Judith Amador
La creación del Tren Maya ha arrojado el hallazgo de miles de monumentos arqueológicos, pero ha provocado al mismo tiempo la pérdida, destrucción y saqueo de un número indeterminado de bienes por parte de las empresas constructoras y sus trabajadores, compañías turísticas e inmobiliarias, e incluso pobladores que para vender sus parcelas prefieren dejarlas sin vestigios.
Estos hechos resumen un balance que el doctor en antropología social Juan Manuel Sandoval Palacios ofrece a Proceso, dentro del trabajo “Espacios globales para la expansión del capital transnacional en el continente americano”, y del Sistema Institucional de Proyectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Ello, luego de haber recorrido con un grupo de colegas 4 mil kilómetros por el Corredor Interoceánico en los estados de Veracruz y Oaxaca, e igual cantidad por la ruta del Tren Maya en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Vía Zoom, el investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social (DEAS) de dicho instituto explica que el extenso y acucioso trabajo tuvo por objeto fundamentar la denuncia de hechos que presentó el 15 de mayo de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la “presunta destrucción de monumentos arqueológicos” por los proyectos Tren Maya y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/5/18/investigadores-denuncian-ante-fgr-posible-dano-al-patrimonio-por-tren-maya-243101.html).
Tal denuncia la hizo con el historiador Felipe Echenique y el respaldo de un grupo de investigadores del mismo instituto. El recorrido intenta demostrar con hechos que su denuncia tiene razón de ser.
Respaldado en la noción de compromiso, argumenta que la Ley Orgánica y otros lineamientos legales del INAH les facultan como investigadores para el trabajo de conservación del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico.
En ese sentido, al conocer el proyecto Tren Maya, el grupo planteó la necesidad de conocer sus rutas, impactos sobre las comunidades y sobre el patrimonio, aunque el flujo de información era muy lento. Y va más allá:
“Pienso que el INAH fue considerado muy tarde para su inclusión: las empresas a las cuales se dieron las concesiones comenzaron a trabajar sin la presencia de arqueólogos, cuando se supone que siempre debe haberlos. Es un desfase muy importante porque el instituto es por ley el garante del patrimonio.”
La situación los llevó a presentar la denuncia ante el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien fue coordinador jurídico del INAH hace décadas, y a realizar el trabajo de campo que les permitiera corroborar la destrucción.
Como resultado, elaboró el informe La construcción del Tren Maya y la destrucción de patrimonio arqueológico en la península de Yucatán, publicado en el Cuaderno de Trabajo Número 3 del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, en febrero pasado. Y es que entre los problemas del Tren Maya no sólo está la cuestión ambiental: la península de Yucatán tiene una densidad importante de monumentos arqueológicos, marcados en mapas de registro, pero el tren pasará por sitios no registrados.
“Se argumentaba que como ya había un derecho de vía, sobre todo en el tramo de Palenque (Chiapas) a Yucatán, no habría afectación, pero hemos visto que sí, no solamente de las empresas, sino de la misma gente de las poblaciones. Se han afectado decenas de miles de monumentos que van desde grandes estructuras hasta piezas pequeñas, así se define un monumento.
“Entonces imagínate, si eso ocurrió en un lugar donde ya había derecho de vía donde no existía ferrocarril, como es el caso de Mérida a Cancún y luego a Tulum, Chetumal y de ahí a Escárcega…”
Recuerda que incluso se modificó la ruta de Valladolid a Tulum, para no pasar por la zona arqueológica de Cobá. En el informe, el arqueólogo José Manuel Ochoa informa que desde 2019 las empresas comenzaron a trabajar sin acompañamiento del INAH porque el Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), responsable del proyecto, no hizo los trámites para ello. E informó que en enero de 2020 “le habló su jefe” para decirle que “le habían llamado de México para que colaboraran, pues Fonatur ya había metido su solicitud al INAH”, entonces hizo su proyecto y la Coordinación Nacional de Arqueología se lo aprobó.
