Arturo Rodríguez
Extraer en zonas ya minadas de la región carbonífera de Coahuila, como en el caso de El Pinabete, cuyo derrumbe atrapó a diez personas, ha cobrado su precio: en 25 años murieron 153 trabajadores. Son tragedias que pudieron evitarse porque las autoridades ya sabían que dicha zona es de alto riesgo, de acuerdo con la Cartografía Minera del Servicio Geológico Mexicano, que Proceso obtuvo vía transparencia. Este semanario ha realizado un seguimiento del drama de los obreros de las entrañas de la tierra, desde la fiebre de concesiones en los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón, hasta la reactivación de la minería precaria, con López Obrador.
Hace 20 años, el 23 de enero de 2002, colapsó un pozo carbonero conocido como La Espuelita. El derrumbe de una pared, que contenía una zona minada con túneles llenos de agua, inundó el pocito donde trabajaban 13 mineros que ahí perdieron la vida. En la semana siguiente sus cuerpos fueron recuperados, mientras gobiernos y empresas expresaban condolencias y anunciaban un plan de ordenamiento minero.
Discursos y planes no funcionaron… excepto para un puñado de empresarios del carbón, muchos de ellos activos en la política, quienes han conseguido millones de pesos en contratos de proveeduría del mineral con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para alimentar las dos carboeléctricas de Nava Coahuila, muy a pesar de que el propio gobierno de México tiene identificados como de alto riesgo los lugares donde se ubican numerosos pozos carboneros excavados en zonas minadas.
Es decir, numerosos pocitos carboneros con concesiones de la Secretaría de Economía, pretendidamente inspeccionados por la Secretaría del Trabajo, cuya producción compra la CFE, se establecieron con todos esos avales gubernamentales negligentes pese a la identificación que el Servicio Geológico Mexicano (SGM) ha establecido sobre el riesgo de los territorios minados.
En 2013 Proceso solicitó al SGM acceso a la Cartografía Minera (Solicitud 1010000005813), que la reservó. La información fue pedida como parte del largo seguimiento que este semanario ha dado a la evolución de las concesiones por minerales por toda sustancia concesible, pero destacadamente a la minería del carbón, pues aquel año la Reforma Energética implicó también las autorizaciones para gas asociado al carbón mineral.
Después de un largo litigio en el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que incluyó sesiones largas de alegatos con la entonces comisionada ponente María Elena Pérez Jaén, la cartografía solicitada se abrió.
Ante los hechos de la mina El Pinabete, los mapas del SGM posibilitaron trazar la ruta de siniestros con víctimas fatales o lesiones de trabajadores que realiza la organización La Familia de Pasta de Conchos, una agrupación que desde el accidente del que toma su nombre, ocurrido en 2006, acompaña a familias de víctimas de la minería del carbón, e impulsa recursos jurídicos en exigencia de justicia.
El registro realizado permite establecer que, entre el siniestro en La Espuelita en 2002 y el de El Pinabete en 2022, hubo las mismas causas, y también que ambas están ubicadas en zonas de riesgo identificadas por el SGM.
