Por Sofía González Ponce y Laura Natalia Gil Vega
El 25 de noviembre del 2021, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno municipal de Aguascalientes, sumándose a otros territorios del país, entregó las primeras 100 pulseras rosas. Estos dispositivos tienen como propósito ser activados por las mujeres beneficiadas cuando se encuentran en una situación de riesgo.
Este tipo de política se presenta como de vanguardia porque hace uso de la tecnología para contrarrestar los delitos y porque ha sido adoptada por países que son un referente en materia de protección de los derechos de las mujeres como España y Francia.
En medio de una nueva fecha como el 8 de marzo, en que todo se pinta de rosa, y las calles se llenan de carteles, arengas y exigencias por parte de las mujeres, vale la pena ahondar en la receta que promete acabar con la violencia contra las mujeres ¿Qué tan efectiva es esta fórmula que seduce tanto a los gobiernos locales?
La violencia de género como mal estructural
Para contestar esta pregunta debemos situarnos en el problema que se trata de remediar. En 2021, en México 1 de cada 5 mujeres de 18 años o más (20%) percibió como un espacio inseguro su propia casa. Además, en 2020, del total de delitos cometidos contra las mujeres, el 10.8% de estos fueron de tipo sexual incluyendo los que son producto de la inseguridad en el espacio público (INEGI. ENVIPE, 2021).
Por su parte, Aguascalientes se posicionó dentro de los tres municipios que más llaman al servicio de emergencias 911 por incidentes de violencia de pareja y cuyas víctimas en su mayoría son mujeres (SESNSP, 2021). La situación en este territorio es preocupante, según el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal 2021 a 2024 y basado en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2019) de las mujeres de 15 años y más, casi 3 de cada 4 mujeres (73%) señaló que ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito. Tan es así, que en la mayoría de los rubros por tipo de violencia, el estado se ubicó en los primeros cinco lugares a nivel nacional por tipo de violencia, especialmente en: violencia escolar contra las mujeres, violencia comunitaria contra las mujeres y violencia de pareja.
El panorama es desalentador. Para quienes son negacionistas de la violencia de género pareciera que las denuncias masivas de mujeres que han sufrido todo tipo de violencia y los feminicidios que no cesan no fueran pruebas suficientes. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es un problema social que, producto de la misma lucha de las mujeres, se ha evidenciado su gravedad. Más aún, esta violencia se ha exacerbado por situaciones como la pandemia que nos obligó a vernos al espejo como colectividad, presionando así a los gobiernos para que respondan a las demandas de los movimientos sociales de las mujeres y a las exigencias del derecho internacional y nacional.
El mal que para muchos era producto de la invención de grupos que busca imponer una ideología y cuyos detractores se encuentran al nivel de los terraplanistas y antivacunas que se caracterizan por ocultar lo evidente, ahora está en boca de la opinión pública y empieza a ser entendido como un problema complejo anclado a la sociedad.
¿Cuáles son los ingredientes de la fórmula mágica?
Dentro del componente de prevención de las políticas que tienen como objetivo tomar medidas para evitar la comisión de un daño, las herramientas tecnológicas se han instaurado en la agenda de posibles efectivas soluciones. Sin embargo, como se ha demostrado con otros problemas relacionados con la percepción de inseguridad, estas medidas no previenen la comisión de hechos delictivos, sólo son herramientas complementarias que permiten vigilar la repetición de los mismos y alimentar el acervo probatorio ante un proceso judicial.
Las cámaras, los botones y la tecnología, aunque se pinten de rosa, no logran tener el alcance por sí solas de resolver problemáticas sociales estructurales. Si bien pueden ser herramientas que facilitan la obtención de pruebas o que pueden servir para alertar las autoridades ante la posible comisión de hechos de violencia, deberían ser la última carta dentro de todo una baraja de programas y acciones encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres que se encuentra inmersa y naturalizada socialmente.
El programa antes referido, de nombre “pulsera rosa, mujer segura”, apuesta a prevenir nuevos hechos de violencia en casos de violencia intrafamiliar y también se perfila como mecanismo de alerta para que mujeres, especialmente para que estudiantes y trabajadoras de fábrica logren ser localizadas cuando se encuentren en una situación riesgosa. El acierto de reconocer que la inseguridad no afecta de la misma forma a hombres y mujeres, y que dentro de este último grupo hay quienes son más vulnerables de sufrir un ataque de violencia en el espacio público y privado, no puede reducir la resolución de la problemática a lo que es una herramienta complementaria. Lo anterior, porque cuando una mujer se ve obligada a recurrir a un elemento tecnológico de estas dimensiones es porque todos los esfuerzos de prevención fallaron.
