Opacidad. El Congreso del Estado de Aguascalientes ha destacado por la opacidad con que dispone de los recursos públicos, desde la publicación del reportaje La Caja Negra de Aguascalientes, elaborado por Mónica Cerbón y Jennifer González para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad quedó demostrado que, sin importar el número de legislatura o la filiación partidista de los diputados, no hay un compromiso real con la rendición de cuentas.
Hipócritas. Lo que hicieron los integrantes de la LXIV Legislatura fue pagar 140 millones de pesos por servicios administrativos y legislativos. Ante la evidencia presentada por el reportaje, el Congreso niega haber hecho esos pagos, pero no entrega la información necesaria para comprobar su actuar. La inutilidad de esos gastos, que hacen presumir que se desviaron los recursos, radica en que los diputados niegan haber adquirido servicios con los que ya cuentan pero han sido incapaces de mostrar la documentación que acredite sus dichos. La Comisión de Administración es la encargada de validar esos gastos y el Comité de Vigilancia de auditarlos; en la LXV Legislatura sólo hubo un diputado reelecto, Luis Enrique García López, el tal Quique Galo, quien está obligado a rendir cuentas, de dientes para afuera y como una estrategia para posicionarse ante el electorado, porque cree que su carisma personal lo convertirá en presidente municipal de Aguascalientes, no se cansa de decir que participa en la investigación, en los hechos la obstaculiza.
Complicidad. El largo tiempo que se tomaron para designar Contralor interno exhibe a los integrantes de la actual Legislatura, y sólo quedan de dos sopas, o son unos ignorantes o son cómplices de las raterías de la legislatura anterior; por eso permiten que, en nombre de un grupo político al interior del PAN, Quique Galo les ponga el pie en el cuello para que no se manifiesten, si acaso Ana Gómez, diputada morenita, recientemente ha hecho un esfuerzo por que se aborde el tema, pero la mayoría blanquiazul le hace vacío a sus planteamientos y la “oposición” rastrera como el PRD, se dice concentrada en otros temas, como si el mal uso de recursos públicos no fuera tan importante.
Connivencia. Lo cierto es que la actual legislatura no actúa para resolver lo de la Caja Negra porque le conviene que se quede el mecanismo por el que se puede disponer de recursos, sobre todo en tiempo de campañas, tanto para pagar a sus fieles la incondicionalidad, como para quedar bien con las cabezas de grupo, al grado que antes que comprometerse con la transparencia, optan por, a través de un simple decreto, dispersar la responsabilidad, y es que el miedo no anda en burro, al actual presidente de la Mesa Directiva, prefirió deslindarse y multiplicar la bolita, no vaya a ser que en una de esas, alguien la quiera culpar.
Todos coludos. Mayra Guadalupe Torres Mercado publicó un decreto en el Periódico Oficial del Estado en el que renuncia a la representación legal para la suscripción de contratos de prestación de servicios parlamentarios y dispersa su responsabilidad entre todos, el decreto publicado ayer y con retroactividad al 1 de marzo, dice:
“Se delega la facultad consignada a la suscrita (Mayra Torres), a las y los diputados María de Jesús Díaz Marmolejo, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, Leslie Mayela Figueroa Treviño, Luis Enrique García López, Ana Laura Gómez Calzada, Juan Pablo Gómez Diosdado, Jaime González de León, Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, Juan José Hernández Aranda, Juan Luis Jasso Hernández, Genny Janeth López Valenzuela, Irma Karola Macías Martínez, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Fernando Marmolejo Montoya, Sanjuana Martínez Meléndez, Alma Hilda Medina Macías, Arturo Piña Alvarado, Laura Patricia Ponce Luna, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, Juan Carlos Regalado Ugarte, Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, Verónica Romo Sánchez, Jedsabel Sánchez Montes, Emanuelle Sánchez Nájera, Raúl Silva Perezchica y Adán Valdivia López, para efectos de representar legalmente al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, en la contratación de servicios parlamentarios autorizados a las y los diputados de la LXV Legislatura”… ahí nomás, para no tener que cargar con la responsabilidad, Mayra Torres, por decreto, se deslinda de la responsabilidad que le confiere el ser presidente de la Mesa Directiva, no sólo eso, cualquier hijo de vecino diputado tiene el permiso para contratar a una facturera fantasma, como permitió Quique Galo en la legislatura pasada, total, nunca pasa nada, basta contratar a cualquier reporterillo por diez mil pesos al mes para que le grabe videos en donde hable mal de las candidatas y se presente como una lumbrera respetuosísima de la ley, cuando, en el fondo que siempre es superficie, ese diputado sabe que es un corruptazo que cuenta con el silencio cómplice de todos los demás.
