Iniciando la tercera semana de marzo, hay evidencia contundente que el presidente ha perdido la iniciativa para garantizar el control de la agenda pública del país, esto viene desde el 27 de enero, cuando vio la luz el asunto de José Ramón López Beltrán, por el uso de la ‘casa gris’, una lujosa mansión ubicada en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Houston, fifí pues, propiedad de un contratista de Pemex, la cuestionada empresa Baker Hughes. La caída es pronunciada ya que ha perdido entre 8 y 12 puntos porcentuales de aceptación en un periodo menor a 60 días, y no sólo eso, su credibilidad repta lastimosamente, incluso entre sus “fans”, señala Alejo Sánchez, de El Financiero.
Y sigue. Ni la aguerrida defensa en las mañaneras sobre la inocencia de su muchachito, ni el furioso ataque a periodistas, entre ellos Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, incluyendo hasta la ahora defenestrada Carmen Aristegui; y mucho menos las cortinas de humo que tan buen resultado le dieron en el pasado, han logrado evitar el desplome del presidente en las encuestas. Y en estos poco más de tres años hemos constatado lo grave que es para el ánimo presidencial la pérdida de cada punto porcentual en su estadística personal, lo irrita y, prácticamente, lo saca de sus casillas.
Este lunes 21, el presidente echará mano de la inauguración de su aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”, aunque ello signifique confrontar, otra vez, al INE y al TEPJF, ya que tendrá que romper, otra vez, la veda electoral establecida en función del artículo 33 párrafo quinto de la Ley Federal de Revocación de Mandato aprobada y publicada el 14 de septiembre de 2021, sí por la dócil y sumisa mayoría legislativa cuatrotera, y que a la letra señala: “Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria (4 de febrero de 2022) y hasta la conclusión de la jornada de votación (10 de abril de 2022), deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.” El presidente, ignorará por supuesto la prohibición bajo el argumento de “su derecho” a la libertad de expresión (já), con todo y las maromas que sus diputados y senadores morenistas intentaron hacer con la “reforma” a su ley, y ponerla a modo de su patrón, para redefinir el término de propaganda gubernamental, aunque, otra vez, presumieron su ignorancia en materia constitucional. Además, la convocatoria para asistir a las mesas de votación para su “ratificación” marcha desangelada, la ciudadanía no considera la “democracia participativa” como su prioridad, está más preocupada por conservar su empleo, por estirar el salario para salir del paso, por atender y mantener su salud, y nimiedades como esas.
Aunado a estos infructuosos esfuerzos presidenciales por retomar su rumbo e iniciativa de la agenda nacional, su descontrol del gobierno del país lo tiene contra las cuerdas. Recién el Parlamento Europeo lo tundió por sus ataques a los medios de comunicación y a los periodistas, él, sabio como es, les reviró contundente con un “borregos”. Sin embargo, ya llegamos a los 8 periodistas asesinados, básicamente en aquellos estados gobernados por el partido del presidente. Grave.
Apenas parecería ser que la pandemia va cediendo en el país, y la guerra allá por Ucrania empieza a generar sus efectos en la economía mundial, el costo del petróleo hoy ronda los 105 USD, podría ser un gran mensaje para los ingresos fiscales de México a través de PEMEX, sin embargo, su efecto en los costos de las gasolinas, las cuales importamos en su mayoría, amenazan con desestabilizar la economía de los mexicanos, lo cual obligó al gobierno a autorizar un subsidio del 100% del IEPS de las gasolinas, luego, las arcas del país dejarán de recibir miles de millones de pesos por ese concepto. ¿Y luego?
Al mismo tiempo, otro de los efectos económicos agregados de la guerra y nuestros propios problemas internos, es el nivel que alcanzó la inflación en febrero de este año, y que fue del 7.28%, y con la pena, no vemos una estrategia clara del gobierno de la 4t para contrarrestar los efectos en los bolsillos de las familias mexicanas, es más, hay un silencio preocupante de las autoridades económicas del país (SHCP, Economía, Agricultura, entre otras).
La inseguridad sigue rampante en el territorio nacional, aunque las autoridades responsables del gabinete de seguridad insistan en difundir cifra que “demuestran el éxito de la estrategia gubernamental en la lucha contra este flagelo”, las altas cifras de delitos dolosos no ceden, a enero del 2022 más de 105 mil asesinatos y feminicidios. La 4t no encuentra el camino.
Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, las luchas intestinas de la clase política de los “que no son iguales”, del “cambio verdadero”, de los que “juntos hacen historia”, está a todo lo que da. Los diputados veracruzanos, adictos al gobernador Cuitláhuac García, el “Mini me” de AMLO, aferrados en promover la expulsión del senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas. Las impugnaciones de Maki Ortíz contra el presunto candidato de Morena Américo Villarreal en Tamaulipas y, de paso, contra los procesos de designación impulsados por el presidente de SU partido, Mario Delgado. Las fracturas en Quintana Roo.
Y como la cereza del pastel, en un escrito de Julio Scherer (el hermano de AMLO) a Proceso, señala: detrás de “las acusaciones falsas” en su contra están los intereses de Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Gertz Manero, “cómplices en el afán por manchar” su nombre. Acusa una confabulación entre la exsecretaria de Gobernación y el fiscal general de la República para perseguirlo mediante un modus operandi “extorsivo” que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga. Y remata: “La fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. No voy a cesar en la denuncia de sus atropellos”.
Esta suma de circunstancias indica un inminente naufragio de la 4t. Al tiempo.