El problema entonces no es el botón o la pulsera, sino pensar que esto puede contrarrestar una problemática de las dimensiones de la violencia contra las mujeres casi de forma mágica, sin pensar en las implicaciones que llevaron a que una mujer se encontrara en una situación de riesgo a tal grado, que la llevó a activar una alerta u oprimir un botón de emergencia.
Ahora, ¿qué pasa cuando el botón no se oprime a tiempo? Que la culpa vuelve a recaer en las mujeres. No solo son los cuerpos de las víctimas que suelen ser vigilados con estos dispositivos sino que su inactivación o activación tardía, sumarán a los comunes y repetitivos: “se lo buscó por salir de noche”, “fue por cómo vestía”, “¿por qué no denunció antes”?, el “no activó el botón a tiempo” y una vez más como suele pasar en este tipo de problemáticas, desvía la atención del problema de fondo; el punto es que una mujer jamás debería sentirse insegura en el espacio público o privado, pues ni el Estado, ni la sociedad, ni los hombres que la integran deberían atentar contra su voluntad.
Es peor el remedio que la enfermedad
Por supuesto que la tecnología ha resultado ser una aliada en la implementación de decisiones gubernamentales que prometen resolver problemas sociales, no obstante, no tienen la capacidad de modificar pensamientos y acciones que se encuentran sustentadas en la organización de la misma sociedad.
La implementación de políticas basadas en la vigilancia o control de las posibles víctimas de violencia se ha traducido penosamente en el traslado del deber que tiene el Estado de garantizar una vida libre de violencias a las propias mujeres y la atribución de la tecnología como el remedio para todos los males que nos aquejan.
En la mayoría de los casos estas políticas no son novedosas, sino que obedecen a la adopción de programas, acciones o estrategias que fueron usadas en otros contextos y que prometen dar respuesta a situaciones como la violencia de género en el escenario local, lo que a simple vista no parece ser problemático o ¿acaso existe un territorio que pueda predicarse a salvo del machismo? y, ¿no es acertado aprender de las buenas prácticas de otros gobiernos? Ante estos interrogantes es importante manifestar que, si bien la violencia contra las mujeres es una situación anclada a la estructura social y podría etiquetarse como un problema generalizado, el género no es el único factor que influye en que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia y mucho menos en nuestro contexto.
En el 2009, el gobierno español anunció el programa de brazaletes para la localización de maltratadores, estos estuvieron destinados a vigilar a los agresores y evitar así, el contacto con las víctimas. A diferencia de la propuesta del municipio de Aguascalientes, este estuvo destinado a proteger mujeres que ya habían vivido una situación de violencia a través del control y vigilancia sobre los agresores, aunque es importante aclarar que para que estos funcionaran las mujeres también debían mantenerse conectadas a otro dispositivo para poder asegurar que sea efectivo el alejamiento.
Durante esta década el programa pasó por altibajos y diferentes reformulaciones. De forma general se puede decir que los periodos en que el programa tuvo grandes refutaciones, estas estuvieron relacionadas con el uso de tecnología obsoleta que dificultó vigilar a los agresores, pero especialmente con la falta de sensibilización y capacitación de los funcionarios a cargo del proceso penal que invisibilizaron el riesgo de las ciudadanas y no ordenaron o solicitaron dentro del proceso judicial el uso de los dispositivos. Es decir, las pulseras se quedan cortas cuando no existe una conciencia institucional del problema y este no es entendido como estructural.
Las mujeres históricamente hemos sido situadas en una posición de subordinación que se reproduce en todos los ámbitos y que nos ha cercenado en los espacios públicos y privados. Entonces, la inseguridad de las mujeres tiene su raíz en el sistema de opresión patriarcal, que es estructural y es obligación de los países erradicar; el botón de pánico se activa cuando todos los mecanismos de prevención han fallado, situación escalofriante que ninguna mujer debería sufrir.
SOBRE LAS AUTORAS
Sofía González Ponce, Activista por el ambiente, el territorio y los derechos humanos
Laura Natalia Gil Vega, abogada no abogada, feminista y migrante
Conversa Sur A.C. es una organización que tiene el objetivo de acompañar y ayudar a fortalecer procesos y colectividades que buscan construir un mundo más justo, a través de la participación como planeación. Al nombrar al sur, apuntamos a procesos que construyan desde el reconocimiento de nuestras raíces, es un sitio de partida y fin, lugar donde se genera conocimiento, vida y sentido. Somos un grupo de personas que vemos en el activismo una forma de practicar nuestra visión del lugar que queremos habitar y ser parte de las causas críticas que hacen contrapeso al proyecto necropolítico de occidente.
Fuentes:
INEGI. ENVIPE, 2021
SESNSP, 2021
ENDIREH, 2019
