Gloria Leticia Díaz
El caso del joven universitario recientemente ultimado por la Guardia Nacional en Guanajuato no es único: en abril del año pasado Jorge Alberto Rivera Cardoza murió en la frontera tamaulipeca en circunstancias muy similares. La viuda de este hombre fue amedrentada por efectivos de la institución para obligarla a eximirlos de toda responsabilidad e incluso le ofrecieron un millón y medio de pesos para que lo hiciera. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ya se configura lo que parece un patrón de comportamiento de los guardias nacionales en cuanto al uso indiscriminado de la fuerza letal.
Ha pasado más de un año de la muerte de Jorge Alberto Rivera Cardoza a manos de efectivos de la Guardia Nacional (GN), y su compañera, Viridiana Promotor Rubio, aún tiene a flor de piel el miedo que sintió aquel 8 de abril cuando, al acudir a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), fue encerrada en un cuarto con personal de la corporación militarizada para exigirle que firmara documentos que libraban de cargos a los agentes que le dispararon a su esposo cuando éste circulaba en una camioneta a plena luz del día a unas cuadras del Puente Internacional número 1, Las Américas, en Nuevo Laredo.
“En la FGR lo que me dijeron era que si quería el cuerpo de mi esposo tenía que arreglarme con los de la Guardia; me metieron en un cuarto sola con ellos y me pedían que firmara documentos, que si los perdonaba me iban a dar un millón y medio (de pesos). Yo les respondí que primero me dijeran por qué lo habían matado, si mi esposo era un agente aduanal, que era muy conocido y no tenía armas, y que cómo era posible que les disparara si la camioneta tenía los vidrios subidos cuando lo mataron, porque una hora después yo fui al lugar y la ví.
“Ellos insistieron en que mi esposo les había disparado y que si yo seguía diciendo lo contrario hasta me iban a meter a la cárcel. Me dio miedo y les firmé lo que me pedían; tres días después me entregaron el cuerpo de Jorge, después me citaron en la FGR que para recoger el cheque, pero ya no fui, me dio desconfianza”, narra Promotor Rubio en entrevista con Proceso.
El hecho provocó un tumulto entre las personas que estaban cerca del asesinato, indignadas por la ejecución de Jorge y porque, al perderse el control del vehículo, éste se estrelló contra autos estacionados y provocó la muerte de una mujer que estaba en la acera de la avenida Melchor Ocampo.
Días después Viridiana fue contactada por un extrabajador de Jorge que viajaba con él en ese momento. Fue entonces cuando se acercó al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) para presentar una denuncia penal por la muerte de su esposo y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según el testimonio del sobreviviente, Jorge iba al volante, circulando de sur a norte en la avenida Ocampo, rumbo a su oficina, cuando de pronto se escucharon disparos y el cuerpo del conductor cayó fulminado sobre el volante, perdiendo el control e impactando sobre al menos otros tres vehículos estacionados y matando a una mujer en la acera.
“Hasta ahora el caso sigue en la impunidad y sin recomendación de la CNDH; el agente del Ministerio Público sólo considera válida la versión de la GN, a pesar de que hemos presentado testigos y peritajes que no toman en cuenta porque dicen que Jorge tenía rastros de pólvora en las manos, que muy probablemente le sembraron; de hecho la gente que reaccionó fue porque aseguran que llevaban un arma y bolsas negras para meterlas al vehículo”, apunta Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL.
El defensor agrega que en la reconstrucción de hechos que hizo la CNDH se demostró que “es imposible disparar mientras una persona maneja, y menos con las ventanillas cerradas, además de que los únicos impactos de proyectil se dieron hacia el vehículo y algunos quedaron en paredes, mientras que no hay ninguno en dirección al sitio donde estaban los agentes de la GN”.
El Informe Policial Homologado, firmado por Juan Aníbal Reséndiz Hernández, suboficial, e Irene Mario Gerardo Salomé y Luis Enrique Enríquez Serrano, de sanidad, quienes se identificaron con credenciales expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, sostiene que mientras ellos patrullaban a pie sobre la avenida Ocampo, de norte a sur, recibieron el reporte de compañeros suyos, ubicados en otras calles, de que un vehículo con las características del de Jorge que se dirigía a ellos a “alta velocidad con una conducción errática”.
Según el documento integrado en la carpeta de investigación –al que tuvo acceso este medio–, cuando el vehículo pasó junto a los guardias, le indicaron que se detuviera, pero en cambio escucharon disparos “provenientes de su interior”, por lo que procedieron a tomar la “posición de tirados” y entre los tres dispararon 11 veces, “refiriendo las llantas traseras para reducir” la circulación de la camioneta.
La narrativa oficial habla de que de la camioneta salieron dos hombres, uno de ellos con un arma larga, que se dieron a la fuga, en tanto que al acercarse al vehículo advirtieron que había “algunos cartuchos al interior y una bolsa de mano abierta con bolsitas con hierba en el descansabrazos”.
Según los soldados convertidos en agentes de la GN, los objetos habrían sido retirados por una turba que los encaró con “una actitud hostil hacia el personal, comportándose de manera agresiva”. Los integrantes de la GN tuvieron que ser rescatados por sus compañeros y efectivos militares.
El documento incluye una relación de 26 agentes de la GN con registros de sus respectivas armas de cargo.
Ante la muerte del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Rangel y las lesiones graves causadas a una compañera suya, por miembros de la GN, Raymundo Ramos destaca que como se advierte en el caso de Jorge Rivera, “hay un patrón de comportamiento en el uso indiscriminado de la fuerza letal que comparten la GN, el Ejército y la Marina, que es lo que hemos detectado en Nuevo Laredo”.