Sandoval dice conocer muy bien la región porque desde hace décadas ha trabajado ahí, estuvo en el Valle Yohaltún, en Campeche, y fue parte del grupo que logró la ampliación de la reserva de Calakmul. Colaboró también la doctora Alicia Bárcena, ahora exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina. En esa zona se está trazando tanto la línea del ferrocarril como el derecho de vía de torres de alta tensión.
“Ya hicimos todo un recorrido tanto a los lados de la carretera, como bajo las líneas de alta tensión. Existe una gran cantidad de bienes arqueológicos, algunos registrados pero muchos no. Ha habido destrucción de muchos monumentos. Ya de por sí estaba destruida una buena parte, cuando se hizo la carretera Escárcega-Chetumal a principios de los años setenta, no hubo una vigilancia y pasaron por importantes zonas arqueológicas.”
El informe muestra que ahora se repite el hecho y se suma el saqueo. Menciona como ejemplo la comunidad de Xpujil, Campeche, donde se construyó una nueva terminal de autobuses ADO destruyendo una estructura prehispánica. Según el documento, en junio de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó dicha población y ofreció abastecimiento de agua y apoyo para construir instalaciones acordes a “la importancia del Tren Maya”. Instó a tirar las anteriores edificaciones, Palacio Municipal, biblioteca (no obstante que era reciente) y mercado. Las autoridades municipales “siguieron las órdenes al pie de la letra” y derribaron también una estructura piramidal ubicada junto a la biblioteca.
Los reportes del INAH dan distintas cifras sobre los monumentos arqueológicos hallados y recuperados; se le pregunta a Sandoval si lo destruido es más que lo rescatado:
“No, nosotros no decimos eso, decimos que hay una destrucción de patrimonio, no que se destruye más de lo reportado por el INAH. Se está recuperando una gran cantidad de piezas y estructuras, pero al mismo tiempo hay destrucción de otros, pero no tenemos evidencia de que sea más.”
Lo cierto, agrega, es que muchas de las piezas recuperadas se quedan expuestas y la gente se las lleva. Lo que se destruye es evidencia muy rica, debería ser protegida por el INAH y otras instituciones.
Pero hay algo más que cuestiona y se ha venido señalando hace tiempo:
“Efectivamente se está haciendo una labor de salvamento y rescate, pero cuestionamos que este trabajo sustituya la verdadera investigación, porque un proyecto, como se hacían antes, era hacer un estudio integral del significado de una zona, como Calakmul o Tulum o el mismo sitio de Chakanbakan, donde están los grandes mascarones, y se tienen más de 20 años estudiando en la zona, para que en un momentito se haya destruido una parte de eso.”
Se ha dicho que el salvamento sólo recoge las piezas, que pueden ser desde una cuenta de collar hasta una estela, pero si se trata de una estructura se le estudia, si se le puede conservar desviando el curso de la infraestructura se hace, si no se destruye luego de su estudio.
Lo que han demandado investigadores es que no se dé prioridad al salvamento sino a la verdadera investigación, que los antropólogos, arqueólogos y otros especialistas cuenten con los recursos suficientes para hacer trabajo de campo. Actualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha determinado que solamente pueden salir siete días al año al campo, con viáticos. Eso los ha obligado a hacer investigación in situ con sus propios recursos. Como es el propio estudio que están dando a conocer:
“El INAH está en una situación muy precaria, eso afecta sus labores sustantivas de investigación, conservación, difusión. Creo que el salvamento y rescate es una parte muy importante, si no, todo lo que se destruiría, y qué bueno que se pueda recuperar el patrimonio y protegerlo, pero otro está siendo destruido directa o indirectamente.”
Se le pregunta para finalizar si ahora que cuentan con más evidencias ratificarán su denuncia ante la FGR. Dice que ya lo hicieron en dos ocasiones, pero hasta ahora no han recibido respuesta. En el informe se evidencia que las autoridades del INAH han sido negligentes y omisas en sus funciones, lo cual las hace cómplices de la destrucción, el saqueo y el vandalismo de bienes nacionales.
En suma, han actuado como subordinados de Fonatur, privilegiando las zona de monumentos por ser atractivos turísticos y han dejado expuestas las piezas, que “podrían terminar en subastas internacionales, como hemos visto que sucede en los últimos años”.
