El 22 de febrero el Gobierno Federal publicó las nuevas reglas de operación del programa “La Escuela es Nuestra”. Con ello, desafortunadamente se materializó la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), un hecho que ya se anticipaba por diversas declaraciones de funcionarios a nivel federal.
Frente a esta decisión, la semana pasada presenté una propuesta de punto de acuerdo, a consideración de las y los diputados del Congreso del Estado de Aguascalientes, con la intención de recordar a las autoridades educativas federales la necesidad de mantener con la operación del PETC, pues constituye una de las pocas acciones educativas desarrolladas en México en los últimos años y que además cuenta con evidencia amplia, confiable y suficiente sobre los beneficios que genera en la niñez mexicana, especialmente en quienes enfrentan mayores problemas tanto para continuar estudiando como para aprender.
Cabe precisar que el objetivo primordial del PETC se centró en ampliar las oportunidades de aprendizaje de la población escolar en educación básica, a través de una serie de componentes que reforzaban la enseñanza del contenido curricular: uso didáctico de las TICS, alimentación saludable, aprendizaje de una lengua adicional, arte y cultura, recreación y desarrollo físico, entre otros. Las afectaciones por la desaparición de este programa no serán menores: en el año 2020, por ejemplo, la cobertura del PETC en el país fue de 3.2 millones de estudiantes inscritos en 27 mil 67 escuelas, quienes eran atendidos por más de 137 mil docentes. Aunado a lo anterior, más de la mitad del total de escuelas beneficiadas recibía el servicio de alimentación. En el caso de Aguascalientes, resultarán afectados cerca de 80 mil estudiantes de 568 escuelas, quienes hasta el año 2021 disfrutaron de los beneficios de este programa.
El PETC en México se sumó a esfuerzos similares implementados en países como Chile, Uruguay, Colombia o Brasil, en donde también se han reportado resultados positivos, sobre todo en estudiantes que enfrentan desventajas socioeconómicas y que viven en zonas rurales y marginadas. La evidencia disponible para nuestro país muestra diversos beneficios a propósito de este programa: desde una disminución significativa en los “niveles de abandono, repetición y rezago”, documentada por el CONEVAL en el 2018, hasta una mejora en los aprendizajes, especialmente en las escuelas en zonas de alta marginación, tal como lo documentó en ese mismo año el Banco Mundial. Adicionalmente, en un estudio realizado por la UNICEF con la participación de la propia SEP y del Instituto Nacional de Salud Pública, los resultados revelaron que el 65.8% de las y los niños que recurrían a los servicios de alimentación como parte de este programa, la comida que recibían era su primer alimento —y en muchos casos el único— del día.
Uno de los argumentos del Gobierno Federal para justificar la desaparición del PETC es la erradicación de malas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos. En este afán, ha buscado eliminar a los intermediarios en su distribución, con la finalidad de asegurar que los recursos lleguen a padres y madres de familia para que los apliquen en lo que ellas y ellos decidan. Este argumento se derrumba no solo frente a la evidencia que existe a nivel nacional e internacional, sino también frente a las auditorías sobre el uso de recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ejemplo, recientemente entregó el informe sobre el uso de los recursos del PETC para el año 2020, en el que encontró observaciones solo para el 0.7% del total del monto auditado. En general, contrario al discurso que busca justificar decisiones que carecen de sustento técnico, la evidencia indica que el ejercicio de recursos del PETC se apegó a la normatividad vigente.
Por otro lado, el PETC permitía contar con escuelas que, gracias al horario extendido, creaban oportunidades educativas adecuadas para poblaciones vulnerables. En consecuencia, la eliminación de este programa puede reproducir y perpetuar injusticias, como dificultar la participación de las mujeres en el mercado laboral.
Es importante que todas y todos insistamos ante las autoridades federales sobre la importancia que tiene asignar nuevamente recursos públicos al PETC. Es claro que los gobiernos tienen la facultad de crear y modificar programas, pero no se debe destruir lo que sí funciona, mucho menos cuando son programas que han apoyado a la población con menos recursos.
Si tienes alguna idea, opinión o experiencia relacionada con el PETC, te invito a que la sigamos conversando a través de mi correo electrónico “[email protected]”, o bien, en redes sociales: Maestro Perezchica, en Facebook e Instagram, y @RaulPerezchica, en Twitter, ¡nos leeremos la próxima semana!
