El Senado de la República ha aprobado la iniciativa del presidente para otorgar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. De esta manera, solamente queda la promulgación de las reformas para que se ponga en marcha esta propuesta.
El proyecto traslada el control operativo y administrativo de la GN a la SEDENA. La organización — que en principio debía tener carácter civil y policial — ahora tendrá mando, personal, formación y normatividad castrense, consagrando así la militarización de la seguridad pública en nuestro país.
La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana ahora únicamente será encargada de diseñar la estrategia nacional de seguridad pública, en colaboración con la SEDENA. Deberá además transferir todos los recursos asignados a la GN a esta institución militar, en un plazo de 70 días.
La militarización de la seguridad pública en nuestro país no es nueva, comenzó con el gobierno presidencial de Felipe Calderón en el marco de la Guerra contra las Drogas. Desde ese momento, se ha profundizado el papel de las fuerzas armadas en tareas que le corresponden normalmente a los cuerpos de policía.
En este periodo se ha registrado un aumento considerable de la violencia e inseguridad en nuestro país, relacionada directamente con esta estrategia. No solo eso, pues han ocurrido numerosas agresiones y violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos militares, que van desde amenazas hasta detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas, abusos sexuales y asesinato.
Caso Alvarado
En 2009, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, tres miembros de la familia Alvarado fueron detenidos arbitrariamente por militares; a partir de ese momento se desconoce su paradero. Este acto de desaparición forzada llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emitió una sentencia en 2018 donde se fincan responsabilidades sobre el ejército y el Estado mexicano por este crimen.
De acuerdo con la Corte IDH se incentivó la impunidad de este caso al ser declinado en favor del fuero militar de los involucrados. Su sentencia establece una serie de medidas de restauración, además que la investigación debe ser abierta nuevamente para esclarecer el destino de las desaparecidas.
Tlatlaya
En junio de 2014, un grupo de ocho militares se encontraban haciendo un reconocimiento de madrugada por una carretera en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Ubicaron una bodega en obra negra resguardada por personal armado, por lo que intervinieron abriendo fuego.
Las personas al interior se rindieron, entre quienes se encontraban individuos aparentemente secuestrados. A pesar de estar desarmados, se ejecutaron ilegalmente 15 personas, entre ellas dos quienes habrían sido secuestradas. En total se contabilizan 22 muertes, entre ejecuciones extrajudiciales y heridos por el enfrentamiento. Posteriormente se alteró la escena, moviendo los cuerpos y colocándoles armas.
Sobrevivieron tres mujeres, quienes dieron testimonio de los hechos. La CNDH emitió la recomendación 51/2014, en la cual se relatan los acontecimientos y se señala la responsabilidad de miembros del ejército mexicano en estos asesinatos.
Ayotzinapa
También en 2014 sucedió la desaparición de decenas de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. En este caso se ha probado la participación de distintas corporaciones locales, estatales y federales, incluidas las fuerzas armadas.
Fueron 43 estudiantes las víctimas de desaparición forzada, además que otras 6 personas fueron asesinadas durante la misma noche.
Las investigaciones han revelado la responsabilidad de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso. No solo se han hallado omisiones o incluso la colaboración de un capitán con el grupo criminal Guerreros Unidos, también se ha descubierto que el coronel José Rodríguez habría ordenado la ejecución de 6 estudiantes, cuatro días después de su desaparición.
Las autoridades mexicanas han reconocido que este fue un “Crimen de Estado”, por lo que iniciaron un proceso judicial contra quienes estuvieron implicados. Se han girado órdenes de aprehensión contra decenas de policías y militares, así como otros funcionarios activos en ese momento.
Feminicidio de Brenda Matuz
En abril de 2019, Brenda Orquídea Matuz fue asesinada por dos capitanes del ejército mexicano en Chiapas. José Antonio N y Agustín N recibieron una sentencia por el feminicidio de la joven, también integrante de las fuerzas armadas.
De acuerdo con el relato de los hechos, Brenda Matuz salió con unos compañeros en su día libre, sin embargo no volvió a su base. Fue desaparecida y asesinada por los dos capitanes, quienes fueron sentenciados a 30 años de prisión y el pago de una multa superior al medio millón de pesos.
Feminicidio de Naomi Nicole
Otro feminicidio fue perpetrado contra Naomi Nicole en la Ciudad de México, ocurrido en 2020. Ella, conocida como La Soñaré, era mujer trans y migrante, además de trabajadora sexual.
José Luis Saturnino Chávez y Aristóteles Alan Ramírez Rodea, cabos de la SEDENA, solicitaron sus servicios, sin embargo testigos señalan que reaccionaron violentamente al conocer que Naomi era una mujer trans. Los hombres asesinaron a la joven, dejando su cuerpo en la escena y emprendiendo su huida.
Fueron sentenciados a 23 años de prisión por homicidio, calificado como un crimen de odio por el juez que dictó la pena. Aunque el delito de transfeminicidio aún no está tipificado por algún código penal, el proceso respetó la identidad de la víctima y se llevó a cabo con perspectiva de género, sentando un precedente para crímenes similares.
Estos son algunos sucesos que dan cuenta del papel del ejército en la violación de derechos humanos. Hay decenas de acontecimientos de este tipo registrados, a los que se suman las agresiones perpetradas por personal de la Secretaría de Marina o la propia Guardia Nacional.
No hay que olvidar a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Ángel Amílcar Colón, Jorge Mercado y Javier Arredondo, Samantha Michelle, Claudia Medina Tamariz, Ángel Yael Ignacio y Heidi Mariana, así como otros miles que han sufrido por causa de grupos militares. No solo la SEDENA es responsable, pues también la Marina y la propia Guardia Nacional han sido señaladas por actos violentos.
Desde diciembre de 2018, momento en que AMLO tomó posesión de la presidencia, la CNDH ha emitido al menos 14 recomendaciones dirigidas a estas instituciones. En estos estos documentos se señala su participación en diversas violaciones a derechos humanos.
Si bien es clara y sistemática la violencia efectuada por grupos militares, Andrés Manuel López Obrador ha declarado varias veces que son un ejemplo de integridad para el país. “No somos iguales“, ha comentado, mientras efectivos castrenses continúan asesinando, torturando y desapareciendo personas.
#ConferenciaPresidente | 8 de septiembre, 2022. pic.twitter.com/tKcfncOtTq
— Gobierno de México (@GobiernoMX) September 8, 2022
