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lunes, diciembre 15, 2025

Cuestan diputados hasta 7.9 millones de pesos a los aguascalentenses: IMCO

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  • Además, Aguascalientes es la tercera entidad federativa que menos recursos destina para sus auditorías, es decir, para vigilar cómo se usa el dinero público.
  • En promedio cada diputado local en México cuesta 12.4 mdp anuales.

 

Mientras que en Aguascalientes existen cerca de 400 mil personas que viven en condiciones de pobreza, y en medio de una parálisis legislativa causada por la ausencia de legisladores, los diputados locales le cuestan a la sociedad aproximadamente 7.9 millones de pesos, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su análisis Congresos ricos, auditorías pobres.

Ahí se consignó que los congresistas locales cuestan, en México, 12.4 millones de pesos en promedio, pero se hace la aclaración de que no todos “cuestan lo mismo”, pues mientras que los aguascalentenses llegan a costar 7.9 millones, en Baja California, Ciudad de México y Michoacán, cuestan más de 20 millones, respectivamente.

En contraste, destaca el IMCO, Colima, Tamaulipas, Puebla, Yucatán y Campeche son las entidades donde los congresistas locales cuestan menos a su población, pues no rebasan los seis millones de pesos.  

El caso de Aguascalientes es particular, pues justo este año los legisladores se subieron el sueldo. Fue el diputado panista Enrique García López el que confirmó que a partir del 1 de enero del 2022 sus homólogos y él pasarían de percibir 49 mil pesos mensuales a 75 mil, más los otros bonos y prestaciones que tienen como “servidores públicos”.

Dicho aumento, no oculto a la opinión pública, se dio en un contexto donde según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) existen en Aguascalientes 396.5 mil personas pobres, lo que representa un 27.6%, casi la tercera parte de la población.

Más aún, el aumento de sueldo otorgado por y para los diputados, así como el revelar cuánto cuestan los congresistas locales a los aguascalentenses anualmente, se da mientras que paralelamente 34.7 mil personas viven en condiciones de pobreza extrema.

Raquítico recurso para las auditorías

El análisis del IMCO, revisado por LJA.MX, detalló algunas de las fallas que existen dentro del otorgamiento de recurso público a los Congresos y a los organismos encargados de realizar auditorías para revisar cómo se está usando el recurso del erario.

Derivado de ello se encontró que “No hay justificación para el tamaño de las asimetrías de presupuesto a los congresos”, pues, “mientras que el presupuesto del congreso de Nuevo León para 2022 es de 400 millones de pesos, el congreso de Michoacán, un estado con menor población y Producto Interno Bruto, costará 933 millones de pesos a sus habitantes”.

Además, se concluyó que “el número de congresistas locales no obedece al tamaño poblacional de los estados. Mientras que el congreso de Sinaloa tiene 40 congresistas, Coahuila, un estado de mayor tamaño y población, solo tiene 25 congresistas”.

Sin embargo, aunado a la falta de justificación en los presupuestos para los poderes Legislativos locales, también existe un déficit a la hora de etiquetar recursos para realizar auditorías. A fin de cuentas, quienes aprueban los presupuestos, a propuesta de los poderes ejecutivos estatales, son los mismos Congresos locales, lo que a su vez podría terminarlos haciendo “cómplices de malas administraciones”.

De hecho, el análisis del IMCO reveló que Aguascalientes es la tercera entidad federativa del país que menos dinero destina a sus auditorías, con aproximadamente 39 millones de pesos, recurso etiquetado este año al Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (Osfags) para operar y vigilar las cuentas públicas del estado.

A su vez, el Osfags, encargado de vigilar y revisar cómo la clase política y los servidores públicos usan el erario, ha gozado de un manto que le ha dado la oportunidad de no rendirle cuentas, según se dio a conocer en LJA.MX en la nota Osfags, el vigilante exento a la rendición de cuentas, donde se consignó que no hay alguien que haya evaluado cómo este órgano autónomo del estado ha gastado el recurso que se le da año con año.

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