El presidente López Obrador ha debido cerrar una semana más de pesadilla para alcanzar su propósito (queremos pensar que bien intencionado) de “dejar sentadas las bases de la cuarta transformación de México, para erradicar la corrupción y la impunidad”. Sin embargo, algo no marcha bien en su noble tarea. Desde hace un mes, la opinión pública no quita el dedo del renglón respecto al tema de la famosa Casa Gris o del Bienestar, protagonizado por su hijo mayor, José Ramón López. Ante los medios de comunicación han desfilado el director general de PEMEX, el representante de la petrolera texana Baker Hughes, el empresario Daniel Chávez, director del Grupo Vidanta y empleador del primogénito presidencial como “asesor legal” en Houston, Carolyn Adams, “la señora que al parecer tiene dinero”, y podemos seguir un buen rato citando nombres de los que no son iguales, pero andan en lo mismo.
En su estrategia de comunicación de las mañaneras, el presidente López decidió primero atacar a un periodista, Carlos Loret de Mola, exhibiendo sus supuestos ingresos y contrastándolos con los suyos en calidad de primer mandatario de la nación, con el argumento que un “ciudadano” le había compartido las cifras. Já y otra vez já. Esa acción se le revirtió y las “benditas redes sociales” le reviraron una respuesta que lo sacó de balance y cabales. Pero, una vez repuesto del imponderable, arremetió con más fuerza, ahora involucró a otros periodistas, López Dóriga, Gómez Leyva, y Carmen Aristegui, aunque puso especial atención en ésta última, acusándola de poco profesional y enemiga de la 4t. La respuesta de los comunicadores no se hizo esperar, y llegaron hasta un “no se confunda presidente”.
Pero, ya conociendo las formas lopezobradoristas, insistió en su perorata y continuó atacando a los que responsabilizaba del ataque a su familia, a su proyecto, ¡a él mismo!, a todos los críticos los tachó de plano de traidores a la patria. A esta acusación se sumaron sus incondicionales, con poder claro: los gobernadores y los senadores morenistas. Pero una declaración del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, del martes 22 de febrero caló hondo en el ánimo de AMLO. El funcionario de la administración de Joe Biden pidió, a través de su cuenta de Twitter, una mayor protección para los reporteros mexicanos y rendición de cuentas en los casos de periodistas asesinados, y precisó: “…el alto número de periodistas asesinados en México este año (6 a la fecha) y las continuas amenazas (ouch) que enfrentan son preocupantes”. Estas declaraciones se suman a una larga cadena de comentarios de políticos y funcionarios norteamericanos sobre el grave problema de la inseguridad en el país de su socio y vecino del sur.
El presidente López, ofendido por el tuit de Blinken, se quiso defender acusando a uno de los hombres con mayores recursos de inteligencia del mundo de que “estaba mal informado” sobre los motivos que habían derivado en los asesinatos de los periodistas. “Si el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos interviene pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado y es muy lamentable que los periodistas pierdan la vida por distintos casos y que además estamos atendiendo”, señaló el mandatario federal en su mañanera desde Palacio Nacional. Además, lo acusó de injerencista, y para variar, se montó en el tema para desviar la atención y acusar a EU de financiar a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y a otros grupos “conservadores” y “neoliberales” que atacan su proyecto de transformación. Sí, otra vez, a patear el bote.
Sumado a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entregó a la Cámara de Diputados el Informe Final de Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2020, con un total de 1,616 auditorías practicadas y detectando un total de 5,393 acciones y observaciones. La ASF observó irregularidades por más de 21,190 millones de pesos. Y sí, la ASF pega a los proyectos insignia del presidente López. En este tenor, se les detectaron recursos destinados a la SEDENA para la construcción del AIFA que provienen de diversas fuentes de financiamiento, sin embargo, falta el reporte de 20 mil 243 millones de pesos de egresos del fideicomiso con el que se paga las obras, además de que hay 19,204.6 mdp de exceso en ingresos en la Cuenta Pública. Respecto al Banco del Bienestar, se emitieron observaciones por 118.3 mdp, debido a que estos procesos (construcción y adquisición de mobiliario y equipo) no contaron con los estudios para la elaboración del proyecto ejecutivo; asimismo, de las 49 sucursales revisadas, se detectaron trabajos fuera de catálogo y modificaciones que incrementaron el costo de cada sucursal hasta en 2 millones de pesos, además, no se acreditó la documentación comprobatoria de la realización de los trabajos consistentes en estimaciones y números generadores que soporten la erogación de los gastos efectuados, y no se proporcionaron los comprobantes de pago de las adquisiciones de mobiliario y equipo por 117.2 mdp.
En Dos Bocas, se determinaron observaciones equivalentes a 59.2 mdp, por volúmenes de obra mal calculados, pagos en exceso, mala adjudicación de contratos, etcétera. Respecto al Tren Maya, por ejemplo, de los 9,733.9 mdp que FONATUR erogó, 382.3 de ellos no se reportaron en la Cuenta Pública; se detectó un pago por 650.1 mdp derivado de un convenio de colaboración firmado para que Fonatur dotara de recursos a FONATUR Tren Maya para el cumplimiento de determinadas obligaciones, pero no se cumplió con la normativa presupuestal; con relación al pago de indemnizaciones a los propietarios de 28 ejidos que se liberaron para los derechos de vía, no se justificaron pagos por 11.8 mdp. En fin, nada bien los resultados de las auditorías para los que “no son iguales”, para los transformadores de México.
Ya hacia el cierre de la semana, en un recorrido que ofreció el presidente a los medios de comunicación por Palacio Nacional, se sinceró ante los presentes y señaló: ya no puedo más.
