- Ante la cerrazón, esa comunidad defenderá sus derechos con acciones legales
Marco Antonio García, director de VIHDA A.C. señaló que inclusive miembros de la propia comunidad LGBTI+, aunque no se manifiestan abiertamente, son parte de quienes no permiten transitar las iniciativas, y si bien respetan lo que conocen como “el derecho al clóset”, resulta una incongruencia que se resguarden ahí para violentar derechos, aunque eso no solo sucede en el Palacio Legislativo, sino también en los palacios de enfrente.
Advirtió que la cerrazón de los legisladores les obligarán a tomar otra serie de medidas más allá de la manifestación del pasado miércoles, ya que saben que las iniciativas que competen a la comunidad de la diversidad sexual, y muchas otras, se acuerdan políticamente; “evidentemente, buscaremos las formas legales”, advirtió al recordar que en un evento público aseguraron que la iniciativa del matrimonio igualitario se votaría en el pleno antes del día de la jornada electoral.
El activista recalcó que hay temas que siguen en la agenda que han dejado a un lado los diputados, como es el matrimonio igualitario, los derechos inherentes a las parejas, las identidades trans, que incluyen a las adolescencias e infancias; acceso a la justicia y la prohibición de las terapias de conversión.
Ni los diputados panistas que se dicen aliados en las causas de las personas de la diversidad sexual, ni Movimiento Ciudadano, ni el Partido Verde Ecologista de México, que en otros países tradicionalmente les apoyan, dejan ver en lo concreto que defienden los derechos de la comunidad LGBTI+, pues inclusive en el cabildeo no hay nada claro, señaló el abogado especialista en derechos humanos, Wilfrido Salazar Rule.
Observó que si bien se han presentado iniciativas por el diputado de Morena, Juan Regalado Ugarte, y algunas otras por parte del PRD, estas son bloqueadas sistemáticamente, “lo que queremos es que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, son derechos que ya están consagrados en la Constitución, que también podemos conseguir con amparos, ¿pero para qué seguir gastando el dinero del propio congreso y del Registro Civil que debe contestar los informes justificados, que también tardan tiempo al promover cada amparo? ¿Por qué hacer más caro el acceso a la justicia cuando solo hay que cambiar un par de palabras? Que entiendan que si no los otorgan ellos lo hará el Poder Judicial.
