios afectados y ambientalistas sostienen una lid por la vía legal contra el proyecto emblema de López Obrador, el ayuntamiento de Solidaridad aprobó un contrato de promesa de compraventa de 16 predios para el paso del ferrocarril con la empresa paraestatal Fonatur Tren Maya en el fraccionamiento Villas del Sol, el más grande y poblado de Playa del Carmen.
Esa zona habitacional se prepara para quedar divida para siempre, después de la poca oposición del cabildo integrado por ediles afines al saliente gobernador Carlos Joaquín González, a quien López Obrador ya le prepara un lugar en el gabinete federal, luego de la total aquiescencia de aquél a su proyecto sexenal en Quintana Roo.
Luego de la llegada del personal de la Sedena y la ya evidente militarización de los trabajos, la propietaria Dolores Sánchez Lucero, dueña del predio Camino del Sol, unos 12 kilómetros al noroeste en línea recta del centro de Playa del Carmen, lamenta que el desmonte continúe a pesar de contar con una suspensión provisional dentro del juicio de amparo indirecto 1954/2022.
“Yo no me opongo al tren, yo apoyo al presidente (…) pero tampoco me puedo prestar a estas anomalías de quienes estén manejando las secretarías (de Estado), como Sedena, Fonatur, Indavi, Sedatu, no pueden cometerse esos despojos descarados (…) no hubo ningún aviso”, manifiesta la afectada.
Defensores del proyecto ferroviario han afirmado que muchos predios por donde pasará el tren son terrenos nacionales del poniente de Playa del Carmen. Pero Sánchez Lucero cuenta con folio inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo que acredita su propiedad.
Y no es la única persona afectada, de ese lado de la ciudad hay al menos 10 propietarios en una situación similar, quienes dicen que no harán públicos sus casos pues no quieren entorpecer las negociaciones que mantienen con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
De acuerdo con Sánchez Lucero, el Fonatur está ofreciendo el pago del metro cuadrado en 200 pesos; sin embargo, ella se anticipó a solicitar un peritaje particular con Peritos Valuadores M&M, que concluye que en la zona el valor del metro cuadrados es de mil 200 pesos.
La afectación que tiene su propiedad es de aproximadamente ocho hectáreas, donde ahora es posible observar a personal de la Sedena realizar trabajos de desmonte y, hasta el último reporte, continuaba el avance evitando cualquier contratiempo del tipo legal.
El tramo 5 Norte se inicia en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Cancún, pasa por Puerto Morelos y llega finalmente a Playa del Carmen donde conecta con el tramo 5 Sur. Tiene proyectada una longitud aproximada de 49 kilómetros.
El amparo indirecto 1954/2022, como todos los relacionados con el Tren Maya, lo resuelve el Juzgado Primero de Distrito del Décimo Cuarto Circuito Judicial. Según un auto dictado el lunes 5 por el órgano jurisdiccional, la audiencia incidental que definirá si se retira o ratifica la suspensión se postergó hasta el próximo lunes 26.
El aplazamiento se debió a que las autoridades señaladas como responsables no han rendido su informe previo, entre ellas la Sedena, Sedatu y Fonatur, a quienes la quejosa reclama diversas violaciones a sus derechos fundamentales, entre ellos el de la propiedad.
“Hay muchos más en esta situación, muchos de ellos no saben leer ni escribir y desafortunadamente no tienen los recursos para defenderse”, dice.
Explica que la Sedena sabe que los propietarios no pueden impugnar el decreto presidencial sobre obras de seguridad nacional del Tren Maya y los diversos decretos de expropiación de terrenos por utilidad pública para la misma obra. Señala que por ello se metieron sin permiso… Y eso es lo que reclaman: “Se metieron a la mala y así lo están haciendo en todos los predios; aparezca o no el dueño, ellos se meten”, lamenta.
Una de las autoridades señaladas es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La oficina de Comunicación Social de dicha secretaría informó que aún no ha sido notificada sobre este nuevo amparo y señaló a la Sedena como la responsable del acto de autoridad.
Negocio con Fonatur
El 31 de agosto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el acuerdo de promesa de compraventa de 16 predios entre el municipio de Solidaridad y Fonatur Tren Maya; 14 de ellos se ubican en Villas del Sol y dos en su colindancia.
Villas del Sol es una zona habitacional en la que viven alrededor de 130 mil personas y con un crecimiento poblacional acelerado.
Esos terrenos ya habían sido desmontados por Grupo México Acciona desde abril pasado, luego de anuencias locales otorgadas a Fonatur. Ahora pasarán a ser parte del patrimonio de la empresa Fonatur Tren Maya para el paso del ferrocarril y para la construcción de la estación ferroviaria.
