Sara Pantoja
Paradojas de la 4T: la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México –cuya razón de ser es la justicia laboral– despidió a unos 50 trabajadores sin justificación alguna y violando sus derechos laborales. Se trata de secretarios de acuerdo, auxiliares de audiencias y de trámites, auxiliares dictaminadores, actuarios y conciliadores. El presidente de la Junta, Eleazar Rubio Aldarán, quien apenas hace unos meses fue procurador de la Defensa del Trabajo local, guarda silencio ante este conflicto, pero se muestra activo en la promoción de los eventos de Morena y en el apoyo al presidente López Obrador y a la aspirante a sucederlo, Claudia Sheinbaum.
En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México, el máximo tribunal capitalino donde se resuelven conflictos laborales, se vive una gran paradoja: alrededor de 50 trabajadores, algunos con hasta 35 años de servicio en la institución, han sido cesados sin justificación legal y, peor aún, sin que les respeten los derechos laborales que por ley les corresponden.
“En casa del herrero, azadón de palo”, resumen algunos afectados.
Los despidos masivos han sido ordenados por el presidente de la Junta, Eleazar Rubio Aldarán, exdiputado federal y local de Morena, quien tiene apenas ocho meses en el cargo –llegó el 24 de enero pasado–, designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Paradójicamente, cuatro meses atrás fue procurador de la Defensa del Trabajo local, también a invitación de la mandataria capitalina.
La medida se da en medio del proceso del cumplimiento de la reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo federal en 2019, que contempla la extinción de las juntas locales para dar paso a nuevos tribunales en la materia. Sin embargo, implica que los alrededor de 135 mil expedientes pendientes por resolver se queden más rezagados y en perjuicio de los miles de trabajadores que demandaron a sus patrones desde hace años y que están en espera de tener justicia laboral.
Y es que muchos de los trabajadores despedidos son secretarios de acuerdo, auxiliares de audiencias y de trámites, auxiliares dictaminadores, actuarios y conciliadores, justo quienes tienen años de experiencia en la materia y la responsabilidad de ayudar a resolver los juicios laborales.
“Kafkiano”, cesar a conciliadores
Una funcionaria conciliadora cesada, quien pide el anonimato por temor a represalias, comenta que llevaba entre 15 y 20 años de servicio en la JLCA-CDMX y es jefa de familia, como muchos de sus compañeros afectados. Su función, en resumen, era intervenir entre el trabajador que demanda y el patrón que despide, para resolver el conflicto con un “arreglo armónico” y, así, evitar más juicios. “Mi labor era ayudar en economía de tiempos y de dinero, tanto para la Junta, como para las partes involucradas”, cuenta.
En entrevista, destaca que la reforma a la Ley Federal del Trabajo “le apuesta a la conciliación. ¡Por eso es absurdo, es kafkiano, es incongruente que a los primeros que se despide sea a los conciliadores!”. Y no es lo peor, pues afirma que ni ella ni los otros afectados han dado motivos ni cometido faltas graves para ser cesados.
Los ceses comenzaron el 13 de septiembre pasado, aunque el “hostigamiento” se inició desde agosto pasado. A sus oficinas llegaba personal enviado por Eleazar Rubio para “invitar a retirarse voluntariamente” y con facilidades; de no hacerlo, tendrían que firmar su carta de renuncia. A quienes no aceptaron, pronto les llegaron oficios firmados por el mismo presidente –Proceso tiene copia de algunos– en el que les informaban su remoción del cargo o que quedaba “sin efecto su nombramiento”, con el subrayado de que se trata de personal de confianza. No obstante, los oficios no aclaran ninguna causa específica y justificada del cese.
Trabajadores afectados entrevistados, la mayoría abogados con especialidad laboral, acusan ilegalidad en estos despidos, pues “no tienen la debida fundamentación ni motivación, además de que carece de legitimidad”. Explican que, si se les considera personal de confianza, su cese debe solicitarlo la Junta Local al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con el artículo 127 Bis de la Ley Burocrática.
Peor aún, dicen, la forma en que se han hecho esos ceses viola el artículo 46 de la Ley Burocrática que indica la prohibición de cualquier cese, excepto por causa justificada como puede ser abandono de empleo, faltas injustificadas, desobediencia, incumplimiento del trabajo, entre otras. Los entrevistados afirman que ninguno aplica con ellos.
