- Asfixia con bolsas plásticas, amenazas de muerte con arma en mano, descargas eléctricas y quemaduras con fierros calientes, algunos de los métodos.
- El “gimnasio” de la Policía Ministerial, una casa de arraigo antes ubicada en la calle Zoila Cárdenas, unas bodegas olvidadas de Ferromex y hasta el Complejo Tres Centurias fueron las sedes donde funcionarios públicos incomunicaron y torturaron hasta a 40 personas.
La paz y prosperidad que durante años se ha presumido en Aguascalientes se opaca ante la otra realidad: torturas y abuso de poder por parte de funcionarios públicos que, a la sombra de la impunidad, operaron de manera sistematizada durante el gobierno del priista Carlos Lozano de la Torre, cuando Felipe Muñoz Vázquez -también implicado en omisiones de desvíos millonarios de dinero-, era el titular de la entonces Procuraduría de Justicia del estado, de la que algunos de sus agentes cobraban sueldo mientras cometían graves violaciones a derechos humanos.
Dichos casos de tortura fueron investigados, documentados y publicados por la propia ONU-DH en el documento Hasta perder el sentido. Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014, donde se consignan al menos 40 casos de tortura (33 a hombres y siete a mujeres), hasta sexual, perpetrados y permitidos por ministerios públicos de la Procuraduría y policías ministeriales.
Algunos de los casos analizados en el informe ya habían sido investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que emitió la recomendación 17VG/2019, donde se documentaron y acreditaron 19 casos de tortura en donde Muñoz Vázquez, el exprocurador que luego trabajaría en la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero, estaba implicado.
Sin embargo, aunque en el informe de la ONU-DH se documentan 40 casos que no fueron aislados, sino prácticas sistematizadas, también se aclara que este problema es mayor, pues “206 personas alegaron haber sufrido tortura bajo custodia de la entonces Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes”.
Para el informe se analizaron 62 casos en los que se logró tener comunicación con los sobrevivientes de tortura, pero se decidió no incluir 22 porque estos no configuraban el patrón de sistematicidad que se aborda en el documento y que permitió las vejaciones físicas y psicológicas documentadas.
En Hasta perder el sentido, revisado por LJA.MX, se indicó que de las 40 personas sobrevivientes -algunas todavía encarceladas después de haber sido torturadas-, diez eran agentes de fuerza de seguridad: nueve policías municipales y un guardia rural. El común denominador de esas 40 personas, se agrega, era la precariedad económica.
Además, lo recientemente publicado coincide con aseveraciones que ya se habían hecho sobre la tortura en Aguascalientes, pues la ONU-DH señaló, con base en otro informe realizado por la organización internacional World Justice Project, que hasta el 2014 Aguascalientes era el segundo estado con “mayor porcentaje de personas (89%) que aseguraron haber sido torturadas o maltratadas durante la detención, traslado o estancia en el Ministerio Público”.
Los lugares comunes: todo un sistema
El documento de 96 páginas que publicó la ONU-DH no solamente revela el sistema de impunidad y complicidad que permitió que las torturas y las violaciones a derechos humanas se perpetuaran, sino que también detalla, con testimonios personales, los cruentos métodos que los agentes de la Procuraduría, con la anuencia de altos mandos, usaban para obligar a las personas a aceptar que cometieron algún delito y luego encarcelarlos. Incluso, para cuando se estaba realizando el informe, 30 de los 40 sobrevivientes torturados seguían en la cárcel. Solamente diez pudieron obtener su libertad. Aún así, ningún torturador y violador ha sido sancionado.
Aunado a la violencia y al abuso de poder, algunos testimonios relatan lo que podrían ser detenciones arbitrarias y con exceso de fuerza.
No sólo hubo detenciones que ya implicaban violaciones a derechos humanos, sino que después, durante el proceso legal al que se les sometió, las víctimas fueron llevadas a ciertos lugares específicos, todos cercanos a la Procuraduría, donde fueron torturados e incomunicados por días, para luego ser arrestados.
El “gimnasio” o “spa” (así se le decía) de la Policía Ministerial, su sótano, la Fiscalía, el Complejo Tres Centurias, unas bodegas olvidadas de Ferromex y las instalaciones de lo que alguna vez fue una casa de arraigo -figura completamente reprobada por organizaciones de Derechos Humanos- en la calle Zoila Cárdenas, a 300 metros de la Policía Ministerial, fueron los escenarios de estos crímenes aún sin resolver.
Cuando las personas eran detenidas, de manera irregular, estas también eran incomunicadas por lo que sus familiares pasaban días sin saber de ellas. Por la gravedad de los golpes, algunos sobrevivientes tuvieron que ser hospitalizados y aún así, no podían comunicarse con nadie.
Un testimonio da cuenta de ello: Yo lo que hice, a una enfermera que me estaba curando [en el Hospital Hidalgo], le rogué, le supliqué “por favor llámale a mi familia diles que estoy aquí, te lo suplico, llámale a mi familia” y ella me dijo “es que si lo hago me puedo meter en problemas”. Le dije “hazlo, nadie va a saber nada”. Le di el número y llamó a mis abuelitos, les dijo que estaba yo en un Hospital Hidalgo, que estaba torturado. Entonces llegó un Actuario Segundo de Distrito [sic] al Hospital Hidalgo y me dijo “tu hermano X. te acaba de tramitar un amparo por tortura, ¿si es verdad que te están torturando? Le dije que sí, y los ministeriales asustados me dijeron “¿cómo supieron que estabas aquí?.
