- Diariamente Julia sufre de violencia transfóbica por parte de sus superiores y el INE no ha hecho nada para solucionar este problema
- “A partir de la denuncia, he sufrido una violencia institucionalizada, han obstaculizado mi trabajo y me han invisibilizado”
En Aguascalientes, Julia Alessandra Díaz Flores, es la primera mujer trans en ser supervisora electoral en la Junta Distrital 03 desde el proceso pasado y ha sido víctima de violencia política en razón de género; el acoso y el hostigamiento por parte de sus superiores y compañeros ha sido su día a día. Desde el año pasado inició un proceso para hacer valer sus derechos, sin embargo, solo ha sido revictimizada, forzada a convivir con sus agresores y continúa sin tener acceso a la justicia.
El 10 de marzo presentó un procedimiento especial sancionador ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), toda vez que los procesos que inició a lo interno no tuvieron un mayor alcance e incluso provocaron que la revictimizaran, incluso ahora tiene que convivir diariamente con su agresor.
En el documento, Julia detalla que desde que la entrevistaron habló abiertamente sobre su identidad como mujer trans, sin embargo, desde su capacitación se refirieron a ella con pronombres masculinos y, aunque veía esto como una oportunidad para sensibilizar a las personas, al poco tiempo fue utilizado con saña.
Señaló que desde su ingreso, ninguna de las autoridades del INE se encargó de darle una capacitación adecuada para que pudieran ella y sus colaboradores desempeñar el cargo, al contrario, se le hostigaba y se le ponían metas difíciles de cumplir: “No recibí la capacitación pertinente para el tema de entrega en gabinete y llenado de la documentación oficial, talones de visita, notificaciones y hojas de capacitación”.
Al poco tiempo, su violentadora, que tiene un cargo como técnico, la hostigó para que revelara su nombre primigenio. “Yo le respondía que ese nombre ya no existía y no era necesario mencionarlo, pero siguió presionándome tanto que se lo dije”, comentó. A partir de ese momento, relata, comenzaron a referirse a ella con pronombres masculinos.
“¿Qué te pasa Julia, o haces más caso por tu nombre masculino, amigo?”, rezaba uno de los mensajes de su autoridad inmediata cuando la regañaba por no cumplir adecuadamente con una tarea que no le correspondía y en un sistema con el que no estaba familiarizada. “Pues ahora tú, muchachito, a ver cómo le haces, mejor vete preparando porque en este momento te voy a dar de baja”.
La entrevistada dijo no comprender la razón de las agresiones sufridas y en varias ocasiones le pedía a su superior que no le faltara el respeto. Este ambiente derivó en crisis de ansiedad constantes, por lo que ha tenido que buscar ayuda profesional. Recuerda que comentarios imprudentes, con fondos transfóbicos y de discriminación ocurrían a diario, incluso sus agresores llegaron a evidenciar su identidad con otros trabajadores quienes, lejos de tener una relación profesional, buscaban degradarla.
“Hasta más bonita y delgada que las mujeres”; “ni las Mujeres nos esmeramos tanto”; “bien dicen que ustedes (personas de la diversidad) son hasta más femeninas que nosotras”; “¿es hombre, o es niño, niña?”. La transfobia la padecía diariamente en el INE y se hizo poco para frenar esa violencia.
En el documento relata que, en la segunda etapa del proceso electoral, cuando los militares del Ejército comenzaron a resguardar la junta, recibió un mensaje de un hombre que decía que la había visto entrar al edificio y consiguió su número de teléfono, un empleado del INE fue quien le entregó su número de teléfono.
“Yo le comenté del incidente a mi superior jerárquica –quien es la principal acusada de agresión–, sin embargo, me dijo que no le diera importancia, que además yo me podría defender, que al fin también era hombre, después se reía y me decía que era broma”, comentó.
Después fueron sus mismas autoridades superiores quienes atentaron contra su integridad moral y privacidad difundiendo información privada.
Julia Díaz ha intentado ponerle fin a esta situación por varias vías, primero acudió con la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, quien le prometió tomar cartas en asunto, pero sólo quedó en eso: en promesas.
Al momento de ser recontratada para el presente proceso electoral se le asignó como técnico al agresor que difundió su número de teléfono entre los militares. Ella trató de evitar contacto con su agresor, a pesar de ser su jefe, y esto provocó que recibiera regaños y le exigieran establecer contacto constante con él.
Trató de poner nuevamente una queja con la vocal de Capacitación, sin embargo, su agresora le dijo que en lugar de eso se enfocara en trabajar y que si no podía, mejor renunciara. “En cada una de las veces que fui a hablar con la licenciada –encargada de esta área–, mi agresor siempre quedó como mi superior jerárquico, responsable de mi trabajo”, comentó.
Ambos agresores buscaban cualquier oportunidad para presionarla a firmar su renuncia. Estas personas incluso han obstaculizado el trabajo de Julia, quien incluso tiene que estar buscando a sus jefes para rendirles cuentas.
Después de estos hechos presentó una queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, quien se declaró incompetente para actuar y aseguraron que no se trataba de violencia política en razón de género, sino de acoso y hostigamiento sexual, argumento que al parecer resulta erróneo pues la violencia a la que fue víctima siempre tuvo un enfoque en su identidad de género.
Ante la poca voluntad de la UTCE, la imputada presentó ahora un procedimiento especial sancionador ante la Sala Superior del TEPJF, pues se trata de la denuncia más efectiva y rápida para proteger los derechos políticos y electorales de una persona. En ninguno de los dos procesos Julia ha tenido acceso a medidas de protección, por lo que teme represalias en su contra.
Desde que inició estos procesos, el hostigamiento hacia Julia ha aumentado considerablemente, sus agresores han utilizado infraestructura del INE para atentar contra su privacidad. También ha recibido violencia, no solamente de sus superiores jerárquicos, sino también de sus compañeros supervisores.
“A partir de la denuncia, he sufrido una violencia institucionalizada, han obstaculizado mi trabajo y me han invisibilizado. Basta de que se normalice, que se pretenda decir que exageramos, que no pasa nada, sigo siendo víctima de violencia”, enfatizó.
Como ya hemos documentado con anterioridad, el acceso a la justicia para las personas trans es más difícil, frecuentemente tienen que enfrentarse en barreras dentro de un sistema que no les reconoce su identidad de género, de constantes revictimizaciones que generan un desgaste emocional. Resulta necesario que tengamos empatía y sensibilidad hacia un sector que pide ser escuchada.
