Estamos muy cerca de recordar un aniversario más de la grave y masiva violación de Derechos Humanos, asesinato y desaparición forzada de al menos 43 personas ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Y a pesar de las investigaciones en curso y de todas las comisiones habidas y por haber que han trabajado para esclarecer los hechos, aún hoy no sabemos donde están los estudiantes desaparecidos. Y aquí subyace la clave de este asunto, porque ello demuestra que a pesar de la enorme presión social dentro y fuera de México para esclarecer los hechos y señalar a los responsables desde entonces, los pactos de silencio (pactos mafiosos, les llaman los expertos con razón) e impunidad, siguen intactos y funcionando hasta hoy.
Como ahora sabemos casi con certeza, después de tomar cinco autobuses en Iguala, los estudiantes normalistas fueron perseguidos, atacados, baleados y detenidos (por separado) por policías municipales en activo de al menos tres municipios de Guerrero. Dichos policías, sumados a los sicarios del grupo delincuencial llamado “Guerreros Unidos” habían puesto retenes (tantos como ocho) para evitar la salida de los estudiantes en los autobuses desde Iguala. Sin embargo, uno salió. Ahora hay certeza de que un quinto autobús fue detenido por la Policía Federal Preventiva, quien obligó a bajar a los estudiantes del autobús y presumiblemente los entregó luego a los criminales que los perseguían. Luego, el autobús siguió transitando ya sin pasajeros. Pero en vez de regresar a la terminal de Iguala, pasó todos los retenes y siguió camino al vecino estado de Morelos, lo que fortalece las hipótesis previas del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) acerca de una ruta ya establecida antes de las desapariciones para el trasiego de drogas desde Guerrero que termina al norte de Estados Unidos (en Chicago), y de la cual muchas de las agencias policiales gringas parecen estar enteradas desde hace años.
Es cierto que la principal hipótesis, la que sostiene que los tales “Guerreros Unidos”, confundieron a los estudiantes con malandrines rivales (“Los Rojos”) puede explicar en alguna medida la brutal violencia desatada después de las detenciones. Pero resulta que entre los nuevos datos aportados por Encinas recientemente, sabemos que un tal “A1″ dio la orden de “recuperar la mercancía”. ¿A qué se refería este sujeto? ¿Qué mercancía y de quién era? Reseña el mismo Encinas que dicho sujeto “A1″, ordenó la ejecución de todos los estudiantes: “porque no saben quién es quién”, “y se está calentando la plaza demasiado”…”mátalos a todos, Iguala es mío”; habría sentenciado el sedicente “dueño de Iguala”.
Así, en la conferencia de prensa del 26 de agosto, Encinas identificó al tal “A1” con quien fuera alcalde de Iguala en ese momento: José Luis Abarca, hoy preso en un penal federal por delincuencia organizada y recientemente absuelto por la desaparición de los estudiantes (tal como se ve, el pacto de impunidad parece no terminar), aunque vinculado a otros crímenes y asesinatos que o mantienen en la cárcel (Ferri, Pablo, “Un juez absuelve al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca del secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, El País, 14 de septiembre de 2022).
Sostiene también el informe de Encinas que los normalistas nunca estuvieron reunidos después de la toma de autobuses, y que un grupo de seis estudiantes fue capturado y retenido durante varios días más. Así, el 30 de septiembre, otro sujeto llamado por los criminales en sus conversaciones intervenidas por varias agencias policiales “El Coronel”, quien presuntamente es nada menos que general de división (mismo que al parecer acaba de ser detenido), afirma que “ya se han encargado” de esos sobrevivientes. ¿Quién era ese sujeto, llamado “El Coronel”? ¿A quien encargó el destino de los estudiantes retenidos ilegalmente?, ¿donde están?
“El Coronel” sería nada menos que el comandante en ese momento en funciones del destacamento militar de la región, llamado José Rodríguez Pérez, responsable del 27 Batallón de Infantería, quien de ser responsable, como se presume, involucraría directamente al Ejército -como siempre se sospechó- en la ejecución y desaparición de al menos una parte de los normalistas. ¿Actuó solo? ¿Sabían o conocían sus superiores y las autoridades civiles de sus actividades criminales en Iguala?
Así que no fue sólo “el narco” actuando libremente y a capricho bajo las órdenes de ciertos cabecillas locales: fueron también agentes del estado mexicano (policías y autoridades municipales, funcionarios estatales y federales, y también militares en activo) en contubernio (o liderando directamente la organización criminal actuante) con criminales y sicarios. Y aquí reside la gravedad de los hechos. No sólo la orden, ejecución y desaparición serían responsabilidad de un presidente municipal en ejercicio y de al menos un mando del Ejército, sino que también habría en los siguientes días, meses y años una operación de “limpieza” que al menos involucra al entonces procurador de la república hoy preso, Murillo Karam y al malhadado mando policial Tomás Zerón (huido, con orden de extradición sin cumplir y protegido por Israel). Por eso las preguntas sobre Ayotzinapa no pueden ser otras que: ¿hasta donde están involucrados los altos cargos políticos y militares por acción, omisión o encubrimiento, tanto en el narcotráfico que pareció motivar inicialmente los crímenes como en la posterior desaparición y borrado de huellas de los normalistas? Al respecto, parece haber algunas hipótesis plausibles para explicar su actuación criminal: la participación del ejército en el narcotráfico no podía ser develada, pero también que se intentaba evitar la grave crisis política provocada por los sucesos de Iguala, por lo que la movilización nacional debía ser disuelta a como diera lugar, dado que había (hay) muchos intereses en juego. De ahí la invención de la “verdad histórica” y toda su secuela.
Pero la principal pregunta, una vez que sabemos con cierto grado de precisión quiénes ordenaron y participaron en la desaparición de los estudiantes, y al no tener indicios de vida de ninguno de ellos, sigue siendo la pregunta central en este asunto, hecha ya por los padres y madres de los desaparecidos ocho años después: ¿dónde están? ¿Qué hicieron con ellos?, ¿hasta dónde llegará el gobierno en su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso paradigmático de la barbarie? ¿Qué otros funcionarios de primer nivel del gobierno de Peña deberían ser al menos interrogados, y en su caso procesados por el ministerio público por sus actos y omisiones en el caso de los estudiantes normalistas? ¿No se necesita acaso una fiscalía que en este y en muchísimos otros casos haga su trabajo con apego al mandato constitucional e independientemente de quien la encabece?
Es por ello que Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta que muy lejos está de cerrar, porque fuera de toda duda, representa un punto de inflexión para la salud de la vida pública mexicana.
@efpasillas