En lo que fue la casa de arraigo, algunos sobrevivientes llegaron a pasar 40 días, otros 20 y otros seis, y los relatos coinciden en que, cuando los llevaban ahí los ataban de pies y manos. Incluso ahí algunos fueron torturados.
Pero la casa de arraigo no era el único lugar donde agentes de la Procuraduría torturaban al por menor, sino que también once sobrevivientes refirieron que fueron víctimas de tortura en “oficinas” de pisos de arriba de la Policía Ministerial.
Un testimonio lo ratifica: me metió a una oficina muy pequeña, era un sillón de color azul, podía verlo a través de la capucha y me empezaron a golpear, eran cuatro hombres, entraban y salían, a veces eran más a veces eran menos, porque iban y me decían algo y me seguían pegando, decían que era una culera, que me iban a matar, que así le habían hecho antes y nunca pasaba nada, incluso me acostó en el sillón y él se me trepó encima, agarró un arma y me la puso en la cabeza y me dijo: “a mí no me cuesta nada matarte ya te dije, puedo decir que te mataron por andar de culera”, y yo le decía “es que yo no sé nada”, me tiró al piso y nuevamente me empezó a pegar.
Las llamadas “sesiones” de tortura perpetradas en edificios públicos, en la casa de arraigo y en bodegas abandonadas iban más allá de maltrato físico, llegaban incluso a involucrar a familiares, amenazando a mano armada hasta a los hijos de las víctimas.
Se lee: Sin que yo me dé cuenta, otra persona que se encontraba en un carro cerca de dos casas veo que se baja, no le presto atención, y es en ese momento cuando se acerca a donde nos encontrábamos mi hijo y yo, y él encañona a mi hijo, le pone la pistola en la cabeza, tenía 4 años, es donde me dice él: “ya valió verga, no pongas resistencia o mato aquí a tu hijo”.
Y más allá todavía, pues en el informe se constatan que los tratos inhumanos a los que se sometieron a los sobrevivientes eran “especialmente crueles” cuando las personas se rehusaban a cumplir las órdenes de los policías impunes, al punto de que perdían el conocimiento y los tenían que resucitar para seguirlos torturando.
Me sujetan hasta perder el sentido. Dos veces perdí totalmente el conocimiento, si algo se parece a la muerte, eso es, ya no puedes respirar, solo truenan los oídos y ya dejas de sufrir. Me resucitaban, me regresaban, no sé cómo le hacían, en la tercera ocasión, vi que algo estaba pasando, entonces en la tercera ocasión fingí desmayarme, haciendo como que me convulsionaba, entonces llegó un médico, un tipo que sabía qué hacer, ellos le decían ‘Doc’ y les ayuda a resucitarme, a regresarme, los reaniman con energía, le meten corriente, en el ano y en el pene, y eso regresa a uno, entonces el doctor dice: “es la última vez que lo puedo regresar, si se les vuelve a ir este ya no regresa, se muere”.
Las prácticas, tortura y tortura sexual
Como ya se mencionó, dentro de los crímenes documentados también se cuentan algunos casos de tortura sexual. Según los testimonios, 25 personas recibieron descargas eléctricas en los testículos, el pene y el ano. Otras fueron violadas. Las tres mujeres.
Eran puros hombres, me pusieron una cobija en el cuerpo, me empezaron a patear, me empezaron a jalar el cabello, me empezaron a quitar la ropa y a tocarme de manera obscena, eran aproximadamente como cinco hombres […]. Cuando recuperé el conocimiento desperté en el sillón de la oficina de la ministerial con mi pantalón todo manchado de sangre, con un dolor en el vientre impresionante que no se me quitaba con nada, muy adolorida de mis piernas, mi estómago, mi cabeza, duré un día completo sin comer y le digo, los golpes no estaban para menos […]. Me llevan a las oficinas de allá abajo, no sé si todavía existan, pero ahí estaba el médico forense, me realizan una prueba de embarazo, me sacaron sangre, me metieron un hisopo en la vagina y resulta que tiempo después en la Fiscalía dicen que en mi vagina estaba lastimada, como que había sufrido una violación.
Con base en las entrevistas y en los testimonios realizadas con el que se logró la publicación del informe, también se logró determinar cuáles fueron las prácticas y los métodos de los tratos inhumanos que sufrieron las y los sobrevivientes.
Se resumen algunos de ellos: detención sin orden de aprehensión, insultos, asfixia con bolsas de plástico, humillación: desnudar al detenido, escuchar gritos de otras personas siendo torturadas, sonidos de música muy altos, amenaza con perro con bozal, golpes con puño, bastones y tablas, quemaduras por cigarrillo, quemaduras por fierro caliente, violaciones sexuales, y torturas con dispositivos de cargas eléctricas, entre otros actos
En consecuente, las víctimas tuvieron lesiones físicas y psicológicas que no solamente los llevaron al hospital por atención médica por fracturas o balazos, sino que llegó hasta intentos de suicidios.
La ONU-DH destacó que en “todos” los casos de tortura analizados “las personas sobrevivientes fueron torturadas para extraerles alguna confesión o declaración y para firmar documentos sin conocer su contenido, durante o con posterioridad a los actos de tortura. La mayoría dijeron no haber sido interrogadas, sino que simplemente recibían órdenes de firmar documentos y aceptar hechos que los funcionarios les referían”.
Las confesiones y declaraciones derivadas de estas violaciones a derechos humanos se utilizaron para procesar penalmente a las personas sobrevivientes. Como ya se consignó, algunas siguen encarceladas.
Si bien el informe detalla 40 casos de tortura en Aguascalientes entre 2010 y 2014, esta práctica sigue presente e incluso, actualmente hay 21 investigaciones abiertas por presuntos hechos de tortura en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA).