Lo anterior representa el desprendimiento de 25.2 hectáreas de superficie que estaban destinadas a equipamiento público. No obstante, el ferrocarril sólo transportará al aeropuerto de Cancún y a Tulum, no al oriente de Playa del Carmen, que es a donde la mayoría de la población de Villas del Sol viaja principalmente por razones laborales.
De esa manera, la numerosa fuente de mano de obra de la ciudad turística se prepara para quedar dividida por un tren que no los llevará a ningún lugar y despojados de áreas de donación destinadas a resolver diversas problemáticas que padecen.
Actualmente el ayuntamiento de Solidaridad es encabezado por Lili Campos Miranda, de extracción panista y con una afinidad a Carlos Joaquín González.
En el cabildo solidarense, la transmisión del patrimonio público para el Tren Maya sólo tuvo oposición de dos de sus miembros. Uno de ellos fue Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno en la administración estatal encabezada por Roberto Borge Angulo, hoy preso.
Mendicuti también fue detenido por delitos relacionados con la función pública fincados en el comienzo de la administración joaquinista. Luego de ser absuelto regresó a la escena política como regidor de Solidaridad.
“Voté en contra porque en una reunión previa con funcionarios del INAH y de Fonatur se comprometieron a mostrarnos los estudios que estaban realizando; luego nos dijeron que no tenían porqué dárnoslas, por eso voté en contra del acuerdo”, manifiesta Gabriel Mendicuti.
Agrega que Fonatur pagará el precio del metro cuadrado en alrededor de 500 pesos, dinero que deberá ser utilizado en beneficio de los habitantes de tal demarcación poblacional, aunque hasta el momento no se ha anunciado ningún tipo de obra para el lugar relacionado con la utilidad por la venta de los predios.
“Entendemos los regidores que el dinero será utilizado en Villas del Sol, una comunidad de más de 80 mil habitantes, que no tiene los servicios mínimos de deportes, de cultura, mejores parques, áreas de convivencia”.
Y no sólo eso, en Villas del Sol, según reportes oficiales del gobierno, son cotidianos los hechos de violencia familiar, abusos sexuales, asaltos, extorsiones, derivado en muchas ocasiones por el hacinamiento de familias que habitan en casas de apenas 70 metros cuadrados. Son viviendas de una sola habitación comercializadas por la desarrolladora Cadurma, de ahí la necesidad de espacios públicos para el esparcimiento de su población.
Para el exsecretario de Gobierno, las dependencias federales que promueven el proyecto en el municipio donde se encuentra la Riviera Maya, no han sabido escuchar las propuestas de los opositores que ven al Tren Maya como un detonante para más problemáticas sociales y ambientales.
“El tema es que estuvimos trabajando con ambientalistas; tenemos una población de 350 mil a 400 mil habitantes, más de 160 mil cuartos de hoteles a lo largo y ancho de la Riviera Maya, 150 mil viviendas, y (los funcionarios federales) nos dicen que no se puede hacer nada”.
Y recomienda: “Número uno, escuchar los ambientalistas; número dos, escuchar a los afectados; así el Tren Maya será una inversión de desarrollo”.
A unos dos kilómetros de Villas del Sol, las labores de la Sedena avanzan pese a la oposición de los propietarios, en trabajos ocultos por la selva que aún no ha sido devastada.
“Se tiene que respetar a quienes tengan la legítima posesión, el amparo procede, desafortunadamente no lo están respetando, violando los derechos de los propietarios”, remata Mendicuti.
Ambientalistas: amparos continúan
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó recientemente que los amparos contra el Tren Maya no procedieron. Sin embargo, estos aún continúan su curso dentro del proceso judicial, incluso el expediente 923/2022 promovido por DMAS cuenta con el beneficio de una suspensión definitiva contra el tramo 5 Norte desde el 29 de julio.
La organización acusa al Poder Judicial de complicidad por haber retirado otras suspensiones que mantenían detenidas las obras para la construcción de las vías del ferrocarril.
“Es falso decir que ‘no procedieron los amparos”. Los juicios de amparo contra las obras del tramo 5 del Tren Maya siguen y junto con otros quejosos, vamos a seguir presentando argumentos y pruebas para que quede constancia de esta ilegalidad y ahora complicidad por parte del Poder Judicial”, expuso Antonella Vásquez, miembro de DMAS.
La asociación civil ha sido la principal impulsora de amparos por la violación del derecho humano al medio ambiente sano. Antonella Vásquez reconoce que el juicio 923/2022 tiene posibilidades de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a cortes internacionales, aunque lamenta que cuando haya una sentencia firme, finalmente el proyecto habrá destruido buena parte del ecosistema.
“Sí puede llegar más arriba, vamos a solicitar ahora que tenemos los recursos de revisión por esta modificación a modo de la suspensión y por eso vamos a solicitar que se atraiga, que la Suprema Corte lo atraiga, que nos digan dónde estamos mal”, explica.
