- Integrantes de Comisiones Unidas fijan posturas sobre proyecto de dictamen en materia energética
- Participaron diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Energía, iniciaron la discusión del proyecto de dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética.
La reunión, encabezada por los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), y la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González (Morena), se lleva a cabo en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
Hay modificaciones en artículos transitorios
Al dar un resumen del proyecto de dictamen, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz expresó que con antelación suficiente se remitió a las diputadas y los diputados la iniciativa, para estudiarla y, en su caso, proponer argumentos para su discusión y posible modificación.
Mencionó que el proyecto de dictamen consta de más de 250 páginas. La primera parte, narra el proceso legislativo desde la recepción en la Mesa Directiva de la iniciativa de reforma constitucional del titular del Poder Ejecutivo Federal, el turno que se dio a las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, la recepción que de ella se hizo, y las variadas reuniones por separado para discutir de manera indirecta este tema, precisó.
Agregó que también, la primera reunión de las juntas directivas para procesar un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, a fin de abrir un largo, extenso y profundo Parlamento Abierto, en donde se presentaron muchos ponentes, de la academia, de instituciones de investigación, de colegios, y profesionistas, especialistas, opinadores públicos, funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad.
Además, comentó, el documento hace relación a las 8 iniciativas que se propusieron en el curso de octubre a la fecha por diputados y diputadas que proponían modificar los artículos 25, 27, 28 o alguno de ellos, u otros que tienen que ver con la materia comprendida en esos artículos, pero proponiendo que se utilizara otra disposición constitucional para asiento de su literalidad. Se razona por qué todas estas no se pueden dictaminar en comisiones unidas, por qué no fueron turnadas, salvo una a ambas comisiones, ya que fueron enviadas a una u otra.
Precisó que el documento prevé consideraciones de manera general sobre el fondo de la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo Federal, así como de la trayectoria histórica de la industria eléctrica y de los modelos que ha ido adoptando el país, hasta llegar al vigente que es el aprobado en 2013.
Señaló que hay referencias sobre la convencionalidad y los tratados de los que México es parte y su relación con la propuesta de reforma constitucional y repercusiones que generan puntos de vista contrarios; se razona por qué el proyecto de dictamen encuentra argumentos suficientes para afirmar que la modificación constitucional es conforme con los tratados internacionales, particularmente, con el que está firmado por los países de Norteamérica: Estados Unidos y Canadá.
Indicó que se destaca la nueva naturaleza jurídica constitucional que se propone para lo que hoy todavía es una empresa productiva y lo que se plantea para que pase a ser nuevamente un órgano público, a través del cual, el Estado conduciría el Sistema Eléctrico Nacional, como es la Comisión Federal de Electricidad; su definición y su perfil orgánico puede quedar en ley secundaria o en alguna disposición transitoria.
Se aborda, dijo, el tema de la transición energética, sus alcancen y por qué el Estado debe ser, entendiendo a la sociedad en sus conjunto, órganos de poder y órdenes de gobierno, la entidad estatal mexicana, primera y última responsable para conducir las políticas pública en materia de presupuesto, tecnologías, normas, industriales, fabricación de artículos y mercancías que tendrán que ver con la transición, y por qué debe ser el Estado y no cualquier otra instancia que se ocupe y haga responsable.
Precisó que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado jueves, hay un apartado sobre la propuesta del Ejecutivo de disponer en el texto constitucional, por ministerio constitucional, la cancelación de los permisos y de los contratos vigentes en la materia y, por qué a partir de eso, propone un nuevo régimen constitucional.
El diputado Juan Ramiro Robledo refirió que se dictaminó de manera implícita una propuesta de una diputada del PRI, en el artículo 25 y no en el artículo 4, como lo proponía la legisladora, sobre el concepto del derecho humano. Además, considera la opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Argumentó que el proyecto de dictamen, aprueba en sus términos la iniciativa del Presidente de la República y hace algunas modificaciones en la propuesta de decreto. Se modifican los artículos transitorios para reacomodarlos, a fin de dejarlos con mejor lógica y entendimiento
También, dijo, se acotó el alcance de la expresión “otros minerales estratégicos para la transición energética, acompañando el litio, deberían declararse como un área de la economía del país que solo puede ser explotada y aprovechada por el Estado, si bien a través de un régimen jurídico que permita la participación de terceras personas públicas o privadas; será cuestión de definirse en una ley secundaria”.
Añadió que ahí, lo que se hizo fue acotar el alcance de la palabra “otros minerales estratégicos” acudiendo a la Ley de Minería que antes tenía una expresión curiosa que se toma y se repite en el transitorio último del proyecto de decreto y que es una denominación de tierras raras, pero que en la vigente Ley de Minería ya no está. “Es decir, se salvan todos los demás minerales y solo aquellos que se consideran históricamente como tales son los que podrían servir como estratégicos para acompañar al litio en la transición energética”.
Un agregado más, derivado del Parlamento Abierto, se trata de que se abrió el espacio para que el sector social participe en el proceso de la industria eléctrica, en donde órganos públicos, como los ayuntamientos puedan generar para autoabastecimiento legítimo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González, llamó a construir diálogo y que los trabajos se desarrollen de una manera armoniosa y propositiva.
