Ha sido muy hablada y discutida la nueva propuesta de reforma electoral, desde quienes incitan y aplauden los cambios radicales en todo el sistema y andamiaje electoral, hasta quienes indican que la reforma planteada significaría un retroceso en caso de aprobarse.
Como consecuencia, actualmente se celebran foros de discusión sobre la propuesta de reforma, en donde han participado académicos, funcionarios y ex funcionarios electorales, mismos que en su mayoría calificaron la propuesta legislativa como un retroceso y un riesgo para el sistema electoral y democrático de nuestro país.
Cabe mencionar que el pasado veintiocho de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma en materia electoral, la que turnó la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo a las comisiones unidas de Reforma Política y de Puntos Constitucionales, esto, para su debida revisión y, en caso de aprobación, realizar el dictamen correspondiente.
La reforma propuesta por el ejecutivo federal llevaba “cocinándose” desde tiempo atrás, la que, sin duda, a los interesados en la materia nos mantiene atentos, pues el Presidente de la República en diversas ocasiones y a lo largo de su sexenio, ha propuesto una serie de cambios al sistema democrático de nuestro país.
¿Qué plantea esta polémica reforma?
Básicamente, las modificaciones propuestas son las siguientes:
1.- Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Se pretende crear un nuevo Instituto Nacional Electoral, pero ahora incluyendo en su nombre la Consulta, lo que en lo personal parece irrelevante, dado que es ya el actual INE encargado de organizar las consultas populares, de hecho, existe una ley que rige a estas, como los es la Ley Federal de Consulta Popular.
Además, se propone que el INEC sea integrado por siete consejerías y no por 11 como actualmente es, punto que me parece factible discutir, pero que antes debe conocerse el impacto y la puesta en riesgo de las tareas del Instituto con la reducción de las consejerías.
2.- Elección de Consejerías y de Magistraturas Electorales mediante voto popular, siendo las candidaturas postuladas por los Poderes de la Unión.
Este punto me parece medularmente preocupante, las consejerías y magistraturas no deben ser electas por voto popular, puesto que obedecen a cargos altamente técnicos, que no pueden estar convenciendo a las voluntades populares, por ello actualmente son obligados a pasar por múltiples filtros que determinen su viabilidad, de tal suerte que dejarlos a la decisión del pueblo, sugiere un peligro de que sean los mismos partidos quienes, a través de sus ejércitos electorales y estructuras, lleven a estos cargos a personas afines.
Lo anterior sin duda preocupante, puesto que en sus manos se resguarda la organización y calificación de las elecciones. Se suma que, la elección popular de estos cargos, supone otro gasto millonario, lo que es contrario a los fines que busca la misma reforma.
3.- Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones.
Otro punto preocupante, basado en el objetivo de abaratar el costo de los órganos electorales. No obstante, son los organismos locales quienes en un primer momento, reflejan las soberanías de los Estados, su desaparición daría paso a la concentración de funciones y al federalismo extremo.
Por otro lado, sería incrementar considerablemente la carga de trabajo del INE y del TEPJF y sus salas, lo que generaría una sobre contratación de personal, rentas y compras de mobiliario, contrario al ahorro que pretende obtenerse con esta reforma, sumándose la curva de aprendizaje y la capacitación a la que tendrían que ser sometidos, existiendo ya un dominio técnico jurídico y político de las instancias locales.
En otras palabras, es punto es incongruente, dado que lo que se pretende es abaratar el costo de la organización y calificación de las elecciones, sin embargo, produciría un efecto contrario, al tener que multiplicar las autoridades electorales federales el capítulo 1000 (nómina) para poder hacer frente al incremento de la carga de trabajo.
4.- Eliminación de las diputaciones plurinominales.
Este tema en específico es debatible, puesto que hay un riesgo de volver a la supremacía de partidos hegemónicos, ya que los nuevos partidos o los no favorecidos carecerían de representación en el Congreso, lo que implicaría desaparecer también los límites de sobre y subrepresentación, llegando al riesgo de que las decisiones sean tomadas por el partido mayoritario.
Sin embargo, hay quienes indican que pretende exactamente lo contrario, eliminar las diputaciones de mayoría relativa y sustituirlas por representación proporcional, por lo que este punto aún no está claro, ya que también se propone un cambio de modelo de elección de diputaciones, senadurías y ayuntamientos para que estos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.
5.- Reducción de las regidurías, estableciendo un límite de nueve de forma proporcional a la población de cada municipio.
Este punto podría ser viable en los municipios pequeños, pero se tendría que hacer una análisis en aquellas alcaldías donde se concentra gran número de población y que son considerados municipios estados.
6.- Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales.
Punto de análisis profundo, ya que si bien suena justo y tentador dejar de ¨mantener” partidos políticos, lo cierto es que implicaría la creación de un nuevo sistema de fiscalización, incluso pondría en riesgo el financiamiento ilícito de campañas y aportaciones por entes prohibidos, lo que tendría que modificar no sólo las reglas de fiscalización, sino también la Ley de Partidos, así como los Códigos Electorales y las Leyes Generales de procedimientos y delitos electorales.
7.- Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico.
Elemento de la propuesta elemental y necesario, donde después de una costosa inversión en la tecnología, se llegaría a un ahorro significativo y seguridad en las elecciones. Punto en el que estoy totalmente de acuerdo.
8.- Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral.
Propuesta que atentaría contra el derecho de la ciudadanía a estar informada, desincentivando incluso la participación política en las elecciones, que de por sí naturalmente se ha visto mermada.
9.- Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental.
No parece adecuado este punto, puesto que permite a las y los servidores públicos, a los gobiernos estatales, municipales y desde luego, a la presidencia de la república, intervenir con informes y comunicación en medios masivos en las campañas electorales, afectando la equidad en la contienda.
Conclusión.
Tal como se esperaba, la propuesta de reforma electoral sugiere entre un gran número de cambios, una modificación estructural en las instituciones administrativas y judiciales electorales, tanto a nivel federal como a nivel local, sin embargo, si bien algunos cambios suenan interesantes en cuanto al ahorro que puede generar al Estado, lo cierto es que algunas pretensiones son irrealizables jurídicamente y otras más, ocasionarían un retroceso en nuestro sistema electoral que además ha demostrado la permisión de la alternancia en el poder, por lo que si bien, hay algunas propuestas son rescatables y necesarias, los cierto es que no deben de tomarse a ligera y con fines de beneficio personal.
Lo prudente es allegarse de los expertos en la materia, de los usuarios y aplicadores de la norma electoral, que acompañen la elaboración de la inevitable reforma electoral, y lograr así reformas útiles con el único beneficio del fortalecimiento de nuestra democracia.
@SDANIELGTZ@
