Arturo Rodríguez
A cuatro años de iniciada la administración de Enrique Alfaro, en Jalisco, el saldo es demoledor en materia de seguridad: el estado ocupa los primeros lugares entre las entidades con mayor número de delitos por extorsión, homicidios y asesinatos en México.
En ese contexto, una conducción política misógina de las autoridades contribuyen a un indicador atroz: las cifras del Tercer Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2022, publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reflejan que Jalisco es el tercer estado más peligroso para las mujeres.
La constante en esta crisis de inseguridad pública y de inseguridad para las mujeres en la entidad ha sido la indiferencia a los reclamos y la ineficacia en la implementación de medidas de protección, como quedó demostrado con el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quemada viva por cinco personas presuntamente porque les incomodaba a sus vecinos los ruidos que generaba su hijo autista, esto tras múltiples amenazas e incluso haber sobrevivido a un ataque con cloro industrial.
Organizaciones como Yo Cuido México y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres documentaron que las autoridades correspondientes no dieron la debida atención y seguimiento a su proceso, pues el día del ataque Luz Raquel no tenía acompañamiento Niño protección del gobierno estatal, ni del Ayuntamiento de Zapopan que informó, las medidas de protección habían caducado.
Aún así, el gobernador Enrique Alfaro aseveró que ningún funcionario público falló en darle la protección solicitada a la demandante, a pesar de que el propio Fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, concedió que la caducidad en las medidas precautorias para Luz Raquel Padilla era un asunto “meramente técnico”, pues la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia estipula que dichas medidas siempre deben estar vigentes.
Estas irregularidades derivaron ya en un primer caso judicial. Ayer, Proceso dio a conocer que las diputadas federales del Partido Acción Nacional Cecilia Patrón y Diana González, acompañadas por Laura Esquivel, secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional, y de Diana Araceli González, Presidenta estatal del blanquiazul, presentaran una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar la inacción de funcionarios del gobierno estatal y del ayuntamiento de Zapopan al no brindar protección a Luz Raquel Padilla.
Violencia de género estilo Jalisco
Sobre la violencia de género en el estado, el reporte de la SSPC detalla que Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en feminicidios, con 63 casos, sólo por debajo de Nuevo León (70) y el Edomex (132) y pertenece al grupo de cinco entidades que agrupan el 42.5% de todos los casos a nivel nacional, tomando en cuenta que estas cifras sólo muestran los reportes al número de víctimas registradas en carpetas de investigación iniciadas y reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales.
El caso de Luz Raquel Padilla evidenció que en Jalisco las mujeres enfrentan burocracia, indiferencia y mala atención al denunciar casos de violencia, como también sucedió con Ángela María Barba Asencio quien a través de redes sociales denunció actos de violencia de su expareja Ángel Ulises Preciado, quien a pesar de contar con múltiples denuncias por violación y abuso infantil aún le tiene retenido a su hijo. La mujer pidió ayuda al gobernador quien solo reaccionó a lo que considera un ataque político.
Y es que, al ser cuestionado al respecto Enrique Alfaro respondió: “me parece muy delicado que asuntos de carácter familiar empiecen a ventilarse de esa manera, queriendo generar un problema de carácter político”.
Alfaro negó cualquier tráfico de influencia para beneficiar al agresor, lo que generó descontento social no sólo por la revictimización y falta de credibilidad en la madre afectada, sino por un reciente caso sobre violencia política de género en Guadalajara.
En días pasados se filtró a medios de comunicación la compra de una camioneta de la diputada morenista María de Jesús Padilla Romo, en la que se hicieron públicos sus datos personales e información privada, lo que es una violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y que puso a ella y su familia en situación de vulnerabilidad ante la delincuencia, todo con la intención de desprestigiarla por su actividad política.
Al respecto, la diputada priista Verónica Gabriela Flores Pérez se solidarizó con María Padilla y declaró: “a los medios les pregunto, qué de noticioso tiene el tema. ¿en dónde estamos las mujeres de este Congreso para evitar que se siga linchando mediáticamente a una compañera diputada”, cuestionó a los medios oficialistas.
“Lo digo con toda responsabilidad, me he dedicado a la política toda mi vida, no se vale que crean que las mujeres estamos en un espacio porque se lo debemos a un hombre. Rechacemos la frivolidad y las múltiples formas de violencia. Robar la vida de una mujer es grave, como grave es intentar robar la buena fama y la libertad de otra mujer. Hemos institucionalizado la violencia a través de los temas mediáticos”, acusó la legisladora.
Como responsables de la filtración a medios de comunicación afines al gobernador Alfaro y la presunta comisión del delito de violencia política de género contra Padilla Romo, ha trascendido José María Martínez, coordinador de Morena en el Congreso local, y a Jesús Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara, esto con fines de impactar la imagen de la legisladora pues en la transacción del vehículo en cuestión no se ha detectado irregularidad alguna.
Jalisco es uno de los seis estados que concentran la mitad de las víctimas de homicidio doloso y de las 5 entidades donde suceden el 63.5% de las extorsiones en México, según datos del del Tercer Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2022.
Aún más. Los datos reflejan que no solo es la violencia de género sino la violencia y criminalidad en general que campean en otros ámbitos empezando por Guadalajara, la capital: el Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco muestra que delitos como robo a vehículos aumentó 250%, el robo a negocios 800% y los homicidios dolosos se duplicaron de 2015 a la fecha.
