Uno de los problemas más urgentes que enfrenta actualmente la población mexicana es la inseguridad. La presencia y actividad de grupos criminales en nuestro país ha ocasionado una intensa situación generalizada de violencia, que las instituciones públicas no ha podido solucionar e incluso han empeorado con sus decisiones.
El presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, ha elaborado un plan para combatir la inseguridad. Uno de los puntos centrales en su propuesta es la creación de la Guardia Nacional, organización encargada de realizar tareas de seguridad pública en todo el país, luego de la extinción de la Policía Federal.
Aunque en el discurso AMLO había prometido que esta nueva institución se mantendría con una dirección civil, paulatinamente se ha convertido en una corporación militar. A nivel práctico, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha acaparado las operaciones de la GN, pues le ha dotado de personal, infraestructura y presupuesto.
Ahora, el presidente ha anunciado que presentará un acuerdo mediante el cual la Sedena toma completamente el control de la GN. De esta manera, formalmente se convertirá en una institución militar, lo cual supone un riesgo claro.
Corrupción en las instituciones de seguridad pública
Una de las razones por las que López Obrador ha decidido darle tantas facultades a las instituciones militares del país es la corrupción de los cuerpos policiales. De acuerdo con su percepción, las policías a nivel nacional han mostrado inoperancia y vicios en su interior, por lo que han perdido la confianza de la sociedad.
Es cierto que frecuentemente los encuentros de la población con algún agente de policía, sea cual sea la instancia a la que pertenece, terminan en actos de corrupción. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el INEGI, deja ver la magnitud de esta situación.
En el primer semestre de 2022, cerca del 13% de la población mayor de edad a nivel nacional tuvo algún contacto con autoridades de seguridad pública. De estas personas, 43.1% manifestó que experimentó algún acto de corrupción en estos encuentros, según información de la ENSU. En otras palabras, prácticamente la mitad de las interacciones de la población con policías u otro agente de seguridad pública terminan en prácticas ilegales.
Además, cabe señalar que en años recientes se han detectado numerosos casos de abusos y agresiones perpetrados por diferentes cuerpos policiales. Las instituciones municipales y estatales han sido acusadas de violaciones a derechos humanos, intimidaciones, desapariciones forzadas, tortura, extorsión, violaciones y otros delitos.
Para visualizar la gravedad del problema, se ha publicado el reporte Policía Mexicana: Brutalidad sin límite, elaborado por la Unidad de Investigación de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA). Este fue impulsado por el Programa Piloto de Apoyo al Periodismo en México 2021 de la UNESCO y publicado en Milenio.
Entre los datos que aporta este documento encontramos que entre 2015 y 2020 se levantaron 33 750 expedientes por delitos asociados a la brutalidad policial. De estos, únicamente 373 tuvieron un proceso judicial y 172 de ellos llegaron a una sentencia condenatoria. Es decir, 99.5% de los casos denunciados quedaron impunes.
El hecho que los abusos y agresiones de los cuerpos policiales terminen sin sanción abre la puerta a que continúen. Si bien la corrupción dentro de estas instituciones es un problema real, es relevante mencionar que también se ha debilitado su capacidad para realizar adecuadamente sus competencias.
Debilitamiento de las policías
En el sexenio presidencial actual, la aparición de la GN y la encomienda de diversas tareas a las organizaciones militares — Sedena y Marina — ha provocado el debilitamiento de las policías a nivel nacional. La asociación civil Causa en Común ha publicado el informe La situación de las Policías en México 2018-2022, en el cual se descubren varias situaciones que obstaculizan su operación.
El presupuesto otorgado a las instituciones de seguridad pública estatales y municipales ha disminuido considerablemente. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) eran las principales fuentes de ingreso para estas instancias, sin embargo la segunda desapareció en 2021. Por su parte, el FASP ha mermado ampliamente desde 2018, año en que comenzó el vigente gobierno federal.
La disminución presupuestal ha ocasionado que las policías se encuentren en serias dificultades para cumplir con sus responsabilidades. Esto se refleja en los salarios y prestaciones pagados a los elementos que pertenecen a ellas, los cuales son frecuentemente insuficientes para superar las líneas de precariedad.
Encima, sus condiciones laborales son sumamente deficientes. Las jornadas laborales extenuantes son habituales en estas organizaciones, lo cual causa problemas de salud física y mental. Todas estas situaciones abonan a que las corporaciones policiales se vean incapaces para atender las situaciones de inseguridad en sus territorios.
A par de esta situación, el presupuesto asignado a la Guardia Nacional y las instituciones militares ha incrementado notablemente. Es evidente que el rumbo marcado por el presidente para atender la crisis de inseguridad en el país consiste en la militarización de la seguridad pública, continuando con una estrategia que ha provocado diversos conflictos y perjuicios a la población mexicana.
