La Guardia Nacional comenzó operaciones en 2019, en sustitución de la ahora extinta Policía Federal. Esta institución se creó para llevar a cabo tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional, que en principio sería una alternativa a la militarización llevada a cabo por gobiernos anteriores.
Por ello la GN tendría un mando civil, sin embargo gradualmente se ha acercado a constituirse como una corporación castrense. En 2022, tres años después de su creación, el presidente de México ha anunciado una iniciativa para incorporar esta organización a la Secretaría de la Defensa Nacional, formalizando así su carácter militar.
Uno de los orígenes de los problemas que causa la militarización de la seguridad pública — entre ellos, el incremento en la violencia de género — es que las instituciones militares no están capacitadas para realizar las tareas que ahora se le encomiendan. Un ejemplo son las labores de proximidad.
Seguridad pública y proximidad
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la proximidad se define de la siguiente manera:
“La proximidad es un mecanismo de gestión policial que busca que la seguridad se construya de manera colectiva. Asimismo es una filosofía que se debe adoptar en toda la corporación policial, la cual debe tener como prioridad a la ciudadanía y la percepción que ésta tiene de la institución. Es de principal importancia que las policías generen interacciones positivas con los ciudadanos, y se genere una relación de confianza por la cual se pueda obtener información importante para la atención y prevención de los delitos.”
Entre las acciones que se consideran como labores de proximidad están el patrullaje por zonas, reuniones constantes con vecinos, recibir denuncias directamente de los civiles e identificar conductas delictivas en una circunscripción específica.
Es decir, una policía de proximidad debe tener una relación estrecha con la comunidad que habita en el lugar donde opera. Además, debe estar capacitada para actuar de manera rápida, siempre teniendo en cuenta el respeto a los derechos humanos.
Estas labores son normalmente asignadas a las policías municipales, pues tienen mayor cercanía con su territorio. No obstante, con la puesta en marcha de la estrategia de militarización y la creación de la Guardia Nacional se ha creado confusión entre las atribuciones de cada institución.
Apropiación de las labores de proximidad por la Guardia Nacional
A nivel práctico, la Guardia Nacional se ha apropiado de las labores de proximidad. Los patrullajes que realiza y su presencia permanente en las calles indican que está tomando las funciones que normalmente pertenecen a otras organizaciones. Incluso, la GN se ha denominado formalmente como una policía de proximidad.
El politólogo y abogado especialista en reforma policial, Bernardo León Olea, expresó lo siguiente al ser consultado por Animal Político:
“Vemos a los agentes de la Guardia Nacional haciendo tareas de policías municipales, es decir, haciendo rondines, pero la diferencia es que no conocen la zona, a la gente del lugar. (…) No solo es que no los capaciten, sino que no tienen esa proximidad con la comunidad. La Guardia Nacional es una fuerza de ocupación.”
El objetivo de los patrullajes es disuadir la actividad criminal únicamente por presencia de las fuerzas armadas. Esto no ha ocurrido y, por el contrario, los enfrentamientos entre asociaciones delictivas y autoridades militares han provocado constantes crisis de inseguridad.
Militarización de la seguridad pública
Otorgar a una institución militar labores que corresponden a organizaciones civiles implica varios inconvenientes. Sus efectivos no están capacitados para encargarse de la seguridad pública, pues su formación se basa en el uso de fuerza letal para combate con armas de fuego.
Las organizaciones castrenses están hechas para la defensa y seguridad nacional, específicamente en contextos bélicos. Durante la llamada Guerra contra las drogas y las subsecuentes estrategias de militarización han ocurrido numerosos actos violentos en las calles del país, provocando miles de bajas civiles.
Diferentes gobiernos han intentado justificar estos asesinatos como daños colaterales, aunque se ha demostrado que varias violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales han sido perpetradas por los propios cuerpos militares.
La Guardia Nacional no es más que una continuación de las políticas de militarización. Incluso antes de depender legalmente de la Sedena, ya actúa como una corporación militar. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) señala que 59% de los elementos de la Guardia Nacional pertenecen formalmente a la Sedena, además que esta última le dota de materiales, equipo, vehículos e incluso de inmuebles.
Debilitamiento de las policías
La actividad de la Guardia Nacional ha mermado las capacidades de las policías locales y estatales. Para dar cuenta de este problema, la asociación Causa en Común publicó el reporte La situación de las Policías en México 2018-2022. En este se observa que en el actual sexenio ha disminuido el presupuesto que reciben las corporaciones de seguridad pública locales, a la par que los recursos de la GN, Sedena y Marina han aumentado.
Las instituciones policiales han perdido poder de respuesta, mientras que las organizaciones militares han demostrado ser inadecuadas para realizar tareas de seguridad. Por ende, los problemas de inseguridad no se atienden oportunamente, dando pie al incremento generalizado de la violencia en el país.
Las estrategias de seguridad pública no deben enfocarse en la reacción violenta hacia los crímenes cometidos, sino en la restauración de vínculos sociales y prevención. Por ello, es sumamente necesario que se trabaje en colaboración con las comunidades, especialmente aquellas que han sido históricamente perjudicadas por la actividad tanto de organizaciones delictivas como militares.
Los resultados de la militarización son evidentes. Esta estrategia no solo ha fracasado en disminuir los índices de inseguridad y violencia, sino que está directamente relacionada con el aumento de los mismos. Es urgente que el Estado mexicano cambie radicalmente su acercamiento hacia este problema, pues la población sigue sufriendo las consecuencias de una guerra librada al interior del territorio nacional.