Consecuencias. Lamentablemente, no habrá ninguna consecuencia por este decreto, porque le conviene no solo a Mayra Torres, ahora cualquier diputado puede simular la necesidad de contratar un servicio que le urge, aunque en el Congreso ya se cuente con él, pues mientras se proteja a Quique Galo, todos tienen asegurado el silencio que les permita seguir desviando recursos; porque, seamos claros, no se trata de un ataque a la persona del diputado que más gastó en su campaña, es un señalamiento a quienes permiten que se reproduzcan estas prácticas corruptas, y tan lo saben que prefieren convertir los señalamientos en ofensas que para esos mandan a sus palafraneros a que inunden las redes con los aburridos discursos de Luis Enrique García López.
Cumplidas. Josefina Díaz Aguilar, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, adelantó a LJA.MX lo bien intencionadas que son María Teresa Jiménez Esquivel, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Anayeli Muñoz Moreno, Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, y Nora Ruvalcaba Gámez, porque las cinco candidatas ya entregaron su declaración 3de3, a pesar de que no hay nada en la ley que las obligue, lo que es de destacar ahora que todos andan al tiro tratando de encontrar un motivo de falla en las candidatas, como señala Josefina Díaz el que las candidatas hayan cumplido con el 3de3 no debería ser considerado como algo excepcional, sino como la normalización de un deber de los aspirantes a un cargo en el servicio público, por lo que las cinco candidatas hayan cumplido sin una obligación legal de por medio, es de hacerse notar en medio de lo que todo mundo quiere convertir en una de las peores campañas de guerra sucia.
Conversión. Como lo que han querido hacer los morenitas con los votos del domingo en la Revocación de Mandato, después de computadas el 100% de las actas, se informó que habían participado 96,142 ciudadanos, menos del 10% de la lista nominal (9.28%), y que de ese porcentaje, 88,731 votantes eligieron la opción “que siga” en su cargo el presidente y “que se revoque” a López Obrador, un total de 10,447 ciudadanos, en un festejo adelantadísimo, los de Morena ya aseguran que esos votos están en la cartera de Nora Ruvalcaba, bueno, pues bien por ellos y su creencias, pero no es así, a fin de cuentas, el voto fue por López Obrador, y aunque la candidata de Morena no está en su primera campaña, no se puede decir que la tercera es la vencida, menos soberbia y un poco más de trabajo en tierra es lo que hace falta, eso, antes que fijarse en las publicaciones en Facebook o los grupos de chat.
La del estribo. Total libertad, fue la conclusión de Martín Orozco Sandoval, refiriéndose a su reunión con Andrés Manuel López Obrador, en la que abordaron temas relacionados con la salud, como siempre, aunque no les guste, al gobernador le suele ir bien cuando se junta con el presidente, porque no sólo se trata de que en Aguascalientes puedan instalarse módulos de vacunación durante la Feria Nacional de San Marcos, sino que se podría vacunar a menores de 15 años, siempre pensando en la protección a ese vasto sector. Hit and run de Orozco Sandoval, macaneó bien, como le gusta decir a López Obrador.
@PurisimaGrilla