Fijan posturas sobre proyecto
Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Energía, emitieron sus posturas a favor y en contra del proyecto de dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética.
Morena
A favor del dictamen, la diputada Andrea Chávez Treviño señaló que la reforma se encuadra a la perfección en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. “Con ella fortalecemos el compromiso de erradicar la corrupción y el derroche de recursos públicos, separar al poder político del poder económico y construir un verdadero Estado de derecho”. Afirmó que la reforma eléctrica busca devolver al Estado mexicano la soberanía y la seguridad energética.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Raquel Bonilla Herrera expresó que la reforma viene a resolver el caos que generaron estos últimos años en el Sistema Eléctrico Nacional. “Nos urge que las centrales de generación privada dejen de saturar los corredores de la red nacional de transmisión, asimismo, aprobar esta reforma eléctrica porque el Estado, a través de la CFE, va a garantizar una eficiente planeación del sistema eléctrico”.
El diputado Hamlet García Almaguer expresó que “hoy más que nunca, se requiere la intervención del Estado en este sector estratégico”. Añadió que la propuesta del Ejecutivo plantea tarifas más bajas para los hogares, los ayuntamientos y el agro del país.
PAN
La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres mencionó que su voto sería en contra, ya que este dictamen plantea engordar a la burocracia gubernamental y darle más poder al poder y mayor intervención al Estado. Propuso retirar este documento para que se estudien las propuestas que ayuden a las familias mexicanas a tener energía eléctrica de forma ininterrumpida, barata y limpia.
El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado explicó que se pronuncian en contra de la propuesta por considerar que “envuelve consecuencias sumamente graves para el país e implica múltiples retrocesos en diversas materias, las cuales padeceríamos durante décadas”. Precisó que el proyecto contraviene los principios básicos de la Constitución, dado que está en contra de los derechos de las y los mexicanos de contar con un medio ambiente sano y saludable e impone un monopolio inconstitucional de la Comisión Federal de Electricidad.
PRI
El diputado Pedro Armentía López indicó que la iniciativa tiene seis meses en el Congreso, “la dejaron tal cual; es una falta de respeto a todos los que estuvimos trabajando y buscando puntos de acuerdo”. Enfatizó que “es totalmente falso” que bajarán los precios de la luz, y expresó su convicción de que “votar en contra de esta reforma es sinónimo de respeto a nuestra Carta Magna, porque creemos en la soberanía”. No cuenten con nuestros votos para monopolizar a la CFE”, expresó.
El diputado Carlos Iriarte Mercado dijo que fortalecer las instituciones es la única manera en que se puede sustentar y sostener a una República que trasciende en el tiempo y que no pasa y no debe pasar solo por sexenios. “Este dictamen no se analizó a profundidad y no coincidimos con él; nosotros nos mantenemos firmes, aún falta mucho por hacer, analizar, y estamos claros que el debate va a continuar”.
PVEM
El diputado Luis Alberto Martínez Bravo destacó que el dictamen eleva a rango constitucional la transición energética y expuso que mantener la rectoría del Estado en el sector eléctrico no puede hacerse sin una empresa pública que garantice precios accesibles a las mexicanas y a los mexicanos.
Por ello, dijo, se debe contar con una empresa pública fuerte, con sentido social y que siga haciendo llegar la luz a las comunidades más alejadas del país. “Confiamos en que el decreto rinda frutos. Votaremos a favor de la reforma eléctrica”.
PT
El diputado Reginaldo Sandoval Flores se pronunció a favor del dictamen, toda vez que el fondo es reducir las tarifas eléctricas, por lo que llamó a todas y todos los legisladores que están en contra del proyecto a que se reconcilien con las verdaderas causas de la nación, se liberen de las cadenas que los atan a los intereses económicos y extranjeros y reivindiquen su patriotismo y compromiso con la ciudadanía.
El diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que la oposición dice “que van a votar en contra, en contra de bajar las tarifas al pueblo porque sólo CFE puede mantener los subsidios y no los privados que ellos defienden. Están en contra de bajar las tarifas del alumbrado público de gobiernos municipales y estatales que mejorarían la seguridad de la ciudadanía; están en contra de bajar las tarifas a ejidatarios y productores del campo, y están a favor de seguir protegiendo a 40 grandes empresarios que son los beneficiaros de este saqueo a la nación”.
MC
Al hablar en contra, el diputado Salvador Caro Cabrera dijo que la reforma es un engaño porque no discute el plan de transición energética, la evolución de las fuentes de generación de electricidad y las inversiones programadas para las próximas tres décadas y pone en riesgo la soberanía del país al apostar al ciclo combinado.
PRD
El diputado Mauricio Prieto Gómez cuestionó por qué aferrarse a una reforma eléctrica que nació muerta; llamó a hacer un esfuerzo para que surja una propuesta del Legislativo y no del Ejecutivo. “No hay prisa, sigamos debatiendo; podemos crear una reforma eléctrica que verdaderamente beneficie a las y a los mexicanos. El PRD va a votar en contra, como lo hizo en 2013, porque no estamos convencidos de que lo que se está haciendo es lo correcto”.
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