La conciliadora subraya que el Decreto de Reforma a la Ley Federal de Trabajo contempla que el proceso de extinción de la Junta tiene que ser “paulatino y que, en todo momento, deberán estar salvaguardados los derechos de los trabajadores”. Entonces, lamenta: “Es como dice el refrán ‘En casa del herrero, azadón de palo’. Justo en la institución donde se aplica la justicia laboral, a los primeros que se les violan sus derechos laborales es a los propios trabajadores de la Junta. Es absurdo, kafkiano, incongruente”.
Poco presupuesto, mucho rezago
Según los entrevistados, los únicos argumentos para despedirlos que las autoridades les dijeron y sólo de manera verbal, es que “no hay presupuesto y que las Juntas están extinguidas”.
Sobre el primer punto, la conciliadora asegura que si es verdad lo del asunto presupuestal, ello debió ser previsto por la Junta desde principios de año. Además, dice que existe un presupuesto de 85 millones de pesos asignado a la JLCA para la aplicación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Y cuestiona: “Si hay ese presupuesto, no tendría por qué despedirse a las personas que aún somos útiles y que, sobre todo, no hemos dado ningún motivo para ello”.
Por el contrario, ella y otros trabajadores consultados aseguran que, al inicio de su encargo, Rubio Aldarán, presuntamente contrató alrededor de 45 personas sin la experiencia laboral ni el perfil profesional exigido por la Junta. De hecho, ni siquiera el titular cumple con los requisitos. En una semblanza que aparece en la página de internet de la JLCA, no destaca experiencia en derecho laboral y sí, por el contrario, el que fue suplente legislativo por el PRD de Ramón Jiménez López, conocido obradorista y exfuncionario del gobierno de Sheinbaum.
Un dictaminador afectado, con al menos 30 años de servicio en la Junta y quien también pide el anonimato por temor a represalias, explica que la reforma laboral marca que el próximo 30 de septiembre es el último día en que la JLCA recibirá demandas laborales. A partir del 3 de octubre, serán los nuevos tribunales los que se encarguen de ello.
No obstante, también marca un periodo de cuatro años después del cierre de la Junta para resolver los juicios pendientes. Según el cálculo de los trabajadores afectados, a la fecha hay unos 135 mil expedientes abiertos, algunos con más de 10 años de antigüedad y hasta con mil 500 páginas de contenido, además de cajas que almacenan pruebas. A ellos se sumarán los casos que lleguen en la última semana de labor de la Junta.
Entonces, alerta: “Sabíamos que la Junta se iba a acabar, pero si ya de por sí la justicia laboral no es pronta y expedita por falta de recursos, con menos personal experimentado será peor. Un juicio se llevaba cuatro años, ¡ahora se va a llevar seis o más!… Es ilógico que nos cesen porque las juntas están extintas, no podemos dejar indefensos a quienes piden justicia laboral. La Junta necesita a su personal completo para atender ese rezago”.
Los trabajadores, dice, están abiertos al diálogo y le apuestan a la concertación para lograr la reinstalación; y quienes no lo deseen así, tienen derecho a ser liquidados conforme a la ley, a llegar a un buen acuerdo.
Por ley, explica, se les debe contemplar los siguientes derechos: el pago de tres meses con salario integrado, 20 días por año trabajado con salario integrado, la prima de antigüedad y la parte proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Aun así, no han recibido un solo peso. “Somos abogados laboralistas y conocemos y reclamamos nuestros derechos”, asegura.
Tras los despidos injustificados, los afectados crearon el Movimiento Insurgente de Desplazados de la JLCA-CDMX y emitieron un pliego petitorio: 1) alto inmediato a los despidos injustificados, 2) inmediata reinstalación de todos los rescindidos y cesados, 3) instalación inmediata de una mesa de diálogo y concertación integrada por la titular de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez; la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y los afectados; 4) alto al desalojo y desmantelamiento de las juntas especiales y áreas jurídicas de la Junta y 5) integración inmediata del personal jurídico y administrativo de las 20 juntas especiales.
Los otros puntos son: 6) realizar peritaje estructural de los edificios de la JLCA por ingenieros de la UNAM y el IPN por el riesgo inminente; 7) inmediata utilización del parque vehicular de la Junta para el trabajo de los actuarios; 8) contratación y/o pago extraordinario a estenógrafas, archivistas, secretarios auxiliares y secretarios de acuerdos y actuarios; 9) capacitación y adiestramiento para todo el personal sobre aplicación de nuevas tecnologías y sistemas de internet y 10) realizar las liquidaciones correspondientes, si el trabajador lo decide así, conforme a derecho.
